Senador estadounidense condena asedio contra católicos en Nicaragua: «El régimen debe rendir cuentas»

El senador estadounidense Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, condenó los ataques del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica en Nicaragua, en medio de las restricciones impuestas durante la Cuaresma.
«Los cristianos deberían ser libres de observar la Cuaresma sin interrupciones. El gobierno de Nicaragua debería avergonzarse y rendir cuentas por su ataque contra personas de fe», expresó el legislador, en una declaración pública en la que cuestionó directamente la persecución religiosa en el país.
Las palabras de Risch se producen tras un nuevo recrudecimiento de la represión contra la Iglesia, denunciado por la investigadora Martha Patricia Molina, quien alertó recientemente sobre el aumento de la vigilancia policial a sacerdotes y comunidades parroquiales.
Cuaresma bajo vigilancia
Según Molina, la Policía obliga a los sacerdotes a entregar informes detallados sobre sus actividades diarias, incluyendo itinerarios y el contenido de sus homilías. Además, deben solicitar autorización incluso para actividades internas dentro de los templos, especificando número de participantes y detalles logísticos.
La investigadora denunció que las amenazas son directas y que muchos sacerdotes guardan silencio por temor a represalias contra ellos o sus familiares.
También señaló que agentes vestidos de civil vigilan constantemente parroquias y comunidades religiosas, especialmente aquellas cuyos líderes no son afines al oficialismo.
El pasado 18 de febrero, con el inicio de la Cuaresma, más de 409 procesiones del Vía Crucis fueron suspendidas en todo el país y obligadas a realizarse únicamente dentro de los templos, sin presencia en las calles.
Presión internacional
Las declaraciones del senador Risch representan una nueva señal de preocupación desde Washington por la situación de la libertad religiosa en Nicaragua.
En los últimos años, el régimen ha expulsado a más de 300 sacerdotes y religiosas, cerrado organizaciones vinculadas a la Iglesia y limitado expresiones públicas de fe, lo que constituye una violación a derechos fundamentales.

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