Régimen Ortega-Murillo libera a 1.500 reos comunes, mientras mantiene encarcelados a 54 presos políticos
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció la excarcelación de 1.500 personas privadas de libertad en diferentes centros penitenciarios del país. Los reos serán excarcelados bajo el «beneficio» ilegal de de «convivencia familiar» el próximo jueves, 31 de julio. Mientras tanto, 54 personas continúan encarceladas por razones políticas en Nicaragua, según organizaciones de derechos humanos.
La codictadora Rosario Murillo calificó la medida como «una buena nueva» y explicó que los liberados, 1.375 hombres y 125 mujeres, retornarán a sus hogares desde los penales de Tipitapa, Matagalpa, Granada, Juigalpa, León, Estelí, Chinandega y Bluefields.
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«Estamos hablando de una nueva oportunidad para retomar sus vidas en buenos propósitos», dijo Murillo, sin hacer referencia al grupo de presos políticos que continúan detenidos, muchos sin acceso a juicios justos, defensa privada, ni visitas familiares.
Desde 2014 hasta mayo de este año, la aplicación de esta medida, ha dejado en libertad a, al menos, 52.664 presos, según las estadísticas que llevamos en Artículo 66 y otros medios de comunicación.
Una medida que genera impunidad
El abogado e integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco Juan Diego Barberena cuestionó la legalidad y el impacto de estas excarcelaciones, asegurando que no tiene ningún impacto positivo y que, por el contrario, contribuyen a perpetuar la impunidad.
«Estas decisiones se toman sin que medie un dictamen del juez de ejecución y sin vigilancia penitenciaria, que debe certificar que la persona está en condiciones de salir y realizar un seguimiento posterior. Nada de eso ocurre. Por eso estas excarcelaciones contribuyen a la impunidad y a la reincidencia delictiva», advirtió Barberena.
Según cifras oficiales de la Policía Nacional, el 8% de los beneficiados con este tipo de medidas reinciden en actividades delictivas, lo que representa aproximadamente 120 personas que podrían volver a cometer delitos tras su liberación.
Barberena también alertó sobre la falta de filtros para determinar qué delitos pueden ser objeto de beneficio, señalando que incluso personas condenadas por violencia de género podrían salir sin cumplir su condena.
«No se trata de justicia, ni para las víctimas ni para los excarcelados. A muchos no se les da ningún plan de seguimiento y eso multiplica el riesgo para la sociedad, especialmente para mujeres que han sido víctimas de agresores que ahora podrían quedar libres sin control alguno y podrían volver a cometer delitos de violencia de género, que no deberían estar sujetos a esta medida», alertó.
La dualidad del sistema penal
La liberación masiva contrasta de forma paradójica con la represión judicial que el mismo régimen mantiene contra opositores y disidentes. Mientras libera a reos comunes antes de cumplir sus condenas, mantiene encarceladas a personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, manifestación y participación política.
Para Barberena, esto deja en evidencia una dualidad en la aplicación del sistema penal. «Se está aplicando una política penal con dos caras: garantista sin eficacia para algunos reos comunes, y brutalmente punitiva para los presos políticos».
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