En medio de una economía asfixiada por el desempleo, la migración forzada y el autoritarismo, Nicaragua se ha convertido en el país más dependiente de las remesas en toda América Latina y el Caribe. De acuerdo con datos oficiales, las remesas familiares representaron el 29.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) nicaragüense en 2024, superando ampliamente al resto de países de la región.
Con esa cifra, Nicaragua encabeza la lista de países con mayor proporción de su economía sustentada por el dinero que envían sus ciudadanos en el exterior, por encima de Honduras (25.2 %), El Salvador (23.5 %), Guatemala (19.6 %), Haití (18.7 %) y República Dominicana (18 %). Países como Costa Rica y Panamá, por contraste, apenas registran un 1 % de su PIB procedente de remesas. El PIB es el valor total de todos los bienes y servicios que produce un país.

En términos regionales, Nicaragua no solo lidera en Centroamérica, sino también en el continente. Según datos consolidados del Banco Central y fuentes regionales, ningún otro país del hemisferio occidental depende tanto de los envíos del exilio como el régimen de Daniel Ortega.
Una economía sostenida por el destierro
El fenómeno migratorio que ha crecido exponencialmente desde el estallido social de abril de 2018 explica esta dependencia. A lo largo de los últimos años, más de un millón de nicaragüenses han abandonado el país, empujados por la represión estatal, la inseguridad jurídica, la falta de empleo y el colapso institucional. En muchos casos, se trata de exiliados políticos; en otros, de migrantes económicos forzados por el deterioro generalizado.
Esa diáspora, lejos de desaparecer del mapa nacional, se ha convertido en el sostén de la economía. En 2024, Nicaragua recibió un total de 5,243.1 millones de dólares en remesas, y solo en el primer trimestre de 2025 se registró un nuevo récord de ingresos: 1,441.3 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 26.3 % con respecto al mismo período del año anterior, según datos del Banco Central.
Estas cifras no solo reflejan la magnitud de la migración forzada, sino también el peso financiero que recae sobre las espaldas de quienes tuvieron que irse. Las remesas no son un fenómeno coyuntural, sino estructural: se han vuelto indispensables para que cientos de miles de familias nicaragüenses puedan comer, pagar servicios, estudiar o sobrevivir.
Estados Unidos: el sustento económico del régimen
El 83.8 % del total de remesas que ingresaron a Nicaragua en el primer trimestre de 2025 provino de Estados Unidos, el mismo país que la dictadura Ortega-Murillo ha señalado constantemente como enemigo. No obstante, la economía nacional se sostiene principalmente por el trabajo de nicaragüenses migrantes en territorio estadounidense.
Este dato revela una contradicción de fondo: mientras el régimen insulta, acusa y responsabiliza a Washington de sus males, se beneficia abiertamente del flujo de divisas que proviene de las familias nicaragüenses que viven en ese país. A falta de inversión extranjera, crédito productivo o desarrollo interno, Nicaragua sobrevive gracias a los aportes de quienes viven fuera y envían dinero a sus familiares.
Cualquier alteración en las políticas migratorias de Estados Unidos, por ejemplo, la persecución a migrantes que ha venido ejecutando la administración del presidente norteamericano Donald Trump, podría tener consecuencias devastadoras para la economía nicaragüense. Una reducción masiva de remesas significaría una caída inmediata en el consumo, en la recaudación fiscal y en la estabilidad cambiaria del país.
La economía del sufrimiento: represión, exilio y confiscación
La dependencia de las remesas tiene un rostro humano: el del exilio forzado. Muchos de los nicaragüenses que hoy sostienen la economía desde el exterior han sido perseguidos, amenazados, criminalizados, encarcelados o desnacionalizados. Otros han perdido sus bienes, han sido impedidos de regresar al país o han sido testigos de la destrucción de sus proyectos familiares.
A pesar de su papel central en el sostenimiento económico, la dictadura ha sido particularmente cruel y despiadada con los migrantes. En los últimos años ha cerrado consulados en distintas ciudades de Estados Unidos y otros países donde residen grandes comunidades nicaragüenses, obstaculizando los trámites de pasaportes, partidas de nacimiento, cédulas o legalizaciones, esenciales para optar a procesos de regularización o asilo.
Esto ha dejado a miles de nicaragüenses en el extranjero sin acceso a documentación válida, limitando sus posibilidades de residir o trabajar legalmente, y dificultando incluso la reunificación familiar o la inscripción de hijos nacidos fuera del país.
Una bomba de tiempo económica
El peso desproporcionado de las remesas en el PIB revela una economía frágil, sin dinamismo productivo interno. Mientras la inversión pública se destina a megaproyectos sin impacto directo en la población, la economía real —la del día a día— está atada a lo que ocurra con los flujos migratorios.
Las remesas impulsan el consumo y estabilizan la balanza de pagos, pero no generan empleo local, ni innovación, ni crecimiento sostenible. Son un ingreso externo que, si bien salva a miles de hogares del hambre, no reemplaza una política económica seria. Por eso, la alta dependencia es una vulnerabilidad, no una fortaleza.
La economía de Nicaragua está anclada en el destierro. Y mientras la dictadura celebra el ingreso de divisas, el país pierde población, talento, futuro y fractura a miles de familias.