Proponen a EE. UU. imponer nuevas sanciones financieras por represión religiosa en Nicaragua
La Comisión sobre la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos volvió a colocar a Nicaragua en su lista de Países de Preocupación Particular en su informe 2025 y pidió al gobierno estadounidense aumentar la presión económica contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por lo que describe como una «represión sistemática y atroz» contra comunidades de fe.
El informe anual 2025 de la comisión, publicado esta semana, advierte que en 2024 las condiciones para el ejercicio de la libertad religiosa «se mantuvieron abismales» y detalla un patrón de detenciones arbitrarias, exilios forzados, cancelación de personerías jurídicas y vigilancia de prácticas religiosas.
Según la USCIRF, estas acciones muestran que las autoridades han buscado «eliminar el obstáculo de las voces cristianas organizadas críticas con el gobierno», citando un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU.
Sanciones financieras
La comisión recomendó la aplicación de sanciones económicas más duras e instó a Washington a «imponer sanciones financieras contra los funcionarios nicaragüenses responsables de exiliar a adeptos religiosos», amparándose en la Orden Ejecutiva 13851 y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
El organismo también solicitó investigar posibles bienes o inversiones en Estados Unidos vinculados a entidades del Estado nicaragüense asociadas a violaciones de la libertad religiosa.
En una referencia explícita, el informe menciona la necesidad de revisar cualquier relación de estas entidades con el Instituto de Previsión Social Militar.
«Investigar si alguna entidad del gobierno nicaragüense asociada con violaciones de la libertad religiosa mantiene propiedades en los Estados Unidos, incluso en asociación con el Instituto de Previsión Social Militar».
Además de las sanciones financieras, la USCIRF pidió al Congreso estadounidense realizar audiencias específicas sobre los abusos contra comunidades religiosas, reintroducir legislación para ampliar las sanciones y solicitar investigaciones sobre si alguna entidad del gobierno nicaragüense asociada con violaciones de la libertad religiosa mantiene propiedades en EE. UU.
El organismo también solicitó que el gobierno estadounidense trabaje con la Organización de Estados Americanos (OEA) para ofrecer protección a víctimas exiliadas o desnacionalizadas. La Comisión recuerda que muchos religiosos han quedado apátridas, sin documentos esenciales y con sus expedientes civiles eliminados del registro oficial.
Un año marcado por detenciones y exilios
Durante 2024, el régimen continuó utilizando detenciones masivas y expulsiones para silenciar a líderes religiosos.
«En marzo, las autoridades condenaron arbitrariamente a 11 pastores afiliados al ministerio Mountain Gateway a 12 a 15 años de prisión y multaron a cada uno de ellos con alrededor de tres mil millones de córdobas (80 millones de dólares) por cargos falsos de lavado de dinero», detalla el documento como uno de los ejemplos de la represión religiosa en Nicaragua.
Los religiosos fueron posteriormente deportados a Guatemala junto a otros presos por motivos de libertad religiosa, entre ellos estudiantes universitarias y periodistas.
El informe señala que además de los encarcelamientos, el gobierno siguió cancelando personería jurídica a organizaciones católicas y evangélicas. Desterró y desnacionalizó a religiosos, cerró estaciones de radio cirstianas y confiscó bienes de obras caritativas como Cáritas de Matagalpa.
«Las autoridades desplegaron tácticas de intimidación para impedir prácticas religiosas pacíficas», como la prohibición de procesiones de Semana Santa en medio de un operativo policial de alrededor de 4.000 agentes.
Comentarios