Ejército, Policía, Telcor y el Ministerio del Interior sostienen la vigilancia transnacional del régimen nicaragüense
El régimen de Nicaragua ha desplegado una red transnacional de vigilancia y persecución que involucra directamente al Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) en su informe «Nicaragua: Persecución Más Allá de las Fronteras. Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos», presentado este 23 de septiembre de 2025 devela la lista de instituciones que participan en este entramado y su función para castigar a los oponentes a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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El informe detalla que la persecución contra las personas en el exilio no es un hecho aislado, sino un proceso sistemático que busca «erosionar la identidad jurídica, provocar el colapso económico, generar aislamiento social y ejercer una vigilancia generalizada» sobre quienes han debido huir del país.
El GHREN subraya que la familia de cada víctima se convierte en daño colateral: «el hostigamiento y las amenazas se extienden tanto a los parientes en Nicaragua como a los que han buscado refugio en el extranjero», configurando un patrón de represión que traspasa las fronteras y convierte a la disidencia en un blanco perpetuo.
Policía y Ejército, brazos de inteligencia
En este contexto, las instituciones estatales juegan un papel central. El Ejército y la Policía actúan como brazos de inteligencia y represión directa; el Ministerio del Interior coordina la vigilancia de movimientos en territorio nacional e internacional; mientras que Telcor trabaja activamente en la interceptación de comunicaciones y en la supervisión de redes sociales.
Según el documento, Telcor también coordina las «granjas de troles» que son controladas por el FSLN y responden directamente a la vicepresidenta Rosario Murillo. Estas estructuras digitales «se dedican a hostigar, amenazar y desacreditar a las personas consideradas opositoras, estén donde estén».
La estrategia de vigilancia ha escalado desde 2018 con el aumento del exilio y se intensificó tras la privación de nacionalidad de 222 personas en febrero de 2023. De acuerdo con el GHREN, «estas prácticas forman parte de la cuarta fase de represión del régimen, iniciada en 2023 y consolidada con la reforma constitucional de 2025 que concentró prácticamente todos los poderes en la presidencia».
La persecución transnacional busca garantizar la impunidad y desarticular cualquier forma de organización opositora.
«Se trata de un modelo de gobernanza escalable que emplea una estrategia de violaciones de largo brazo y erosiona los lugares de refugio», advierte el informe.
El GHREN concluye que la red de instituciones involucradas no solo mantiene un control absoluto dentro de Nicaragua, sino que ha extendido su capacidad de represión fuera de las fronteras. Con ello, el Estado nicaragüense consolida un sistema en el que la vigilancia, la coacción y el hostigamiento constituyen una amenaza constante para quienes intentan ejercer la disidencia desde el exilio.
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