Daniel Ortega sigue dando muestras de su afán de manosear al Ejército de Nicaragua y a la Policía, a quienes ha arrastrado hasta convertirlos en brazos armados de su dictadura dinástica.
En esta ocasión, Ortega está enviando dos iniciativas de ley para reformar el Código Militar y la Ley de la Policía para ampliar a seis años el periodo del jefe de ambas instituciones.
La primera iniciativa es la Ley de Reforma a la Ley No. 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar. Actualmente, el artículo 8 del Código Militar establece que el «El Comandante en Jefe del Ejército será nombrado por el Presidente de la República a propuesta del Consejo Militar por un período de cinco años. El nombramiento se efectuará el veintiuno de diciembre y tomará posesión el veintiuno de febrero del siguiente año a su nombramiento. La propuesta del Consejo Militar deberá enviarse al Presidente de la República por lo menos un mes antes de la fecha de su nombramiento. El Comandante en Jefe del Ejército saliente, continuará en el ejercicio del mismo hasta que su sucesor tomare posesión del cargo».
En la reforma que ya está en la tubería del Parlamento que opera bajo órdenes de Ortega y que se prevé la apruebe en las próximas horas, como es costumbre, Ortega establece que «el Comandante en Jefe del Ejército será nombrado por el Presidente de la República a propuesta del Consejo Militar por un período de seis años…».
En cuanto a la iniciativa de Ley de Reforma a la Ley No. 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, Ortega ordena hacer lo mismo con su consuegro y actual director de la entidad represiva.
La ley policial actual establece en su artículo 47, sobre el nombramiento del Director General que «El Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo de la Policía Nacional nombrará Director o Directora General de la Policía Nacional por un periodo de cinco años, entre los miembros de la Jefatura Nacional, que tengan el grado de Comisionado o Comisionada General. El nombramiento se efectuará los días cinco de julio del año en que corresponda y tomará posesión el cinco de septiembre del mismo año».
En su iniciativa de reforma, el dictador manda a que la disposición ahora diga que «El Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo de la Policía Nacional nombrará Director Directora General de la Policía Nacional por un periodo de seis años...».
La entronización de Avilés
El general de Ejército Julio César Avilés permanece atornillado al cargo de jefe de las fuerzas castrenses desde el año 2010, cuando sustituyó al general Omar Halleslevens, el último jefe armado que respetó el proceso de profesionalización y relevo del mando de la institución.
En el 2013, Ortega ordenó una reforma al Código Militar para abrir paso a la continuidad de la jefatura y Avilés, que tenía previsto dejar el puesto en el 2015, y decidió pausar el proceso de relevo.
En total, Julio César Avilés acumula tres periodos consecutivos (2010-2015; 2015-2020; 2020-2025), pero con esta nueva reforma que aprobará el Parlamento sandinista, ahora el jefe castrense no solo se podría quedar por un periodo más, sino que lo hará por seis años, en lugar de cinco.
La descomposición de la Policía
La Policía de Daniel Ortega también tiene un pasado de institucionalidad. El último jefe profesional que tuvo ese brazo represivo, que ahora opera como una estructura criminal de protección a la dictadura dinástica familiar de los Ortega Murillo, fue el Primer Comisionado Edwin Cordero Ardila.
Cordero entregó el bastón de mando policial en septiembre de 2006 a Aminta Granera, una exmonja que había hecho carrera en la institución y que maniobró con el expresidente Enrique Bolaños (2002-2007) para ser nombrada jefa de la Policía.
Granera fue designada y tenía cuatro meses en el cargo cuando asumió la presidencia Daniel Ortega, quien más adelante, el nuevo de enero de 2010, se encargaría de firmar el decreto 03-2010, que, en un abierto conflicto con la entonces Asamblea Nacional, de mayoría opositora, decidió prorrogar en los cargos a funcionarios de los Poderes del Estado a quienes en ese año se les vencería el mandato. La iniciativa fue conocida popularmente como «El decretazo».
El periodo en la jefatura de la Policía se le cumpliría a Aminta Granera en septiembre de 2011, pero ahí empezó la maniobra del dictador sandinista, quien decidió también que Granera se quedara, bajo el criterio de que todos los puestos eran prorrogables, independientemente de lo que decía la ley.
En el 2014, Ortega decidió «legalizar» la reelección de Granera y aprobó una primera reforma a la Ley de la Policía y determina que «El Presidente de la República, podrá prorrogar en el cargo al Director o Directora General de la
Policía Nacional de acuerdo a intereses de la nación», sin establecer límites de esa prórroga.
El 5 de julio de 2016 no nombró nuevo jefe policial como correspondía y mantuvo a Aminta Granera para un tercer período, hasta el 31 de julio de 2018, cuando a través del Acuerdo Presidencial 113-A-2018 la mandó a retiro. En total, la jefa de la Policía estuvo en el cargo al rededor de 12 años.
Desde el 2018, la dictadura instaló en el cargo a quien ya era subdirector de la institución y quien además se había convertido en consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el comisionado general Francisco «Paquito» Díaz.
Díaz ha estado en el puesto en obediencia ciega y total a las órdenes de sus consuegros y no le discute las órdenes de tener que apretar los gatillos si es necesario y de encarcelar a cualquier ciudadano que exprese una crítica contra la dictadura sandinista, para contener cualquier resistencia cívica en el país y consolidar el régimen dinástico del FSLN.
