El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo firmó este martes un acuerdo con la empresa estatal China Communications Construction Company (CCCC) para facilitar un crédito que, según la dictadura, financiará la construcción del Proyecto Eólico «El Barro» en el departamento de Estelí. La suscripción del convenio se realizó por videoconferencia desde Managua y fue conducida por Laureano Ortega Murillo, hijo de los dictadores y asesor para la Promoción de Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional; Bruno Gallardo, ministro de Hacienda y Crédito Público; y Salvador Mansell, ministro de Energía y Minas.
El acuerdo se concretó cinco días después de la firma y publicación del Acuerdo Presidencial No. 28-2025, emitido por Daniel Ortega y Rosario Murillo como copresidentes de Nicaragua, el primer decreto firmado por ambos tras la entrada en vigencia de la reforma constitucional que les otorgó esa designación. En dicho acuerdo, los dictadores autorizaron al gobierno a negociar con CCCC un préstamo de aproximadamente 69.1 millones de dólares para la ejecución del proyecto eólico, cuyo costo total se estima en 85 millones de dólares.
Un acuerdo en la línea de la política de endeudamiento con China
El asesor presidencial Laureano Ortega Murillo, en línea con la narrativa ordenada por sus padres sobre su alianza con China, aseguró que el financiamiento otorgado por CCCC «fortalecerá las capacidades para atender la demanda de energía a nivel nacional y regional» y agradeció a la empresa estatal china por su supuesto «compromiso con el desarrollo de Nicaragua». Según el medio oficialista El 19 Digital, Ortega Murillo reiteró que el régimen continuará buscando financiamiento con CCCC para otros proyectos de infraestructura en el país.
Del otro lado de la pantalla, desde China, el presidente de CCCC, Shi Yingtao, calificó la firma del acuerdo como un paso fundamental para la ejecución del proyecto eólico. «Es un acto de firma muy significativo, porque simboliza la entrada de una nueva etapa de financiamiento de nuestro Proyecto El Barro, que va a sentar una sólida base para la aterrización de dicho proyecto», declaró, alineándose con el discurso oficialista sobre la relación con su empresa china.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, repitió el guion del régimen al asegurar que el proyecto se construirá en San Nicolás, municipio de La Trinidad, Estelí, una zona que, según la propaganda oficialista, tiene un «alto potencial eólico». Mansell también trató de presentar a la empresa china como un actor clave en el desarrollo energético del país, al afirmar que CCCC prevé instalar «unidades aerogeneradoras mucho mayores» que las utilizadas en proyectos previos en Nicaragua. Sin embargo, el régimen no ha mostrado estudios independientes que respalden estas afirmaciones ni ha detallado cómo se garantizará la eficiencia y rentabilidad del proyecto.
Aunque el decreto de Ortega autorizando esta firma del crédito decía que el monto del préstamo sería de 69.1 millones de dólares, ahora el ministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo, informó que la financiación china será de 76.5 millones de dólares, los que se complementarán con una contrapartida nacional de 8.5 millones de dólares. El funcionario de la dictadura dijo que antes de ejecutar el proyecto se realizarán estudios de preinversión, impacto ambiental, análisis topográficos y evaluaciones geotécnicas, aunque no precisó qué entidades estarán a cargo ni si estos estudios serán independientes.
«Hoy estamos firmando el contrato de financiamiento, pero a partir de aquí se desencadenan una serie de actividades en donde los equipos financieros de China y del Ministerio de Hacienda en Nicaragua vamos a desarrollar con bancos chinos y empresas aseguradoras, para que en el menor tiempo posible se puedan obtener los avales respectivos», explicó Gallardo. Sin embargo, el régimen tampoco ha especificado cuáles son las condiciones del crédito ni qué compromisos ha adquirido el país con China para obtener este financiamiento.
Silencio sobre los términos del crédito y la sostenibilidad del proyecto
A pesar de la propaganda oficialista en torno al convenio, el régimen no ha divulgado detalles sobre los términos del crédito con CCCC, incluyendo las tasas de interés, los plazos de pago y las garantías ofrecidas por el Estado nicaragüense. Tampoco se sabe cómo impactaría este proyecto en el precio de la energía en el país. Según datos de junio de 2024, el precio promedio de la electricidad para los hogares nicaragüenses es de 0.176 dólares por kilovatio-hora (kWh), mientras que para el sector comercial es de 0.211 dólares por kWh. Esto significa que una familia con un consumo de 100 kWh al mes paga aproximadamente 17.6 dólares, equivalentes a unos 642.5 córdobas al tipo de cambio actual.
A pesar de que el régimen justifica este tipo de proyectos con el argumento de fortalecer la producción de energía renovable en el país, que se supone es más barata que la energía producida con petróleo, no ha explicado cómo este nuevo parque eólico impactará en las tarifas eléctricas de los consumidores, que continúan pagando precios elevados en comparación con el promedio mundial de 0.151 dólares por kWh.
El acuerdo con la empresa china se da en un contexto en el que el régimen de Ortega ha profundizado sus relaciones económicas con Beijing tras la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán en 2021. Desde entonces, China se ha convertido en uno de los principales socios financieros de la dictadura, facilitando créditos para proyectos de infraestructura en sectores como telecomunicaciones, energía y transporte.
Mientras el régimen presenta la firma de este convenio como un avance para el país, persisten dudas sobre la viabilidad y transparencia del proyecto eólico «El Barro», así como sobre la sostenibilidad de la creciente deuda que Nicaragua está adquiriendo con China.
En total, la dictadura sandinista ha adquirido siete préstamos para proyectos de infraestructura vial, aeroportuaria, energía, gas y atención a emergencias. Desde diciembre de 2023, los siete préstamos con empresas ligadas al régimen chino han dejado una «jarana» de 981,539,958.99 dólares, un monto sin precedentes en la historia de los vínculos financieros entre ambos países y que compromete la capacidad de pago de Nicaragua en un futuro cercano.
Además, la dependencia creciente de financiamiento chino se da en un contexto donde Nicaragua enfrenta restricciones de acceso a fondos de organismos multilaterales y sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, lo que ha limitado otras opciones de financiamiento.
