Siete funcionarios orteguistas sancionados integrarán el Consejo Presidencial contra el «crimen organizado»

La Asamblea Nacional, controlada en su totalidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, presentó una iniciativa de ley para la creación del «Consejo Presidencial de Coordinación, Cooperación e Intercambio de Información», una organización para combatir el crimen organizado, que estará conformada por siete instituciones sancionadas por diversas entidades y gobiernos.

Según la iniciativa de ley, los sancionados titulares de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), el Banco Central de Nicaragua (BCN) y el Ministerio del Interior son algunos de los encargados de la «identificación y evaluación periódica de riesgos relacionados con delitos graves».

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Estos directores han recibido restricciones económicas y migratorias. También han sido acusados de «corruptos, violadores de derechos humanos y cómplices de los crímenes de lesa humanidad» perpetrados por la dictadura orteguista.

Denis Membreño Rivas, presidente de la UAF, fue incluido en la Lista Engel por cometer «corrupción relacionada con contratos gubernamentales, soborno y extorsión, la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero». 

El banquero también apoyó el despojo de la nacionalidad y prestó sus servicios para facilitar el congelamiento de cuentas bancarias, la incautación de activos a las personas afectadas y facilitar información financiera de los ciudadanos afectados.

La directora de la PGR, Wendy Carolina Morales Urbina, presidenta de la Procuraduría General de la República (PGR), es una de las artífices de la confiscación de los bienes de los opositores nicaragüenses. La funcionaria orteguista ha firmado la toma de posesión de las propiedades de organizaciones y recintos universitarios privados.

Morales Urbina ocupa el cargo desde el 10 de mayo de 2019. El Departamento del Tesoro la acusa de permitir que el régimen Ortega-Murillo se «apropiara de bienes inmuebles que anteriormente pertenecían a medios de comunicación independientes, sedes diplomáticas y presos políticos».

La entidad gubernamental estadounidense posiciona a la procuradora como una funcionaria «leal al régimen Ortega-Murillo» y que tiene el poder para determinar a quién le entrega las propiedades confiscadas. Morales Urbina fue una persona clave al momento de formular la estrategia para «designar a los miembros de la oposición nicaragüense como terroristas y bloquear sus recursos financieros utilizando una ley antiterrorista existente», argumenta la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del BCN, fue sancionado por Canadá y acusado por la OFAC de ejecutar la Ley de Protección a Consumidores y Usuarios, «que podría obligar a las instituciones financieras nicaragüenses a hacer negocios con personas designadas en Nicaragua a riesgo de facilitar transacciones sancionables».  

Estados Unidos también señala al banquero de «socavar la democracia, abusar de los derechos humanos de los civiles, promulgar leyes represivas con graves consecuencias económicas y tratar de silenciar a los medios de comunicación independientes».

Aunque el Banco Central de Nicaragua (BCN) establece que el cargo de presidente es por un período de cinco años, Ovidio Reyes ha ocupado el puesto desde 2014, según el acuerdo presidencial No. 07-2014, publicado en La Gaceta. A pesar de estar sancionado por Estados Unidos, Reyes sigue ejerciendo el cargo.

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La titular del Ministerio Público (MP), Ana Julia Guido Ochoa, es una de las ejecutoras principales de los numerosos juicios que se realizaron a los críticos del sandinismo. En 2021, Francia la acusó de «crear una unidad especializada que fabrica acusaciones contra personas manifestantes y que realiza procedimientos jurídicos contra ellas».

Guido llegó al organismo gubernamental en 2007 como fiscal adjunta y ascendió a fiscal general en 2014. El 11 de agosto de 2023, fue reelecta nuevamente como fiscal general a propuesta de Ortega, quien ha elogiado su desempeño durante los últimos 16 años en la institución. Esta decisión contó con el respaldo mayoritario de la aplanadora sandinista.

Desde 2018, bajo la dirección de Guido Ochoa, la Fiscalía ha sido criticada por su papel en la represión de opositores políticos. La institución ha sido acusada de inventar causas judiciales contra disidentes, lo que ha resultado en severas condenas, como la de 200 años impuesta al líder campesino Medardo Mairena en uno de los juicios políticos más destacados del régimen​.

La ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, ha sido la encargada de aprobar la cancelación de las personerías jurídicas de unas 3,300 Organizaciones no Gubernamentales (ONG), la mayoría religiosas o defensoras de los derechos humanos de mujeres, niños y la población indígena y afrodescendiente.

Coronel Kinloch proviene de una familia con un historial de participación en el régimen orteguista y que demuestra la alta cantidad de nepotismo dentro del actual gobierno. Su tío, Manuel Coronel Kautz, ha ocupado varios cargos, incluyendo la presidencia de la Autoridad del Canal Interoceánico y la dirección de Petróleos de Nicaragua (Petronic). Mientras que su hermano, Rodrigo Coronel Kinloch, fungió como embajador en varios países asiáticos hasta que en mayo del año pasado fue destituido de todos esos cargos​.

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En diciembre de 2023, la Asamblea Nacional aprobó una ley que integró al Ministerio del Interior dentro de la Policía Nacional, subordinando a la ministra al director general de la Policía, Francisco Díaz Madriz. Esta medida centralizó aún más el control del régimen sobre las actividades policiales y represivas del estado​.

De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera a Díaz Madriz como el corresponsable del asesinato de más de 350 personas en las manifestaciones de 2018, así como de «hacer uso excesivo de la fuerza, realizar las detenciones y torturas contra personas opositoras».

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Díaz, consuegro de la pareja dictatorial de Nicaragua, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 5 de julio de 2018, bajo la Ley Global Magnitsky. Estas medidas incluyen el congelamiento de sus activos en EE.UU. y la prohibición a ciudadanos estadounidenses de realizar transacciones con el jefe policial.

Eddy Medrano Soto, presidente de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), recibió sanciones de los Estados Unidos debido a su participación en acciones que obstaculizaron la libertad de prensa. Fue señalado de retener materiales de impresión del diario La Prensa, lo que llevó al periódico a suspender permanentemente su circulación.

Medrano ha sido acusado de convertir la DGA en «un agujero negro» donde desaparecen mercaderías y se favorece a empresarios ligados al gobierno orteguista. El funcionario ha enfrentado múltiples quejas por ineficiencia, burocracia excesiva y prácticas arbitrarias, como la retención de bienes y la imposición discrecional de impuestos​.