ONU: La dictadura de Ortega y Murillo ejecutó un patrón criminal de desnacionalización política

El Grupo de Expertos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que la privación de nacionalidad aplicada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua constituye un crimen de lesa humanidad y una violación sistemática del derecho internacional. El informe, publicado este 3 de abril de 2025, documenta cómo 452 personas (367 hombres y 85 mujeres) fueron despojadas de su nacionalidad de forma arbitraria, en procesos plagados de ilegalidad, discriminación política y represión institucional.

Según el informe, la desnacionalización se ha utilizado como un instrumento de castigo político. El Grupo de Expertos afirma que «la privación arbitraria de la nacionalidad tiene un componente de discriminación por motivos políticos» y es parte de «un patrón de violaciones conexas y concurrentes de varios derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales», con impacto grave no solo en las víctimas directas, sino también en sus familias.

452 personas despojadas, pero la cifra real podría ser mayor

La ONU señala que entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, el régimen privó arbitrariamente de su nacionalidad a 452 personas, pero advirtió que el universo real de víctimas podría ser «mucho mayor». En muchos casos, las víctimas «no fueron informadas de la existencia de una resolución judicial», lo cual impidió ejercer su defensa o acceder a mecanismos de protección internacional.

Entre las víctimas hay periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes, activistas, académicos, estudiantes, amas de casa y hasta religiosos como el obispo Rolando Álvarez, quien fue declarado traidor a la patria y mantenido como apátrida in situ durante casi un año.

Un proceso ilegal, inconstitucional y retroactivo

La privación de nacionalidad se ejecutó inicialmente sin base legal. El régimen utilizó como pretexto la Ley 1055 (Ley de Soberanía), aunque esta no contemplaba la pérdida de la nacionalidad. Para justificar el crimen, el régimen aprobó de forma exprés la Ley 1145, que regula la pérdida de la nacionalidad para supuestos “traidores a la patria”. Esta ley, sin embargo, fue aplicada antes de que estuviera en vigor, lo que violenta el principio de irretroactividad de la ley penal.

La ONU señala que «las privaciones arbitrarias de la nacionalidad fueron en la mayoría de los casos ejecutadas sobre la base de dos leyes», y que la Ley 1145 «fue viciada de inconstitucionalidad ya que la Constitución… afirmaba la prohibición absoluta de la pérdida de la nacionalidad».

El aparato estatal y judicial al servicio del crimen

La ONU identificó a los principales responsables: la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, encabezada por el magistrado Octavio Rothschuh Andino, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional, el Ministerio Público, y órganos ejecutivos como el Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores.

El magistrado Rothschuh leyó la sentencia de deportación y pérdida de nacionalidad de 222 personas a las 8:30 a. m. del 9 de febrero de 2023, antes de que la Ley 1145 estuviera aprobada, lo que constituye un fraude procesal. A ello se sumó una cadena de instrucciones desde lo más alto del poder: «La sentencia también determinó la pérdida perpetua de todos sus derechos ciudadanos, siguiendo instrucciones del Presidente y la Vicepresidenta».

En palabras del propio Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional: «Aquí nadie puede alegar absolutamente nada… el traidor a la patria pierde la calidad de nacional nicaragüense».

Una forma de “muerte civil”

Las víctimas no solo fueron despojadas de su nacionalidad. El informe denuncia que el régimen ha ejecutado un despojo institucionalizado, incluyendo confiscación de bienes, cierre de cuentas bancarias, eliminación de títulos académicos, retiro de pensiones y borrado de sus nombres del registro civil y electoral.

La ONU considera que esta práctica representa «una forma de “muerte civil”», y añade que «el Consejo Supremo Electoral eliminó la información de las personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad de los registros oficiales… lo que constituye una violación del derecho a la identidad».

La desnacionalización ha dejado a decenas de personas en condición de apatridia de jure y de facto, sin protección legal, sin documentación, y sin derechos, incluso en terceros países donde residen exiliadas. La ONU subraya que estas medidas constituyen una forma de represión transnacional y «representan un desafío para el cumplimiento de parte de la comunidad internacional de las normas internacionales de derechos humanos».

El limbo de los apátridas de facto: sin pasaporte, sin patria

El informe del Grupo de Expertos de la ONU también documenta casos graves de personas a quienes se les negó la renovación de pasaportes sin que existiera resolución judicial en su contra, ni proceso penal alguno. Muchos de ellos ni siquiera eran figuras públicas ni sabían que habían sido objeto de una medida tan extrema. Esta práctica ha convertido a decenas de nicaragüenses en apátridas de facto, atrapados en el limbo legal y sin acceso a documentación básica que les permita ejercer derechos fundamentales.

«El Grupo de Expertos considera que tanto la prohibición de ingreso de nicaragüenses en su propio país como la negativa del Gobierno de renovar los pasaportes de nicaragüenses en el extranjero deja a las víctimas en una situación de apatridia de facto», señala el informe.

En muchos de estos casos, las personas se enteraron de su estatus irregular cuando acudieron a consulados nicaragüenses en el exterior a solicitar un nuevo pasaporte o un certificado de nacimiento. En lugar de brindar el servicio consular, las autoridades simplemente les informaron —de forma verbal y sin entregar ningún documento— que ya no figuraban en los registros oficiales o que su nombre había sido eliminado. Según la ONU, «el Grupo de Expertos ha documentado esta modalidad tanto en personas que se encuentran en el extranjero como con personas que se encuentran en Nicaragua».

El miedo a solicitar información sobre su estatus migratorio también se ha extendido entre las víctimas. El informe advierte que hay «un temor generalizado entre las personas nicaragüenses en el extranjero a solicitar copias de sus registros de nacimiento», por miedo a represalias o a la confirmación oficial de su apatridia. Esto ha generado «un alto grado de incertidumbre y una brecha de información sobre la verdadera magnitud de esta violación».

Uno de los casos más emblemáticos que incluye este informe de la ONU es el de Winnye Nayelia Bernard Canales, defensora de derechos humanos afrodescendiente, a quien se le negó su ingreso al país desde 2018. En 2022, al vencer su pasaporte, su nombre ya no aparecía en el registro civil de Bluefields, lo que, según la ONU, indica una eliminación arbitraria de su existencia legal.