Manuel Orozco advierte que los Ortega Murillo se encaminan a hundir la economía de Nicaragua

El economista y analista político nicaragüense Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano en Washington, advirtió que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se encamina deliberadamente hacia el colapso económico, ante la posibilidad de que Estados Unidos imponga sanciones comerciales más severas por violaciones a los derechos laborales y confiscaciones arbitrarias.
En su artículo de opinión titulado «El menú de sanciones comerciales de EE. UU.: los factores de riesgo sobre Nicaragua», publicado en el medio digital Confidencial, Orozco sostiene que la dictadura sandinista se niega a cualquier salida democrática pese a los riesgos de aislamiento económico. Según escribió, «a pesar de que Estados Unidos ha propuesto una salida para Nicaragua, Rosario Murillo y Daniel Ortega han decidido hundir al país en el fondo del abismo».
El experto considera que la respuesta de la Administración Trump será proporcional a las violaciones cometidas por el régimen, al señalar que «el peso de las violaciones a los derechos humanos indica que la respuesta proporcional de la Administración Trump apunta a imponer penalidades drásticas. Al igual que en 2018, en vez de resolver la situación, Murillo y Ortega prefieren crear otra crisis económica, dándole la espalda a una transición democrática y seguir escalando la represión».
La investigación de USTR y el impacto sobre la economía
Orozco explica que la investigación de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) resalta cómo las violaciones laborales cometidas en Nicaragua crean una “desventaja competitiva” para los trabajadores y las empresas norteamericanas, al mantener salarios bajos y un ambiente de explotación que distorsiona el comercio.
Además, indica que «estas acciones afectan el mercado nicaragüense porque desincentivan al inversionista a entrar a Nicaragua», y agrega que también hay pérdidas de inversión «en contra de empresas americanas afectadas por diferentes condiciones, como la confiscación de propiedades a entidades religiosas y empresas comerciales».

En el texto, Orozco describe un ambiente nacional de resignación frente a posibles sanciones del gobierno norteamericano: «La gente dice que esto los tiene sin cuidado porque el país ya no puede estar más mal de lo que ya está. Incluso algunos dicen que la gente no quiere trabajar en la zona franca porque, aunque están pagando mejor que nunca, la gente no les quiere trabajar por el abuso al trabajador».
Cuatro escenarios de sanción
El economista analiza los posibles escenarios de sanción que evalúa la Oficina de Comercio estadounidense, que van desde una suspensión selectiva de beneficios arancelarios y comerciales del CAFTA-DR, hasta un arancel universal del 100 % sobre las exportaciones nicaragüenses, ambos por un periodo máximo de 12 meses. Según escribió, «la severidad del daño apunta a la acción menos flexible».
Para Orozco, el régimen de Rosario Murillo está arriesgando “otra complicación para Nicaragua”, al mantener su postura intransigente ante Washington y continuar favoreciendo sus vínculos con regímenes autoritarios.
Los factores de riesgo
En su análisis, Orozco identifica varios factores de riesgo que inciden en la decisión estadounidense:
Primero, «la escalada de radicalización de la dictadura. El modelo político-económico tiende a desfavorecer cualquier relación con Estados Unidos».
Segundo, «la ponderación del efecto represivo que puede causar más migración y el déficit comercial con Nicaragua».
Tercero, «Nicaragua continúa provocando a Estados Unidos; es un Gobierno que se manifiesta como antiestadounidense, mantiene estrechos lazos con China y Rusia, y forma parte de la troika de la tiranía en las Américas».
Cuarto, «las acciones comerciales se interpretan como una desventaja comparativa que afecta el empleo de la fuerza laboral estadounidense en mercados específicos como el de las autopartes, el de los dispositivos médicos o el de los fabricantes de ropa».
Orozco también subraya que, para muchos funcionarios de Washington, imponer sanciones a Nicaragua tiene bajo costo político y económico, ya que el país representa apenas el 0.1 % de las importaciones estadounidenses. «Aun las importaciones de alimentos que la Administración trata de mantener bajo aranceles menos restrictivos representan el 0.5 %», sostiene.
Asimismo, señala que una posible salida de empresas de zona franca no sería masiva, pues «algunas empresas podrían absorber los costos, ya que al menos en el marco de la exportación de ropa, estos costos los están asumiendo los consumidores en el mercado norteamericano».
Posible impacto y parálisis interna
El analista advierte que la imposición de aranceles reducirá la demanda de bienes nicaragüenses, y que «por cada 1 % de tarifa arancelaria por encima del promedio, la demanda disminuye en 100 millones de dólares». Según sus cálculos, un aumento del 5 % por encima del 18 % actual provocaría una caída de 500 millones de dólares y una reducción del empleo en un rango similar.
Orozco argumenta que la evidencia muestra cómo «la inversión extranjera ha venido decayendo desde la crisis política causada por Daniel Ortega; la continuidad y profundización de un Estado policial desmotiva la inversión y esta no crece». Recordó que en 2018 el país pasó de 194 empresas en zona franca a 171 en octubre de 2025, lo que demuestra que «la drástica contracción económica del 2018 tuvo un efecto relativo sobre las empresas en la Zona Franca».
Un régimen que cava su propia tumba
El artículo concluye con una advertencia sobre el costo político y humano de la radicalización del régimen. Orozco sostiene que «los Ortega Murillo prefieren colapsar la economía antes que negociar su salida y permitir una transición democrática», y que su obstinación está provocando fisuras dentro de su propio círculo.
Afirma que el régimen enfrenta «mayor oposición desde adentro, la erosión en sus propias filas, una población que los rechaza masivamente y una comunidad internacional que los seguirá presionando». En su criterio, «la probabilidad de una revuelta interna más bien está creciendo en la medida en que los aliados del círculo del poder ven que la radicalización no los beneficia, porque por un lado hay crisis económica y sanciones, y por el otro, solo hay purga y cárcel».

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