EE-UU evalúa suspender a Nicaragua del CAFTA e imponer aranceles del 100% a sus exportaciones

El Gobierno de Estados Unidos evalúa imponer sanciones comerciales severas contra Nicaragua, incluida la suspensión de los beneficios del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR y la aplicación de aranceles de hasta el 100 % a las exportaciones nicaragüenses, según un informe oficial de la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés) divulgado este 20 de octubre.

El documento, elaborado tras una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio, concluye que «los actos, políticas y prácticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en materia de derechos laborales, derechos humanos y Estado de derecho son irrazonables y restringen el comercio de Estados Unidos». La investigación sostiene que el Gobierno nicaragüense «ha explotado a sus propios trabajadores, confiscado bienes de instituciones religiosas nacionales y extranjeras, y creado un entorno de alto riesgo para las empresas estadounidenses que invierten o hacen negocios en el país».

Suspender a Nicaragua y aplicar 100% de impuestos a exportaciones nicas

Entre las medidas propuestas, la USTR plantea cuatro opciones de acción: «Suspender la aplicación de todos los beneficios del CAFTA-DR a Nicaragua, incluyendo concesiones arancelarias y acumulación de contenido nicaragüense para otros socios del tratado, de forma inmediata o gradual hasta en 12 meses»; «suspender solo algunos beneficios comerciales»; «aplicar aranceles de hasta el 100 % a todas las importaciones nicaragüenses»; o «imponer esos aranceles de forma selectiva a determinados sectores».

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El informe advierte que las políticas del régimen han generado un entorno económico hostil que afecta tanto a las empresas nicaragüenses como a las estadounidenses. «Estos actos, políticas y prácticas reducen el bienestar, las oportunidades y el crecimiento económicos, así como incrementan el riesgo reputacional y los costos de hacer negocios en Nicaragua», señala el texto. La USTR cita como ejemplo los retrasos y sanciones arbitrarias en aduanas y auditorías fiscales.

«A través de procedimientos aduaneros arbitrarios e injustificados, la DGA causó retrasos y aumentó los costos para exportadores estadounidenses de prácticamente todos los productos… En algunos casos, los envíos se retienen durante meses sin justificación».

Ojo sobre las confiscaciones masivas

El informe también acusa al Gobierno de Nicaragua de haber «confiscado de forma indiscriminada bienes de ONG y empresas privadas», al eliminar sus personerías jurídicas o acusarlas sin fundamento de delitos financieros. La USTR sostiene que el sistema judicial nicaragüense «no es independiente, está sujeto a corrupción y se utiliza con frecuencia por el régimen para castigar a opositores políticos».

Estados Unidos advierte además sobre el impacto directo de estas políticas en las relaciones comerciales bilaterales. «En 2024, Estados Unidos registró un déficit comercial de 1,900 millones de dólares con Nicaragua, el único país del CAFTA-DR con el que mantiene un saldo negativo», destaca el documento. Añade que el 55 % de las exportaciones nicaragüenses tienen como destino el mercado estadounidense y que las decisiones del régimen «han debilitado la economía nacional, reducido la inversión y creado un clima de incertidumbre para las empresas».

La investigación de la USTR concluye que las violaciones laborales y los abusos de derechos humanos «han suprimido los salarios y la productividad de los trabajadores nicaragüenses», lo que genera «competencia desleal y pérdida de ventas para empresas de Estados Unidos». También afirma que la confiscación de bienes y el deterioro del Estado de derecho «han provocado la pérdida de inversiones, mayores costos por multas o impuestos injustificados y obstáculos a la salida de capitales del país».

Secretaría de Comercio autorizada a actuar

Finalmente, el documento sostiene que, de confirmarse la naturaleza “irrazonable” de las políticas del régimen Ortega-Murillo, la legislación estadounidense autoriza «al Representante Comercial a adoptar toda acción apropiada y factible, sujeta a la dirección del Presidente, para obtener la eliminación de esos actos, políticas y prácticas».

De aplicarse estas medidas, Nicaragua enfrentaría la suspensión total o parcial de los beneficios del CAFTA-DR, el incremento de aranceles a sus exportaciones hacia el mercado estadounidense y una posible paralización de inversiones extranjeras en uno de sus principales socios comerciales.

Reacciones de activistas opositores nicaragüenses

El economista y exviceministro de Hacienda Juan Sebastián Chamorro, publicó el informó y calificó las medidas propuestas como «las más duras» que se plantea la administración norteamericana imponer contra el régimen de Managua.

Por su parte, la activista Haydee Castillo señaló a la dictadura de los Ortega Murillo como los responsables si esta medida se matierializa: «Los Ortega-Murillo no piensan en el pueblo», acusó Castillo.

Al mismo tiempo, la Fundación Libertad, que dirige el politólogo y exprisionero político Félix Maradiaga, calificó la eventual medida del gobierno norteamericano como «una presión legítima y necesaria contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo», al que calificó como «un régimen que durante años ha hecho todo lo posible por ganarse el aislamiento internacional mediante sus constantes violaciones a los derechos humanos, laborales y al Estado de derecho».

Aunque esta organización dijo que «lamentamos profundamente el impacto que estas medidas puedan tener sobre los trabajadores y el sector exportador, que sostienen la economía nacional con su esfuerzo diario», dijo que también «reconocemos que las sanciones son una consecuencia directa del comportamiento autoritario del régimen y una señal clara de que la comunidad internacional no permanecerá indiferente ante la represión».