El sociólogo y analista político Óscar René Vargas sostiene que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue atravesando una crisis interna que carcome toda sus estructura y que acabará provocando una «implosión» que hará caer al régimen, sin embargo, advierte que, mientras la pareja tiránica se mantenga en el poder los nicaragüenses seguirán viviendo una severa crisis económica, política y social.
Vargas, quien fue reo político de la dictadura y luego desterrado y desnacionalizado, en un artículo de opinión divulgado este domingo, 10 de septiembre, sostiene que, el proceso de implosión del régimen de Nicaragua ha crecido, alimentado con la política represiva y los errores políticos que han cometido los propios dictadores.
Para Vargas, las estructuras del régimen se descomponen bajo la acción de unas «termitas sociopolíticas», mientras los dictadores para sostenerse aumentan la represión, y las demandas sociales y de democracia siguen acumulándose, con lo que aceleran su propia caída por implosión.
En su opinión, Vargas afirma que la dictadura se sostiene en tres pilares fundamentales: la alta burocracia estatal (Control total de los poderes del Estado), los militares y los policías. Estos estamentos conforman los principales anillos del poder y, por lo tanto «su estrategia es mantener la unidad entre ellos».
Se trata de tres grupos distintos, dice el sociólogo, controlados directamente desde la cúpula dictatorial y así los tiranos se aseguran la capacidad para «demoler cualquiera protesta social utilizando el sistema judicial, la represión policial-paramilitar y los órganos del poder central y municipal».
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Además, dice Vargas, los Ortega-Murillo aún pueden contar con una base social que puede aproximarse a unas 600 mil personas.
Asimismo, a manera de señalamiento y crítica, el analista político apunta que otro factor que ayuda a seguirse sosteniendo a la dictadura es la falta de unidad entre la oposición verdadera.
«El régimen piensa que el arroz ya se coció por la falta de una estrategia de la oposición desunida», dice el sociólogo, pero le advierte a la dictadura que mientras permanezcan en el poder «los desafíos se incrementarán y el estancamiento o declive económico del país será irreversibles» ya que solamente pueden resolverse mediante la resolución de la crisis sociopolítica que permita incentivar el trabajo, aumentar las inversiones y la productividad, algo que Ortega y Murillo no podrán hacer.
Asimismo, Vargas señala que la caída de los ingresos de los hogares nicaragüenses, la contracción de las inversiones, el incremento del desempleo, el estancamiento de los salarios, la incapacidad de poder comprar una canasta básica, así como el aumento de la informalidad laboral han provocado una masiva migración laboral, perdida de capital humano, mayor pobreza y deserción en la base social orteguista, que son también síntomas de la implosión de la dictadura.
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Otros síntomas del avance de ese proceso de implosión, según el sociólogo son, la opacidad, el fraude y el engaño que predominan en el ejercicio de su política cotidiana y contaminan a todas sus filas.
«El desprecio a las reglas, el incumplimiento a los acuerdos políticos y el rechazo a los otros se ha vuelto flagrante, es parte de la política del abuso del poder. Esta política está incrustada en las estructuras políticos y económicas de la dictadura, conformando un riesgo mayor para su funcionamiento estable, capaz de asegurar su propia reproducción», señala Vargas.
Agrega que los propios dictadores profundizan la crisis del régimen con el acoso a los empleados públicos porque dudan de su fidelidad política. «Ellos (los empleados públicos) viven en una especie de esclavitud política ya que tienen que acudir a las concentraciones promovidas por el régimen, los altos funcionarios viven país por cárcel porque no pueden viajar sin permiso expreso de la cúpula en el poder ya que tienen temor que deserten».
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Vargas agrega que los dictadores también ordenan «purgas o limpieza de personas dudosas de ser fieles a la dictadura en diferentes instituciones (policía, sistema judicial, jefes paramilitares, alcaldías, gobierno central, etcétera). Desconfían de todos y actúan contra esa desconfianza».
Asimismo, el analista señala que a todo eso se suma la represión a la iglesia, la expulsión de monjas y religiosos, prohibiciones de actos religiosos, el encarcelamiento a sacerdotes y al obispo Álvarez, lo que ha tenido un enorme costo político internacional y en su propia base social católica y creyente.
«La gran mayoría de la población se siente agravada por la falta de libertades, las condiciones económicas, el desempleo, la corrupción y la persecución policial y política. No hay empleo formal porque no hay inversión privada nacional e internacional», enfatiza Vargas.
