El sociólogo y economista Óscar René Vargas, en su último artículo de opinión, analiza la relación entre el Gran Capital y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, destacando cómo esta alianza ha incrementado la desigualdad y la inseguridad en el país. Vargas afirma que «las élites dominantes quieren seguridad sólo para sí» y que «no importa si para eso hay que asfixiar en inseguridad al 90% de la población».
«Está utilizando (el gobierno de Ortega) todo el poder físico y psíquico para que la ciudadanía se sienta tan vulnerable e intimidada por la represión que desestime cualquier tipo de resistencia social. Para lograrlo, contratan policías, militares, paramilitares (los llamados policías voluntarios) y sicarios de toda clase», señala el analista en su artículo de opinión.
Vargas destaca que la crisis sociopolítica ocurrida en abril de 2018 se dio de manera abrupta y no fue un «golpe de Estado planeado». Más bien, resultó en un desgaste progresivo del orden político, social, religioso, internacional y económico. En este contexto, las élites dominantes han mostrado una gran incapacidad política para reaccionar, lo que ha permitido a la dictadura prolongar su poder.
El opositor señala que la dictadura Ortega-Murillo ha evidenciado que los poderes fácticos no están comprometidos con la democracia, compartiendo con el régimen una preferencia por el autoritarismo. Según el autor, estos poderes prefieren un líder fuerte y autocrático antes que un proceso democrático de construcción de consensos.
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El artículo también aborda el «capitalismo de amiguetes» impulsado por la dictadura, el cual combina un modelo de acumulación con un componente financiero y de acumulación originaria de capital, practicado por la «Chayoburguesía». Este sistema se sostiene gracias a las fuerzas militares, policiales y paramilitares, perpetuando la dominación sociopolítica en beneficio de las élites.
Desde 2018, este modelo ha sufrido fisuras en sus pilares de sostenimiento y, aunque las élites han intentado neutralizar las grietas, no han logrado evitar el proceso de implosión. Vargas advierte que la dictadura no puede permanecer inmóvil ante estos hechos y buscará evitar que se acelere su decadencia.
El autor también menciona que el declive económico podría facilitar un nuevo pacto entre el Gran Capital y el régimen Ortega-Murillo. Ante el temor de un deterioro económico mayor, las élites podrían preferir un acuerdo con el régimen antes que perder el control político.
Vargas enfatiza que la alianza entre el Gran Capital y la dictadura Ortega-Murillo ha profundizado la desigualdad y la inseguridad en Nicaragua, beneficiando a una minoría a costa del bienestar de la mayoría de la población. Pese al silencio de la empresa privada y los millonarios del país, el régimen ha adoptado medidas de control; un ejemplo claro es la supervisión constante a la banca nacional.
