Calidh: «Persecución a Iglesia católica se podría configurar como un delito de lesa humanidad»

El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) rechazó la nueva arremetida del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia católica de Nicaragua, quien esta vez prohíbe las procesiones del viacrucis.

«Calidh rechaza la prohibición de procesiones en todo el país como parte del patrón de ataques contra la libertad de conciencia y expresión respecto de la Iglesia y la feligresía católica en Nicaragua», expresó el organismo a través de su comunicado número 13, publicado en cuenta de Twitter.

Noticia relacionada: Ortega encierra los viacrucis en las iglesias, ni siquiera recorrerán los alrededores del templo

Las reacciones del Centro se dan luego que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaran a las autoridades prohibir a nivel nacional la tradicional procesión del viacrucis que recrea la pasión de Cristo, la que se realiza cada viernes del tiempo de cuaresma previo a la Semana Santa.

Para Calidh esta prohibición a la Iglesia católica de Nicaragua no es aceptable en Derecho Internacional «y de forma específica en las obligaciones internacionales de derechos humanos».

«Todos los tratados de derechos humanos garantizan la libertad de conciencia y de religión como un derecho inherente al humano. El Estado tiene una obligación de garantizar y no intervenir abusivamente en el ejercicio de esta libertad. Cualquier actitud que no esté dentro de estos limites es prohibida», argumentó el Centro.

Asimismo, recordó que la Iglesia católica de Nicaragua es víctima de un patrón de persecución por parte de la dictadura de Daniel Ortega, lo que podría configurar un delito de lesa humanidad «por su carácter sistemático y por las acciones ilícitas que se dirigen en contra de la jerarquía, los sacerdotes, las órdenes y laicos eclesiales».

«Prohibición de procesiones es violación de la libertad de conciencia y religión»

El Centro insistió en que la prohibición de procesiones extiende a violación de la libertad de conciencia y religión a la feligresía católica y no se limita solo a la iglesia como institución perseguida».

Recalcó que el Estado debe recordar que tanto el menoscabo de los derechos fundamentales establecidos por el Derecho Internacional como la persecución de grupos o colectividades por motivos religiosos están contemplados como crímenes de lesa humanidad por el Derecho Penal Internacional.

Noticia relacionada: Iglesia anglicana, «consternada» por la persecución religiosa en Nicaragua

Ante la constante arremetida del gobierno de Nicaragua contra la libertad religiosa, Calidh demandó a la administración de Daniel Ortega que «se ciña al principio de laicidad constitucional que sienta las bases de la garantía del ejercicio de la libertad de conciencia y religión».

«Este principio incluye la prohibición de que las autoridades estatales expresen opiniones sobre la calidad moral o espiritual de ministros de cualquier culto o la prohibición de poder establecer una religión de Estado o disputar o pretender establecer una autoridad espiritual en miembros del gobierno, pues no es la naturaleza de la autoridad estatal que se basa en la coerción legítima y no en la espiritualización de la dirección estatal sobre la base de la persecución de un grupo religioso», subrayó.

Pese a las prohibiciones del la pareja presidencial, las parroquias han anunciado que el recorrido se realizará a lo interno de los templos, para que los feligreses puedan continuar con su fe religiosa.

La dictadura de Nicaragua se ha ensañado contra la Iglesia católica desde 2022 cerrando radios católicas, amenazando a religiosos hasta obligarlos a exiliarse, cerrando organizaciones pertenecientes a la Iglesia y prohibiendo procesiones de relevancia nacional. A los sacerdotes y obispos los ha tildado de «diabólicos» y «traidores».

Poco a poco Ortega fue engrosando la lista de sacerdotes presos incluyendo a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, a quien condenó a 26 de cárcel y lo despojó de su nacionalidad.