El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Asamblea Nacional, presentó una iniciativa de ley para la creación del «Consejo Presidencial de Coordinación, Cooperación e Intercambio de Información», que tendrá bajo su control cualquier situación relacionada al crimen organizado.
Según el sandinismo, esta nueva entidad se enfocará en «la prevención, enfrentamiento y judicialización de delitos graves como el «narcotráfico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva».
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La propuesta legal, presentada el jueves, 23 de mayo, subraya la necesidad de «fortalecer la coordinación entre las instituciones nacionales para combatir eficazmente estos delitos». De igual manera, indica que el Consejo servirá como «un organismo interinstitucional para mejorar la detección, investigación y persecución de estos crímenes, contribuyendo así a la seguridad ciudadana y la paz en el país».
De acuerdo con el artículo 1 de la ley, la creación del Consejo Presidencial tiene como objetivo «regular las funciones y atribuciones de este organismo para enfrentar y judicializar delitos graves». La dictadura nicaragüense afirma que la ley «será aplicable a las autoridades que conformen el Consejo, garantizando su operación bajo los términos establecidos».
El Consejo estará compuesto por los titulares de diversas instituciones gubernamentales, entre ellos la Unidad de Análisis Financiero, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), el Banco Central de Nicaragua (BCN) y el Ministerio del Interior. Este grupo se reunirá de forma ordinaria dos veces al año y extraordinariamente «cuando sea necesario».
Este grupo de funcionarios orteguistas será el encargado de la «identificación y evaluación periódica de riesgos relacionados con delitos de crimen organizado», «coordinación y cooperación con autoridades nacionales e internacionales y «la elaboración de propuestas de políticas públicas y estrategias nacionales».
Sin embargo, el régimen orteguista es conocido por imputar a los opositores nicaragüenses delitos políticos como «traición a la patria», «menoscabo a la integridad nacional», «terrorismo» y «crimen organizado», como fue el caso de la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti, sin ningún tipo de evidencias creíbles.
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La iniciativa también establece «procedimientos para la adhesión a organismos internacionales especializados » y la «conformación de comités técnicos y comisiones de trabajo para alcanzar los objetivos de la ley».
La propuesta legal se presentó ante el plenario del Legislativo y, tras realizar el respectivo proceso, fue enviada a «consulta» en la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos. El documento fue firmado por la diputada Loria Raquel Dixon Brautigam y remitido por el presidente de la aplanadora sandinista, Gustavo Porras.