Financiadores Internacionales «deben reconocer el contexto de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua», dice Raza e Igualdad

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) emitió un informe amplio y detallado que expone la continua implicación de Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos documentadas desde la crisis sociopolítica de 2018.

El informe, publicado este miércoles, tres de julio, destaca que las organizaciones bancarias no han reforzado suficientemente la debida diligencia en derechos humanos para evitar que sus fondos contribuyan a financiar la represión.

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Raza e Igualdad considera que los organismos financieros deben «orientar sus decisiones y actividades imparcialmente por aspectos económicos, sin dejarse influenciar por asuntos políticos o intervenir en los asuntos internos de sus miembros. Sin embargo, el respeto a la democracia y a los derechos humanos son económicamente relevantes y deben ser considerados por las IFIs al momento de sus decisiones y actividades en Nicaragua».

En febrero de 2024, las principales IFIs, incluyendo el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), respaldaban 97 proyectos de desarrollo en Nicaragua, con una aprobación total de 5,082.43 millones de dólares. De estos, 57 proyectos fueron aprobados después del inicio de la crisis, sumando 2,784.43 millones de dólares más.

Aunque las IFIs deben evitar actividades políticas según sus convenios constitutivos, el reporte señala que el respeto a la democracia y los derechos humanos es crucial para la estabilidad económica. «Es esencial que estas instituciones implementen políticas de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir y remediar los impactos negativos asociados con sus actividades en Nicaragua», señala el informe.

De igual manera, la organización recomendó fortalecer el acceso público a la información sobre proyectos de desarrollo, mejorar las políticas de debida diligencia en derechos humanos y cooperar para poner fin a la crisis democrática y de derechos humanos en el país.

«El apoyo a un proyecto en que haya violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos puede violar derechos humanos civiles y políticos; así como el apoyo a un proyecto con impacto al territorio ancestral de una comunidad indígena sin su consulta libre previa e informada, con lo cual se pueden violar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales», advierte el informe.

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El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos instó a las IFIs a adoptar medidas concretas para garantizar que su apoyo financiero contribuya realmente al desarrollo sostenible y la reducción de desigualdades en Nicaragua, sin perpetuar la violencia y la represión.

El reporte detalla que «las instituciones financieras y sus clientes deben compartir tareas de monitoreo regular de actividades con respeto a los derechos humanos durante todo el proyecto y mantener una base de datos pública y accesible sobre los proyectos apoyados con informaciones específicas sobre riesgos sociales y ambientales, además de un regular contacto con grupos de interés en terreno, de acuerdo con sus peculiaridades».

Desde 2018, el espacio cívico en Nicaragua ha estado completamente cerrado bajo el gobierno de Ortega y Murillo, con violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos. Esto incluye 355 ejecuciones extrajudiciales, más de 2000 detenciones arbitrarias durante las protestas de abril de 2018, y más de 317 casos de desnacionalización arbitraria. Además, 141 personas permanecen como presos políticos en condiciones que implican tratos crueles e inhumanos.