Embajada de Estados Unidos muestra testimonios de represión y confiscaciones en Nicaragua

La Embajada de Estados Unidos en Managua publicó este domingo, 07 de diciembre, una serie de mensajes en redes sociales que refuerzan la investigación que el Gobierno estadounidense mantiene abierta contra Nicaragua por violaciones a los derechos humanos, derechos laborales y al Estado de derecho, un proceso que ya coloca al país en riesgo de sanciones comerciales de gran escala.

En su publicación, la sede diplomática afirmó que la investigación ha revelado «patrones preocupantes que afectan a la población nicaragüense», especialmente en ámbitos vinculados a las libertades fundamentales. Además, invitó a la ciudadanía a conocer testimonios y pruebas recopiladas durante el proceso oficial que lidera la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

«Deslicen y vean los testimonios de primera mano y pruebas descubiertas durante la investigación en la categoría de derechos humanos, incluidos ejemplos de represión de las libertades religiosas y restricciones al espacio cívico, que afectan a las comunidades y a las personas que tratan de ejercer sus derechos fundamentales», expresó la embajada norteamericana en Managua a través de su publicación.

Testimonios sobre destierros y prohibición de regresar al país

Uno de los mensajes difundidos por la embajada pone el énfasis en el destierro forzado como política de Estado y en la privación arbitraria del derecho a regresar a Nicaragua, una práctica que el régimen ha aplicado contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes religiosos.

«Imaginate que un día salís de tu casa, dejás a tus hijos, a tu marido, a tu mujer, a tu madre o a tu padre y te vas de viaje por cinco días y luego no podés volver a tu casa porque así lo ha decidido el gobierno», cita textualmente uno de los artes divulgados.

Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido el destierro, la desnacionalización y el veto de ingreso al país en instrumentos de castigo político, según han documentado la ONU, la CIDH y organizaciones de derechos humanos.

Señalamientos por cierres y confiscaciones a la Iglesia

En un segundo mensaje, la embajada colocó el foco en la represión contra organizaciones religiosas y la confiscación de propiedades vinculadas a la Iglesia Católica.

«El régimen ha reprimido a las organizaciones religiosas mediante el cierre forzoso y la confiscación de instituciones y propiedades, incluida la Universidad Centroamericana UCA, dirigida por los jesuitas», publicó la sede diplomática.

La confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) en agosto de 2023 marcó un punto de quiebre en la relación entre el régimen y la Iglesia. Desde entonces, la dictadura intensificó el cierre de congregaciones, la expulsión de órdenes religiosas, la ocupación de templos y la cancelación de obras pastorales y sociales.

Denuncia por ataques a iglesias vinculadas a Estados Unidos

El tercer mensaje difundido por la embajada elevó el tono diplomático al señalar que la represión religiosa también afecta a instituciones con vínculos directos con Estados Unidos.

«Los ataques en Nicaragua contra la libertad religiosa han dado lugar al cierre y la incautación ilegales de instituciones y propiedades religiosas, incluidas iglesias estadounidenses», advirtió el comunicado oficial, en referencia a las acciones de la dictadura contra la iglesia Puerta de la Montaña, a quien confiscó y le encarceló a una decena de pastores, a quienes finalmente desterró.

Con este señalamiento, Washington dejó claro que el conflicto no solo afecta a actores nicaragüenses, sino también a instituciones protegidas por el vínculo bilateral, lo que eleva la dimensión internacional del expediente contra el régimen Ortega-Murillo.

Investigación bajo la Sección 301 y riesgo directo para el CAFTA

La publicación de la embajada ocurre en medio de la investigación que la USTR abrió bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que permite a Estados Unidos imponer represalias comerciales cuando un país incurre en prácticas que considera irrazonables y que afectan su comercio.

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En octubre, la USTR concluyó que las políticas del régimen en materia de derechos humanos, derechos laborales y Estado de derecho sí dañan los intereses comerciales de Estados Unidos, una determinación que activó formalmente la fase de evaluación de sanciones.

Entre las medidas que Washington analiza figuran la suspensión total o parcial de los beneficios del CAFTA-DR para Nicaragua y la imposición de aranceles de hasta el 100 % a las exportaciones nicaragüenses, de forma general o por sectores.

Estados Unidos constituye el principal mercado de exportación del país, en especial para los productos de zonas francas, el sector textil, los arneses automotrices, el oro, el café, el azúcar y la carne. Una sanción de esa magnitud golpearía directamente el empleo, las divisas y la estabilidad macroeconómica.

Llamado previo a empresarios y ciudadanos

En semanas anteriores, la Embajada de Estados Unidos en Managua llamó públicamente a empresarios, trabajadores, organizaciones sociales y ciudadanos a enviar testimonios a la USTR como parte del expediente que sustenta la investigación.

Ese proceso de consulta cerró en noviembre y ahora la USTR evalúa los insumos recibidos para recomendar al Gobierno estadounidense el tipo y alcance de las sanciones comerciales contra Nicaragua.