El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo emitió un comunicado escueto y tardío —más de 24 horas después de la elección— para saludar al nuevo Papa León XIV, sin hacer la más mínima alusión a la profunda fractura que existe entre la dictadura y la Iglesia Católica en Nicaragua tras años de persecución, encarcelamiento y destierro de religiosos.
El mensaje oficial, publicado el 9 de mayo de 2025, se limita a expresar un saludo protocolario por la elección del nuevo Pontífice y a manifestar una vaga aspiración: que desde su responsabilidad como Sumo Pontífice, contribuya a «promover Paz, Encuentro, Concordia y los Valores que la Familia Humana tanto necesita». No hay referencias al contexto de represión sistemática contra la vida católica en Nicaragua, ni reconocimiento alguno de los ataques ejecutados por el propio régimen en contra de obispos, sacerdotes, monjas y comunidades de fe.
La nota, firmada por Ortega y Murillo, evita mencionar que desde 2018 la Iglesia Católica ha sido blanco directo del aparato represor del Estado. Decenas de sacerdotes y religiosos han sido encarcelados o forzados al exilio; se han prohibido procesiones, confiscado propiedades e incluso suprimido celebraciones litúrgicas tradicionales bajo acusaciones políticas. La dictadura ha expulsado al nuncio apostólico, ha cerrado medios católicos y ha calificado de «terroristas» a obispos que han mediado en procesos de diálogo nacional.
Tampoco se hace eco de los llamados de la Iglesia a favor de la reconciliación, el diálogo y la justicia en Nicaragua. La supuesta «paz» que Ortega y Murillo invocan en su carta no es la paz basada en el perdón y la verdad que pide la Iglesia, sino la paz impuesta del silencio, de la represión, de la negación absoluta a cualquier crítica o disidencia. Es la «paz» de los sepulcros.
Con este comunicado, el régimen intenta cumplir apenas con la formalidad diplomática, sin asumir ninguna responsabilidad ni mostrar apertura hacia una institución a la que ha intentado neutralizar por su papel profético en defensa de los derechos humanos y de la dignidad del pueblo nicaragüense.
