Ortega busca blindarse ante la justicia internacional: firmará pacto con Rusia de «protección recíproca» a criminales y represores

La dictadura de Nicaragua publicó este jueves 29 de mayo de 2025, en La Gaceta, Diario Oficial, el Acuerdo Presidencial No. 80-2025, mediante el cual otorga plenos poderes a Laureano Facundo Ortega Murillo para firmar en nombre del régimen un convenio con Rusia titulado «Acuerdo entre la República de Nicaragua y la Federación de Rusia sobre la protección recíproca de los ciudadanos contra los abusos en el ámbito de la justicia internacional». Este pacto, cuyo contenido se mantiene en secreto, ha levantado fuertes sospechas entre expertos y abogados, quienes advierten que en realidad está diseñado para garantizar protección mutua a funcionarios nicaragüenses y rusos señalados por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El abogado Juan Diego Barberena afirmó en entrevista telefónica con Artículo 66 que el acuerdo establece un mecanismo para asegurar impunidad a represores de ambos países.

«Este es un convenio entre Rusia y Nicaragua, a través del cual Nicaragua le puede brindar protección territorial especial a funcionarios rusos que puedan ser imputados, perseguidos por la justicia internacional, por crímenes internacionales, y Rusia a Nicaragua también. Eso es una suerte de protección territorial especial más específica que el propio asilo, sin que use la palabra asilo, obviamente», interpreta el abogado.

Barberena aseguró que este pacto también tiene implicaciones en «actividades de inteligencia y contrainteligencia», permitiendo a Rusia ayudar a Nicaragua a evadir mecanismos internacionales «que buscan la rendición de cuentas de quienes han sido señalados por crímenes de lesa humanidad».

Adicionalmente, Barberena valora que este pacto es una respuesta directa al reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que documenta crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen, pero agrega que habrá que esperar cómo los regímenes de Managua y Moscú van a implementar lo acordado, en vista que aunque Nicaragua no es parte de la Corte Penal Internacional (CPI), sí reconoce a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, donde no solo tiene una demanda contra Israel sino que ya ha asumido en el pasado sentencias de carácter limítrofe contra Colombia y Costa Rica, «además que la reconoce en su propia Constitución», insiste el abogado.

«Pero tiene que ver, creo yo, cuando se refieren a «protección recíproca», cómo se brindan protección territorial especial, cada uno de ellos ante tendenciales persecuciones que puedan haber en el ámbito internacional», remarca Barberena.

Barberena, quien además es directivo de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), también opina que este tipo de pactos entre la dictadura de los Ortega Murillo con el régimen de Vladimir Putin «se conecta con las reuniones recientes de Laureano Ortega con el presidente de la Duma, el ministro de Defensa y de Seguridad, lo cual revela una estrategia común, que debe analizarse a la luz de la crisis interna del orteguismo».

Los plenos poderes de Laureano: ¿ilegales?

Laureano Ortega Murillo ha sido designado de forma reiterada como representante internacional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con múltiples acuerdos presidenciales que le otorgan plenos poderes para firmar convenios internacionales en nombre de Nicaragua. Es decir, este que lo faculta para firmar un acuerdo de protección a criminales no es el primero.

Desde 2023, la dictadura ha oficializado al menos ocho acuerdos que consolidan su papel como operador principal en las relaciones exteriores, sin que exista un proceso democrático para su elección e incluso actuando como superior del canciller de la República.

Entre los más recientes destacan el Acuerdo Presidencial No. 239-2023, publicado en La Gaceta el 14 de diciembre de 2023, mediante el cual se le facultó para gestionar acuerdos culturales con Rusia, como el firmado entre el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y el Teatro Nacional Rubén Darío. Posteriormente, el 9 de julio de 2024, los acuerdos Nos. 106-2024 y 107-2024 le otorgaron plenos poderes para suscribir convenios económicos con China, incluyendo memorándums de entendimiento con la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

El 10 de diciembre de 2024, Ortega y Murillo volvieron a otorgar plenos poderes a su hijo Laureano para firmar otros dos acuerdos con instancias de Rusia. El primero fue sellado en el Acuerdo Presidencial 201-2024, mediante el cual acreditaron a su hijo delfín para firmar un «Protocolo entre el Ministerio de Industria y Comercio de Nicaragua con el Servicio Federal de Aduanas de Rusia y sobre Cooperación Administrativa, Intercambio de Información y Asistencia Mutua en el marco del Sistema Unitario de las Preferencias Arancelarias de la Unión Económica Euroasiática»; y el segundo, fue impuesto por Acuerdo Presidencial 202-2024, para que firmara un «Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia de la República de Nicaragua y la Organización autónoma sin fines de lucro «Agencia de Industrias Creativas»» de Rusia.

En mayo de 2025, los dictadores publicaron el Acuerdo Presidencial No. 68-2025 que lo autorizó a firmar un acuerdo con la empresa CAMC Engineering Co. Ltd. para proyectos agrícolas.

Finalmente, este 29 de mayo de 2025, se publican los últimos dos acuerdos de «plenos poderes» a Laureano Facundo en La Gaceta, diario oficial. Son los acuerdos presidenciales 79-2025 y 80-2025, con los cuales el hijo de los dictadores firmará, además del acuerdo de protección recíproca a criminales internacionales rusos y nicaragüenses, y un segundo pacto de cooperación con la Agencia de Industrias Creativas de Rusia, la misma para la que ya habían acreditado el 10 de diciembre de 2024 y que mencionamos arriba.

«Daniel Ortega y Rosario Murillo han asumido estas atribuciones, pero la Constitución y la Ley 290 no los faculta para designar a un representante especial con plenos poderes plenipotenciales. Nombrar representantes especiales para determinadas cuestiones es una cosa, pero hacerlo con plenos poderes, sin delimitación clara, es otra. Esto representa una evidente ilegalidad», concluyó el abogado Barberena.