Dictadura monta el «Instituto Nacional de Preparación ante Emergencias», en edificio robado al COSEP

En la entrada principal de las instalaciones del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), ubicado en Las Colinas, en Managua, fue colocado un rótulo, con el nombre: «Instituto Nacional de Preparación ante Emergencias (INPAE)», instancia del Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres (SINAPRED).

De esta manera el régimen de Ortega estaría consumando la expropiación del edificio de la patronal, a quien aniquiló, junto a sus Cámaras, el seis de marzo de este año.

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Artículo 66 intentó conocer la opinión del empresario Cesar Zamora, presidente del extinto Cosep, sin embargo afirmó que desconocía del rótulo y de la instalación del instituto gubernamental.

A través de los acuerdos ministeriales 26-2023-OSFL y 27-2023-OSFL del Ministerio de Gobernación (Migob), publicados en La Gaceta No. 41, la dictadura argumentó que la ilegalización del Cosep y de sus Cámaras fue porque supuestamente «no completaron el proceso de convalidación de registro; presentando inconsistencias en la información».

Asimismo afirmó que la patronal presentó variaciones en cuentas sin justificar, diferencias de saldos sin soportes en cuentas, no reportan detalle de ingresos y gastos; señalando, demás que «con estas acciones estos organismos no promueven políticas de transparencia en la administración y manejo de sus fondos; así mismo no han reportado estados financieros en el periodo fiscal 2022».

Además, la administración orteguista señaló a las entidades ligadas al gremio empresarial privado de Nicaragua de «no promover políticas de transparencia en la administración de los fondos». Sin embargo, antes de abril de 2018 el régimen defendió la alianza que sostuvo con la empresa privada.

La caída en desgracia del Cosep

La revuelta social de abril de 2018 fue el punto de inflexión que llevó a la ruptura entre la empresa privada nicaragüense y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.  

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el régimen acordaron aplicar en el país un modelo corporativista que les funcionó a su favor durante 11 años. Ese «acuerdo» con el régimen les permitía nominar a empresarios a cargos públicos, la creación de leyes a su favor, la exoneración y exención de impuestos, entre otros muchos beneficios que aprovecharon por más de una década.

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Este modelo que bautizaron de «diálogo y consenso» acabó tras el inicio de las protestas. El Cosep decidió romper su «alianza» con la dictadura y adoptar una posición acorde a la nueva realidad que vivía el país.

Las consecuencias contra el sector empresarial han sido nefastas, Ortega encarceló por más de 15 meses a los principales dirigentes gremiales: José Adán Aguerri, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas; expresidente, presidente y vicepresidente de la organización respectivamente, a quienes desterró el nueve de febrero a Estados Unidos, y horas más tarde les despojó de su nacionalidad, mediante una resolución judicial.