Régimen de Nicaragua autoriza segundo intento de crédito para carretera en León y Matagalpa

A través del Acuerdo Presidencial No. 57-2026, publicado este jueves 30 de abril, en La Gaceta, el régimen de Nicaragua autorizó una nueva gestión para suscribir un préstamo de 31 millones 500 mil dólares con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.
Esta es la segunda vez, en el transcurso del mes de abril, que la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo emite un acuerdo para formalizar este mismo endeudamiento.
Los fondos están destinados al «Proyecto de Rehabilitación de la Carretera Empalme Télica-Malpaisillo-Empalme San Isidro».
El nuevo decreto deja sin efecto legal el Acuerdo Presidencial No. 52-2026, el cual se publicó apenas el pasado 17 de abril. En esa primera instancia, el régimen había designado al viceministro de Hacienda y Crédito Público para suscribir el contrato.
Cambio de representante para la firma
En esta ocasión, la facultad para firmar el convenio fue otorgada a Sabra Amari Murillo Centeno, quien ejerce como embajadora de Nicaragua ante el Gobierno de Austria.
El documento oficial instruye que la diplomática actúe en nombre del Estado nicaragüense para formalizar los recursos ante el Fondo OPEP, cuya sede se encuentra en Viena.
«Otórguese Plenos Poderes a la Compañera Sabra Amari Murillo Centeno para que, actuando en nombre y representación del Gobierno de la República de Nicaragua, suscriba con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional el Acuerdo de Préstamo No. 16809P», señala el documento.
Detalles de la obra y el organismo ejecutor
La obra vial abarca una zona estratégica para el transporte de carga que conecta el occidente con el norte del país. El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) será la entidad responsable de ejecutar los fondos.
Hasta la fecha, el Fondo OPEP ha aprobado más de 412 millones de dólares para Nicaragua, enfocados principalmente en proyectos de transporte, energía renovable y agua.
Este crédito específico fue aprobado por el organismo financiero desde el pasado 25 de marzo, pero su formalización legal en el país ha requerido dos decretos presidenciales en menos de quince días.

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