El pacto Ortega-Putin: expertos coinciden en que busca garantizar asilo para tener a dónde correr ante su inminente caída

El pasado jueves 29 de mayo de 2025, Daniel Ortega ordenó la publicación en La Gaceta, Diario Oficial, del Acuerdo Presidencial No. 80-2025, mediante el cual otorgó plenos poderes a su hijo Laureano Ortega Murillo para firmar un «Acuerdo entre la República de Nicaragua y la Federación de Rusia sobre la protección recíproca de los ciudadanos contra los abusos en el ámbito de la justicia internacional». Aunque el acuerdo aún no ha sido firmado, esta maniobra ha reavivado las opiniones sobre la inminente caída de la dictadura y la intención del régimen de garantizar asilo y tener a dónde correr cuando colapse su poder.

«Yo creo que en primer lugar habría que ubicar como punto de partida el contexto», sostuvo Gonzalo Carrión, abogado del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. «El contexto evidencia cada vez más, en la medida en que transcurre el tiempo, ya con más de siete años de sistemática persecución, graves violaciones de derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad, hasta ahora en la impunidad. Esto ya está certificado por diversos informes del Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos, y más recientemente por el grupo de expertos del Consejo de Derechos Humanos, que ha sistematizado casos y ha identificado con nombres a perpetradores. Faltan nombres, pero eso avanza», explicó.

Carrión advirtió que Ortega y su círculo cercano «saben que el tiempo de rendir cuentas les va a llegar, sea por persecución internacional, como en el caso iniciado por la justicia argentina, o por otros países». «Este acuerdo con Rusia, conocido por su historial de violaciones de derechos humanos, busca blindar a dos abusadores del poder. Pueden firmar lo que quieran, pero no podrán tapar sus violaciones ni detener la justicia», sentenció.

Haydee Castillo Flores, defensora de derechos humanos y presidenta del ilegalizado Instituto de Liderazgo de las Segovias, coincidió en que este movimiento es un reconocimiento tácito de culpa por parte del régimen. «Esto es resultado del trabajo de las organizaciones de derechos humanos, de las víctimas, de la sociedad civil y de la oposición, que han mostrado al mundo las evidencias de los crímenes cometidos por esta dictadura», dijo Castillo.

«La justicia internacional les va a llegar», sentenció. Castillo también advirtió que la publicación del acuerdo refleja el temor interno del régimen. «La situación de salud de Ortega y la falta de respaldo hacia Rosario Murillo son factores clave. Saben que en cualquier momento pueden enfrentarse a un colapso del sistema y necesitan tener un lugar seguro donde huir. Esto lo confirma», explicó.

El exembajador nicaragüense ante la OEA, Arturo McFields, fue claro al señalar que Ortega busca «blindarse tanto política como financieramente». «Nuevamente está, al igual que lo hizo en los años 80, anclando la suerte de nuestro país, no solamente la de su familia, sino del país entero, a lo que le suceda o no le suceda a una potencia extrarregional como Rusia. Si caen ellos, caigo yo también», explicó.

McFields subrayó que estos acuerdos que Ortega firma «casi día de por medio, sobre cualquier tema, no tienen resultados tangibles». «Ni siquiera ha logrado ser parte del BRICS, a pesar de tener ahí a sus grandes socios de Rusia y China. Incluso Bolivia y Cuba han logrado tener mayor apertura, pero en el caso de Nicaragua, no», agregó.

Según McFields, esto «te demuestra lo inservible que resultan todos estos acuerdos y el carácter más simbólico que tienen para dar, hasta cierto punto, esperanza a un partido desangrado, desesperanzado y que no tiene muchos incentivos para seguir en esa organización política como el Frente Sandinista».

Eliseo Núñez Morales, abogado, exdiputado y analista político, consideró que este acuerdo «es parte de una alianza entre países autoritarios con el tema de la persecución de la justicia internacional y con el tema del dinero». «Están incluso queriendo crear sistemas alternativos al sistema bancario internacional que les permita mover su plata de un lugar a otro», precisó.

Núñez advirtió que «esto definitivamente es un problema no solo para los nicaragüenses, sino para la seguridad de todo el mundo occidental, para Europa y para Estados Unidos». «El problema es que cuesta que se entienda que este tejido puede ser más grave de lo que aparenta, porque Nicaragua es un país insignificante. Eso de pronto se tiende a pensar que no es mayor problema», afirmó, resaltando que la verdadera dimensión de esta red de protección autoritaria podría ser mucho más seria.

Finalmente, José Antonio Peraza, analista político, ex preso político y desterrado en Estados Unidos, destacó que «la familia dictatorial está preocupada por los juicios que enfrentan y por el riesgo de un colapso del sistema». «Esto demuestra que están buscando un lugar donde nadie los pueda detener. Es un intento desesperado por asegurar su futuro, como lo hizo Bashar al Assad, huyendo a un país como Rusia donde no serían extraditados», dice el politólogo.

Peraza fue más allá en las posibilidades que tiene esta dictadura: «Aunque pretendan mostrar control, dentro de la familia Ortega-Murillo hay temor real sobre lo que podría pasar: rebelión militar, golpe de Estado, colapso del sistema… Y saben que, si eso ocurre, necesitan tener a dónde correr», señaló.

El acuerdo, cuyo contenido aún no ha sido firmado pero que ya cuenta con la autorización presidencial para ser negociado por Laureano Ortega, como coinciden estos expertos consultados por Artículo 66, se trata de una estrategia calculada por el dictador sandinista para garantizarse refugio para él, su círculo cercano y la propia Rosario Murillo ante un eventual colapso del régimen.

Además, el contexto judicial y de derechos humanos que rodea esta maniobra es ineludible. La dictadura de Ortega-Murillo está señalada internacionalmente por la comisión de crímenes de lesa humanidad, derivados de múltiples violaciones a derechos humanos, incluyendo la represión violenta de las protestas de 2018, el encarcelamiento y destierro de opositores, la persecución a la Iglesia Católica, las confiscaciones de propiedades y medios de comunicación, así como las recientes privaciones arbitrarias de la nacionalidad. A esto se suma el inicio de procesos judiciales en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal, que han abierto una vía para que los responsables de estos crímenes sean perseguidos fuera de Nicaragua.

El Grupo de Expertos de Naciones Unidas también ha identificado hasta el momento al menos a 54 operadores del régimen, incluyendo altos funcionarios, jueces, policías y militares, que serían autores y cómplices de estos crímenes de lesa humanidad. Esta lista, que sigue creciendo a medida que avanzan las investigaciones internacionales, evidencia el temor de la dictadura y explica su interés por asegurarse un refugio seguro ante el fin incierto de la tiranía de los Ortega-Murillo.