El Ejército de Nicaragua fue partícipe de las expulsiones y destierros de opositores políticos. La institución militar ordenó vigilancia política en coordinación con altos cargos dentro de las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la Dirección de Investigación de la Policía Nacional.
Además, facilitó las áreas militares del Aeropuerto de Managua para abordar a los grupos de 135 y 222 exreos políticos, así lo confirmó el Grupo de Expertos Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
El informe del GHREN, publicado este miércoles, 26 de febrero, señala directamente al jefe y miembros de la Dirección de Información para la Defensa de estas vigilancias y se confirma que todas las acciones contra los opositores fueron bajadas desde Daniel Ortega hasta el jefe del Ejército, Julio César Avilés, a quien se le orientó coordinarse con otras instituciones para ejecutar los destierros.
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«Siguiendo las órdenes del presidente (Daniel Ortega), el comandante en Jefe del Ejército Nacional (Julio César Avilés), estuvo presente y facilitó el acceso al sector militar del aeropuerto internacional de Managua para las expulsiones de los 222 y 135 ex detenidos en febrero de 2023 y septiembre de 2024, respectivamente», indica el informe.
Igualmente, el Ejército, a través del IV Comando Militar Regional, participó de cinco expulsiones en la frontera terrestre sur con Costa Rica en coordinación con la Policía para expulsar a religiosas.
Otras instituciones que coordinaron junto al Ejército Nacional la expulsión de nicaragüenses son el Poder judicial, los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior, las municipalidades, la Asamblea Nacional, la policía, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y el Consejo Supremo Electoral.
El 9 de febrero de 2023, un Tribunal de Apelaciones de Managua ordenó la privación de la nacionalidad de los 222 nicaragüenses que estaban expulsando a los Estados Unidos de América por los delitos de «traición a la patria», siguiendo instrucciones de la pareja dictatorial.
Ese mismo día, la Asamblea Nacional modificó el artículo 21 de la Constitución sobre la prohibición absoluta de la privación de la nacionalidad para permitir la revocación de la nacionalidad de las personas designadas como «traidores a la patria».
