Este 21 de febrero de 2025, el general de ejército Julio César Avilés Castillo asume un nuevo período al frente del Ejército de Nicaragua, extendiendo su mandato hasta el año 2031. Esta renovación se da gracias a una serie de reformas legales promovidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que han permitido la permanencia indefinida de Avilés en el cargo y han consolidado su papel como un pilar clave en la estructura de poder de la dictadura.
La oficialización de su continuidad se produjo recientemente mediante un acuerdo presidencial publicado en La Gaceta, el diario oficial del Estado, donde se establece que Avilés dirigirá la institución castrense por otros seis años. Esta designación confirma el nivel de confianza que Ortega y Murillo han depositado en el general, quien ha garantizado la lealtad absoluta del Ejército al régimen sandinista.
Para la re-designación de Avilés, Ortega se escudó en una supuesta decisión del Consejo Militar. Según el tirano sandinista, este cónclave de generales «de forma unánime propuso, por su desempeño, méritos militares, profesionales y personales, al general del Ejército Julio César Avilés, para ocupar el cargo de comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, por un período de seis años, desde el 21 de febrero de 2025 al 21 de febrero de 2031», se lee en el Acuerdo 205-2024, que fue publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado 21 de diciembre.
Sin embargo, su permanencia ha generado controversia tanto dentro como fuera del país. Avilés es señalado por facilitar la represión estatal, permitir la operación de grupos paramilitares durante la crisis de 2018 y dirigir una institución vinculada a negocios millonarios. Además, su prolongada jefatura ha impuesto un tapón institucional que impide la renovación en la cúpula militar, bloqueando el ascenso de oficiales dentro de la cadena de mando.
Un general perpetuo: el camino de Avilés hacia el control total del Ejército
Julio César Avilés asumió la jefatura del Ejército de Nicaragua en 2010, tras ser designado por Daniel Ortega. Desde entonces, su continuidad en el puesto ha sido asegurada por una serie de modificaciones legales impulsadas desde el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, bajo control absoluto del oficialismo.
Inicialmente, la ley establecía que el cargo de comandante en jefe del Ejército tenía una duración de cinco años. Sin embargo, en 2014, Ortega promovió una reforma al Código Militar, permitiendo que Avilés fuese reelegido en 2015 y luego nuevamente en 2020.
Más recientemente, en noviembre de 2024, la Asamblea aprobó otra reforma que extendió el período del jefe del Ejército de cinco a seis años, lo que ha permitido que Avilés asuma nuevamente el cargo en 2025 y permanezca en el poder hasta 2031. Esta serie de cambios legales ha eliminado cualquier posibilidad de alternancia en el liderazgo militar, garantizando la estabilidad del régimen y la subordinación del Ejército a la dictadura de Ortega y Murillo.
Lealtad absoluta a Ortega y la represión en 2018
La permanencia de Avilés en el Ejército ha estado marcada por su fidelidad incondicional a Ortega y su papel en la represión de la disidencia. Durante la crisis sociopolítica de 2018, cuando estallaron las protestas contra el gobierno, el Ejército adoptó una postura que favoreció al régimen.
A pesar de que la Constitución establecía, hasta antes de la reforma que fue publicada la semana pasada, que en Nicaragua solo existían dos cuerpos armados legales (el Ejército y la Policía Nacional), Avilés permitió la operación de paramilitares que atacaron a manifestantes en las calles. Opositores y defensores de derechos humanos han acusado al Ejército de haber entrenado y abastecido de armas a estos grupos, integrados en su mayoría por exmilitares mandados a retiro en la década de los 90 o a exguerrilleros sandinistas del extinto Servicio Militar Patriótico (SMP) que combatieron a la Contra, en las montañas de Nicaragua, durante la década de los 80.
Estados Unidos y la comunidad internacional han sancionado a Avilés por su papel en la represión. En mayo de 2020, el Departamento del Tesoro de EE.UU. lo incluyó en la lista de funcionarios sancionados y lo acusó de «brindar apoyo a la policía y a las bandas paramilitares que llevaron a cabo crímenes contra el pueblo nicaragüense, incluidos ataques a los manifestantes durante los disturbios que comenzaron en abril de 2018».
Negocios y corrupción en el Ejército
Bajo el liderazgo de Avilés, el Ejército de Nicaragua ha incrementado su participación en el ámbito económico, controlando diversos negocios a través del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el brazo financiero de la institución castrense.
El IPSM administra empresas en sectores estratégicos, incluyendo el comercio, la construcción y la industria, acumulando grandes sumas de dinero sin fiscalización pública. La falta de transparencia ha generado acusaciones de corrupción, con denuncias de que los recursos militares han sido utilizados para favorecer a altos mandos leales al régimen.
Además, la influencia de Avilés ha permitido que oficiales cercanos sean promovidos a puestos clave dentro del gobierno, consolidando el control del Ejército por parte de Ortega y Murillo mediante el halago y la prebenda personal. Esta estructura ha convertido a la institución castrense en un pilar fundamental del aparato represivo del régimen.
El Ejército como garante de la dictadura
Con la continuidad de Avilés al frente del Ejército, Daniel Ortega y Rosario Murillo aseguran la lealtad absoluta de la institución militar. El general ha sido pieza clave para garantizar la estabilidad del régimen, evitando cualquier intento de fractura dentro de la cúpula castrense.
Su liderazgo perpetuo ha impedido la renovación dentro de las Fuerzas Armadas y ha consolidado un modelo donde la jefatura militar responde únicamente a los intereses del poder político. Mientras Avilés siga al mando, el Ejército de Nicaragua continuará operando como un brazo protector del régimen, garantizando la represión y el control social en el país.
La permanencia de Avilés en el poder es una muestra más de cómo Ortega y Murillo han destruido las instituciones democráticas en Nicaragua, utilizando el aparato militar para sostener una dictadura que persigue y elimina cualquier forma de oposición, amparados en la corrupción de ese extenso grupo de militares que mantienen estancada la promoción en las fuerzas armadas.
