El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la revocación del programa de ‘parole’ humanitario que beneficiaba a más de 530,000 inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes ingresaron legalmente al país bajo el amparo de un permiso especial otorgado durante la administración de Joe Biden. La medida entrará en vigor el próximo 24 de abril, y pone fin al estatus legal temporal concedido a estas personas que les permitía residir y trabajar en Estados Unidos por un periodo de hasta dos años.
El programa fue implementado inicialmente en 2022 para venezolanos como parte de un esfuerzo por ofrecer una vía legal a migrantes que huían de crisis políticas y humanitarias. Un año después, se extendió a cubanos, haitianos y nicaragüenses con la misma intención de reducir la inmigración irregular y brindar protección temporal a quienes buscaban escapar de persecuciones, crisis económicas y represión política.
Noticia relacionada: «Paroleados» quedan en el limbo migratorio, ¿Qué opciones tienen para regular su estatus?
Sin embargo, la administración Trump ha justificado la eliminación del programa bajo el argumento de que la gestión Biden-Harris abusó del mecanismo de ‘parole’ humanitario al permitir “indiscriminadamente” el ingreso de más de 1.5 millones de inmigrantes en un intento por contener la presión migratoria sin un control adecuado. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la política de ‘parole’ humanitario se había extendido más allá de los límites permitidos por la ley federal, por lo que su eliminación busca “asegurar la frontera y terminar con los programas categóricos que exceden los límites legales”.
Inmigrantes en riesgo de deportación masiva
La revocación del programa afectará de manera significativa a miles de migrantes que no han podido regularizar su situación en Estados Unidos. Las cifras oficiales indican que el programa benefició a unas 532,000 personas, aunque se desconoce cuántas de estas aún conservan su estatus bajo el ‘parole’ o han logrado cambiarlo a otro estatus migratorio que les permita permanecer legalmente en el país.
Un informe de la organización Diálogo Interamericano estima que aproximadamente el 30% de los beneficiarios, es decir, alrededor de 30,000 nicaragüenses, lograron acogerse a otro estatus migratorio legal. Esto significa que unos 70,000 nicaragüenses que llegaron al país bajo el amparo del ‘parole’ humanitario ahora enfrentan la posibilidad de ser deportados a partir del 24 de abril si no regularizan su situación migratoria.
El abogado Harold Rocha, presidente del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (NALDEF), alertó que la cifra de nicaragüenses en riesgo de deportación podría aumentar considerablemente. «La cantidad de nicaragüenses a ser deportados de Estados Unidos aumentará considerablemente. Hay miles de compatriotas que vinieron huyendo de la represión y la violencia de un régimen dictatorial, y ahora se enfrentan a la incertidumbre y el miedo de ser enviados de regreso a un país donde su seguridad y sus vidas están en riesgo», explicó Rocha.
Deportaciones masivas: un nuevo capítulo en la política migratoria de Trump
La eliminación del ‘parole’ humanitario se enmarca en una serie de medidas más estrictas adoptadas por la administración Trump, que en las últimas semanas ha intensificado las deportaciones masivas de migrantes latinoamericanos. De acuerdo con datos oficiales, desde el 21 de enero de 2025, más de 26,124 migrantes han sido deportados en 79 vuelos militares y chárter con destino a países de Centroamérica y México. Entre ellos se encuentran miles de nicaragüenses que, a pesar de haber intentado regularizar su situación, se enfrentan a un retorno forzoso en condiciones de precariedad y vulnerabilidad.
Los registros también indican que hasta 10,000 nicaragüenses podrían ser deportados durante los primeros meses de 2025, según estimaciones preliminares proporcionadas por organizaciones de derechos humanos y abogados migratorios en Estados Unidos. En Nicaragua, estas personas son recibidas en condiciones precarias y con un panorama sombrío que incluye represión, persecución política y falta de oportunidades económicas.
Organismos internacionales, defensores de derechos humanos y organizaciones pro-migrantes han expresado su preocupación ante la medida, señalando que la política de mano dura de Trump violenta principios fundamentales del derecho internacional, especialmente en lo referido a la protección de personas en riesgo de persecución o tratos crueles e inhumanos si son devueltas a sus países de origen.
Incertidumbre para miles de nicaragüenses
El anuncio de la revocación del ‘parole’ humanitario ha generado pánico e incertidumbre en la comunidad migrante nicaragüense en Estados Unidos. Muchos de ellos huyeron del país centroamericano tras la represión ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2018, cuando el gobierno lanzó una brutal cacería contra quienes se atrevieron a protestar en las calles exigiendo libertad y democracia.
A medida que se acerca la fecha de entrada en vigor de la medida, organizaciones pro-migrantes están tratando de brindar asistencia legal a quienes podrían enfrentar procesos de deportación. No obstante, el panorama se muestra sombrío y lleno de obstáculos legales que ponen en riesgo la permanencia de miles de personas que solo buscan protegerse de la violencia y la represión en sus países de origen.
Esta medida, que está generando un fuerte rechazo de organizaciones internacionales y abogados especializados en derechos humanos, podría convertirse en uno de los golpes más duros para la comunidad inmigrante nicaragüense en Estados Unidos desde la llegada de Trump al poder.
