Este lunes, seis de marzo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojó de su personalidad jurídica al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), a la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur), a la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apen) y 16 Organizaciones No Gubernamentales más asociadas al gremio empresarial del país.
Los acuerdos ministeriales 26-2023-OSFL y 27-2023-OSFL del Ministerio de Gobernación (Migob), publicados en La Gaceta No. 41, argumentan que las ONG «no completaron el proceso de convalidación de registro; presentando inconsistencias en la información: 1. Variaciones en cuentas sin justificar, 2. Diferencias de saldos sin soportes en cuentas, 3. No reportan detalle de ingresos y gastos, con estas acciones estos organismos no promueven políticas de transparencia en la administración y manejo de sus fondos; así mismo no han reportado estados financieros periodo fiscal 2022».
La resolución también indica que para «lo referido a la liquidación de los bienes y activos» de los organismos eliminados «se aplicará lo establecido en la Ley 1115 y su reforma».
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Además, la administración orteguista señala a las entidades ligadas al gremio empresarial privado de Nicaragua de «no promover políticas de transparencia en la administración de los fondos». Sin embargo, antes de abril de 2018 el régimen defendió la alianza que sostuvo con la empresa privada.
Los organismos despojados de su personalidad jurídica son la Asociación de Cámara Minera de Nicaragua (Caminic), la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección (Anitec), la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur), la Cámara Nicaragüense de la Construcción, la Asociación Cámara de la Pesca de Nicaragua (Capenic), la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan), Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda), la Cámara de Microfinanzas ((Asomif), la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN) y la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apen).
Las ONG canceladas que también engrosan la lista son la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), la Asociación de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos (Anapa), la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores (Andiva), la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Andiprofa), la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), la Cámara de Productores y Procesadores de Palma Africana (Capropalma) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
La relación infructuosa de Ortega y los empresarios
La revuelta social de abril de 2018 fue el punto de inflexión que llevó a la ruptura del «maridazgo» entre la empresa privada nicaragüense y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el régimen acordaron aplicar en el país un modelo corporativista que les funcionó a su favor durante 11 años.
Ese «acuerdo» con el régimen les permitía nominar a empresarios a cargos públicos, la creación de leyes a su favor, la exoneración y exención de impuestos, entre otros muchos beneficios que aprovecharon por más de una década.
Este modelo que bautizaron de «diálogo y consenso» acabó tras el inicio de las protestas. El Cosep decidió romper su «alianza» con la dictadura y adoptar una posición acorde a la nueva realidad que vivía el país.
Las consecuencias contra el sector empresarial han sido nefastas, Ortega encarceló por más de 15 meses a los principales dirigentes gremiales: José Adán Aguerri, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas; expresidente, presidente y vicepresidente de la organización respectivamente.
A esta ola de arrestos también se sumó la captura del banquero Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del Grupo Promérica y del Banco de la Producción (Banpro). Rivas, Aguerri, Healy y Vargas fueron acusados por presuntos delitos de traición a la Patria. Al banquero también lo señalaron de portación o tenencia ilegal de arma de fuego, entre otros delitos.
Ahora que aguanten el ácido los empresarios timorato que en el 2018 no quisieron unirse plenamente al pueblo en sus demandas a la dictadura.