ONU: La represión de Ortega y Murillo traspasa fronteras y persigue con «mano invisible» a exiliados

La represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no conoce fronteras, así lo advierte un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de las Naciones Unidas presentado este 23 de septiembre en Ginebra.

El documento complementario, expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos y titulado: «Nicaragua: Persecución más allá de las fronteras» , denuncia que el Gobierno ha extendido su campaña contra la disidencia hacia el exterior, persiguiendo a ciudadanos en el exilio mediante una batería de mecanismos diseñados para silenciarlos y despojarlos de derechos básicos.

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Según el informe, esta persecución transnacional va más allá de la política interna y busca impedir que los nicaragüenses que huyeron tras la represión de 2018 puedan rehacer sus vidas. Entre las medidas documentadas se incluyen la privación arbitraria de la nacionalidad, la negación de pasaportes, la confiscación de bienes y la vigilancia digital, así como amenazas e intimidación contra familiares que permanecen dentro del país.

«El daño que sufren los nicaragüenses exiliados no es el resultado de un hecho aislado o de una sola violación. Su vida entera se desmantela sistemáticamente, comenzando con su desarraigo y la erosión de su identidad legal, lo que deriva en un colapso económico, aislamiento social y vigilancia omnipresente», resaltaron durante la presentación retomando las palabras del presidente del GHREN, Jan-Michael Simon.

Aumenta apatridia de facto

Entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, al menos 452 personas fueron despojadas de su nacionalidad, y muchas más han quedado convertidas en apátridas de facto.

Los expertos subrayan que esta práctica no solo erosiona el derecho a la identidad, sino que coloca a miles de nicaragüenses en una situación de vulnerabilidad extrema en los países de acogida.

La persecución también ha adquirido formas más violentas. El informe recuerda el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam en Costa Rica, ocurrido el pasado 19 junio de 2025.

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Samcam, mayor en retiro y crítico del régimen, había sido previamente despojado de su nacionalidad. Aunque las autoridades aún no reconocen un vínculo directo con las autoridades nicaragüenses, los expertos indicaron que este es al menos el cuarto ataque violento contra exiliados en los últimos años.

Este clima de violencia ha generado un sentimiento generalizado de inseguridad entre la diáspora. «Se ha extendido un clima de miedo entre la diáspora nicaragüense, ya que ningún lugar en el mundo parece seguro para los nicaragüenses que se oponen a Daniel Ortega y Rosario Murillo», advirtió el experto Reed Brody, miembro del GHREN.

«Una mano invisible persigue a las y los exilados dondequiera que vayan, les niega pasaportes, los amenaza a ellos y a sus familias, y los aleja de su país», apuntan.

El Grupo alertó además sobre un recrudecimiento de las desapariciones forzadas dentro de Nicaragua, con detenciones masivas y regímenes de incomunicación prolongados.

«El recrudecimiento de las desapariciones forzadas es uno de los acontecimientos más alarmantes que hemos presenciado desde que el Grupo comenzó su mandato», afirmó la experta Ariela Peralta. Dos muertes recientes bajo custodia, ocurridas en este contexto, evidencian la brutalidad de las condiciones de detención y el uso sistemático de la tortura.

«Cuando se detiene a personas en secreto, se las tortura y, en algunos casos, mueren bajo custodia del Estado, se configura responsabilidad estatal bajo el derecho internacional.

Esto apunta a una política deliberada de terror que debe enfrentarse con urgencia», añadió Peralta. Los expertos subrayaron que este patrón constituye una grave violación de los compromisos internacionales de Nicaragua y requiere respuesta inmediata de la comunidad internacional.

Finalmente, el informe advierte que la retirada de Nicaragua de organismos internacionales, incluido el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU, forma parte de una estrategia para «eludir el escrutinio y consolidar la impunidad».

Ante esta situación, el Grupo instó a otros Estados a llevar al país ante la Corte Internacional de Justicia y a adoptar medidas para proteger a la diáspora nicaragüense, «facilitando los procedimientos de asilo, refugio o naturalización».