A un año de su desaparición forzada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó este lunes 20 de mayo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que decrete medidas provisionales para proteger la vida e integridad de Angélica Patricia Chavarría Altamirano, pareja del fallecido general en retiro Humberto Ortega Saavedra, hermano del dictador Daniel Ortega. Chavarría desapareció tras la muerte del exjefe del Ejército, ocurrida en septiembre de 2024, cuando ambos se encontraban bajo arresto domiciliario impuesto por el régimen sandinista.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que ha acompañado la denuncia, confirmó que esta solicitud fue promovida debido al «silencio, irresponsabilidad y desacato» del Estado de Nicaragua, que no ha brindado información alguna sobre el paradero de la víctima ni ha reconocido su detención. «Angélica Echavarría es víctima del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada», señaló el Colectivo en un comunicado. Agregaron que su detención fue ejecutada por agentes policiales de la dictadura, y que su desaparición está facilitada por «jueces, fiscales, funcionarios penitenciarios y cuerpos de seguridad» bajo órdenes de la pareja dictatorial.
La organización denunció además que Chavarría ha sido objeto de un «ensañamiento especial», pues no solo permanece desaparecida, sino que sus bienes han sido confiscados, sus familiares tienen prohibido el ingreso al país, y su salud y vida están en grave riesgo. «Cualquier deterioro a ella es responsabilidad máxima de la dictadura», concluyó el comunicado, que también advierte que su caso no es aislado, sino parte de una política de Estado. El Colectivo reporta al menos una docena de personas víctimas de desaparición forzada en el país.
La solicitud de medidas provisionales llega después de que, el 10 de enero de 2025, la CIDH emitiera la resolución 04/2025, en la que otorgó medidas cautelares a favor de Chavarría y exigió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que «determine su situación y paradero», permitiendo contacto con sus familiares y representantes legales, y garantizando acceso a atención médica. En ese momento, la Comisión también advirtió que las autoridades estatales no habían respondido a las solicitudes de información hechas desde diciembre de 2024.
En la misma solicitud, la CIDH también pide la ampliación de las medidas para otros dos exprisioneros políticos a quienes la dictadura encarceló y ha negado a sus familiares la posibilidad de saber sobre su paradero. Estos dos exprisioneros son Julio Antonio Quintana Carvajal y José Alejandro Hurtado Díaz, «quienes se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos».
El caso cobró aún más notoriedad tras la publicación de un audio póstumo de Humberto Ortega, revelado por el medio Confidencial, en el que el exjefe del Ejército denunció que tanto él como su pareja habían sido incomunicados. «Me suspendieron todas mis libertades. Igualmente a mi pareja, Angélica (Chavarría), que me apoya moralmente, por sus firmes principios libertarios, y me auxilia por ser yo un paralítico de mis brazos desde 1969», expresó.
En esa misma resolución, la CIDH documentó que desde el 19 de mayo de 2024, Angélica Chavarría se encontraba, junto a Humberto Ortega, bajo arresto domiciliario y sin comunicación con el exterior. Tras la muerte del general en septiembre, su familia perdió todo rastro de ella. También se reportó el congelamiento de sus cuentas bancarias entre el 6 y el 8 de octubre, y la existencia de una presunta orden de captura contra cualquier familiar que intentara indagar sobre su paradero. No existe información de que haya sido procesada por delito alguno.
«Las medidas provisionales son emitidas por la Corte Interamericana en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas. Las mismas tienen carácter obligatorio para los Estados por lo que las decisiones contenidas en las mismas exigen a los Estados adoptar acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida de personas que están en riesgo», dice la CIDH en la nota difundida en su sitio web.
