Corte Interamericana ordena liberación inmediata de Angélica Chavarría, pareja de Humberto Ortega

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución urgente el 30 de mayo de 2025 en la que ordena al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación inmediata de Angélica Patricia Chavarría Altamirano, pareja del fallecido general en retiro Humberto Ortega Saavedra, así como de los ciudadanos Julio Antonio Quintana Carvajal y José Alejandro Hurtado Díaz, quienes se encuentran en situación de desaparición forzada desde hace varios meses.

La resolución fue dictada a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió la ampliación de medidas ante la opacidad del régimen y el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Angélica Chavarría fue vista por última vez tras el encarcelamiento domiciliario de su esposo, el general Humberto Ortega, quien falleció el 12 de mayo en un hospital, bajo custodia estatal. Desde entonces, su familia y abogados no han tenido noticias sobre su paradero, lo que ha despertado denuncias de desaparición forzada ejecutada por agentes del Estado.

La presidenta de la Corte, Nancy Hernández López, resolvió: «Otorgar medidas urgentes en favor de: (1) Angélica Patricia Chavarría Altamira; (2) Julio Antonio Quintana Carvajal, y (3) José Alejandro Hurtado Díaz».

Asimismo, la Corte IDH ordenó al Estado de Nicaragua «que adopte las medidas necesarias y adecuadas para determinar e informar el paradero» de las tres personas beneficiarias, y que «proceda a la liberación inmediata» de todas ellas.

La resolución también exige que el régimen de Ortega y Murillo adopte «de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, integridad, libertad personal y salud» de los beneficiarios, y que «mientras se surten los trámites administrativos necesarios para la liberación inmediata», el Estado deberá informar «de forma inequívoca a sus familiares y abogados de confianza sobre su lugar de detención», facilitar su contacto inmediato con familiares, garantizar comunicación con abogados y acceso inmediato a salud física y mental, medicamentos y alimentación adecuada. La Corte fue tajante al señalar que «esta orden no podrá ser utilizada para retrasar la liberación».

El fallo incluye además la obligación del Estado de Nicaragua de garantizar el acceso de los abogados a la totalidad del expediente judicial y al sistema en línea, así como «abstenerse de enjuiciar y ejercer represalias en contra de los familiares y representantes de los beneficiarios a causa de la información aportada a la Corte».

La Corte Interamericana fijó como plazo el 18 de junio para que el Estado rinda un informe sobre la situación de las tres personas beneficiarias y sobre las medidas adoptadas para cumplir esta decisión. Asimismo, dispuso que tanto los representantes como la CIDH podrán presentar observaciones al informe y, en caso de persistir el incumplimiento por parte del régimen, tendrán la posibilidad de informar sobre la situación en cualquier momento.

El caso de Angélica Chavarría es especialmente simbólico por su vínculo directo con el general Humberto Ortega, hermano del dictador Daniel Ortega. Tras el fallecimiento del exjefe del Ejército, varias fuentes cercanas a la familia denunciaron públicamente que Chavarría fue llevada por agentes estatales y desde entonces se encuentra desaparecida. Su condición se inscribe en el patrón de desapariciones forzadas ejecutadas por el régimen nicaragüense contra voces críticas o incómodas para la pareja dictatorial.

Organizaciones de derechos humanos han documentado que al menos 100 personas permanecen en condición de prisión política en Nicaragua, muchas de ellas bajo desaparición forzada, sin contacto con familiares ni abogados, sometidas a condiciones inhumanas y sin acceso a procesos judiciales transparentes. Casos como el de Angélica Chavarría revelan que la dictadura sigue utilizando la estructura del Ministerio del Interior y la Dirección General de Migración como brazos ejecutores de una política de intimidación, represión y control absoluto.