El presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de las Naciones Unidas, Jan-Michael Simon, recomienda que, tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), deben supeditar el acceso del régimen de Nicaragua al mercado financiero, al respeto de los derechos humanos y al tema de gobernanza (estado de derechos).
En una entrevista concedida al diario El País, de España, Simon aborda el tema de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Nicaragua, la supresión del estado de derecho, la represión mediante la aplicación de la apatridia y confiscaciones y enfatizó sobre el tema de las sanciones y el acceso del régimen de Nicaragua a financiamientos avalados por la calificación crediticia otorgada por el FMI.
A criterio del presidente del GHREN, las sanciones individuales impuestas por la Unión Europea (UE) y EE.UU. contra funcionarios de la dictadura Ortega-Murillo, hasta ahora solo han tenido efecto simbólico, en tanto los sancionados no tengan bienes fuera del país o no viajen.
No obstante, el funcionario de la ONU sostiene que ese efecto simbólico «es importante en el sentido de que cuando rige la total impunidad, una sanción demuestra públicamente que la comunidad internacional amonesta el comportamiento de los gobernantes».
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Simon destacó que «lo que sí puede ser más efectivo, y lo hemos abordado en nuestro informe, en las recomendaciones, es particularmente ver el comportamiento de instituciones financieras internacionales en cuanto a sus relaciones con el Gobierno de Nicaragua. Me refiero muy en concreto aquí al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y al Fondo Monetario Internacional».
También recordó que, el FMI lleva a cabo «consultas periódicas anuales» previstas en el Artículo IV de su Convenio Constitutivo, donde se incluye a Nicaragua. Dicha evaluación toma en cuenta el desempeño y riesgos macroeconómicos de un país, que se manejan bajo el concepto de «criticalidad macro».
«El incentivo de someterse a esta evaluación y de hacer público su resultado va más allá de la solicitud de la utilización de recursos del FMI, ya que también tiene un efecto de indicación general para el mercado financiero internacional con respecto a la calificación crediticia de un país», explicó el integrante del GHREN.
Agregó que el análisis del FMI abarca aspectos como la manera en que se gobierna un país, en particular, el respeto al Estado de derecho, y «más en particular, la garantía del debido proceso legal, especialmente, relacionado con el derecho a la propiedad».
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En ese sentido, criticó que, pese a las masivas confiscaciones arbitrarias que se han dado en Nicaragua, en perjuicio de la gente despojada de su nacionalidad o de facto y de sociedades y organizaciones canceladas, el FMI «no tomó debidamente en cuenta este hecho al analizar y evaluar en su informe final la situación de Nicaragua en 2023».
Señaló que esa evaluación podría surtir un efecto muy importante «si se toma en cuenta la situación de derechos humanos en Nicaragua». Sin embargo, lo que resultó fue una evaluación positiva en cuanto a los factores de macro criticalidad.
«Normalmente, las evaluaciones del FMI son una certificación para los demás actores del mercado financiero internacional y sus políticas de financiamiento y de crédito a Nicaragua» señaló Simon.
Es por eso que el funcionario insiste que el FMI debe tomar en cuenta el tema de los derechos humanos y el estado de derecho a la hora de evaluar la situación económica de un país y de esa manera no estaría dando un aval crediticio a la dictadura de Managua.
