Iglesia en Nicaragua: así ejecuta el régimen la persecución antes de Semana Santa 2026

La abogada e investigadora Martha Patricia Molina denunció un recrudecimiento de la vigilancia y el amedrentamiento contra la Iglesia en Nicaragua de cara a la Semana Santa 2026, señalando que el control policial y parapolicial se mantiene permanente sobre sacerdotes, monjas y laicos.

Según Molina, la presión está dirigida principalmente a quienes no son afines al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. «La vigilancia por parte de la policía, paramilitares y miembros del Consejo del Poder Ciudadano es permanente y está dirigida hacia los sacerdotes, monjas y laicos que no son colaboracionistas con la dictadura sandinista», afirmó.

La investigadora aseguró que los sacerdotes son quienes reciben mayores amenazas y que, en muchos casos, los agentes llegan vestidos de civil para evitar que la feligresía perciba la presión. «Los sacerdotes son los que más amenazas reciben y muchas veces los policías llegan vestidos de civil para despistar», sostuvo.

De informes hasta amenazas de muerte

Entre las medidas denunciadas, Molina explicó que los presbíteros están obligados a entregar informes detallados a la Policía. «Están obligados a enviar al jefe de la Policía un itinerario de todas las actividades que realizan a diario y también un resumen o la homilía completa que van a decir en cada misa», señaló.

Añadió que incluso para actividades internas deben solicitar autorización y dartodos los detalles logísticos. «Para cualquier tipo de actividad tienen que solicitar permiso, aunque sea que esta se realice a lo interno de los templos. Tienen que dar detalles hasta de cuántas personas participarán en cada una de las actividades o la cantidad de docenas de cohetes que van a ocupar», denunció.

Molina aseguró que la peor parte de la represión recae actualmente sobre sacerdotes y religiosas, quienes guardan silencio por temor a represalias. «Este tipo de presión y vigilancia tienen que dejarla completamente en silencio, no tienen que denunciar porque si no les va a ir mal a ellos y al resto de sus familiares», advirtió.

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El pasado 18 de febrero de 2026, con el inicio de la Cuaresma, ya se habían girado advertencias. «Antes de esta fecha ya la Policía estaba llegando a decirle a los sacerdotes que todo iba a ser como los años pasados, eso quiere decir que no hay permiso para realizar ninguna actividad en las calles», relató.

Según sus palabras, las amenazas son directas, los amenazan que «si no hacen caso pueden amanecer muerto o encarcelado».

409 procesiones suspendidas

La abogada denunció que el primer viernes de Cuaresma ya se prohibieron más de 409 procesiones de Vía Crucis en todo el país. «No se realizaron en la calle, sino a lo interno del templo y así vamos a seguir notando y documentando los próximos viernes», afirmó, anticipando restricciones similares durante la Semana Santa y el Triduo Pascual.

El control también alcanza a los laicos. «Hay algunos curas que han sido obligados a dar los nombres, apellidos, número de cédula, direcciones y teléfonos de las personas que conforman los diferentes grupos parroquiales», señaló Molina, advirtiendo que esto vulnera la libertad religiosa.

La mayoría de los afectados no denuncia públicamente por miedo. «La persona que hable y sea descubierta, puede ser encarcelada, asesinada o enviada al destierro», expresó. No obstante, animó a documentar los abusos de forma anónima ante medios de comunicación que garanticen confidencialidad.

Molina sostuvo que el objetivo del régimen es mantener un control absoluto sobre la Iglesia Católica, luego de la expulsión de más de 309 sacerdotes y monjas en los últimos años. «La dictadura no se va a conformar con haberlos sacado del país, sino que quiere mantener un control absoluto en toda la Iglesia Católica», afirmó.

A su juicio, el temor del oficialismo radica en la influencia moral de la Iglesia en la sociedad. «Como la Iglesia no tiene los mismos objetivos de la dictadura Ortega Murillo, entonces es por esa razón que el régimen le teme y quiere desaparecer por completo a la Iglesia Católica de Nicaragua».