Régimen suma 10,100 paramilitares en el Norte y Caribe de Nicaragua, y supera los 37 mil agentes encapuchados

La dictadura de Nicaragua sumó otro bloque de paramilitares a la llamada «Policía Voluntaria» que no es más que trabajadores de instituciones públicas obligados, y seguidores del orteguismo, a quienes el gobierno cubre con capuchas negras y viste de ropas blancas para ocultar que esta fuerza paralela a las instituciones armadas son sus mismos trabajadores.

Este bloque de 2,000 paramilitares juramentados este 18 de febrero en Bilwi, Puerto Cabezas se suman al grupo de 4000 servidores públicos juramentados este pasado lunes, 17 de febrero, de los municipios de Siuna, Bonanza, Rosita y otros pertenecientes al Triángulo Minero, en el Caribe Norte de Nicaragua.

También se suman los 4,100 agentes encapuchados de Jinotega que fueron juramentados el pasado fin de semana, lo que daría un total de 10,100 paramilitares solamente en estos últimos días. Sumado a los 27,276 que llevaba hasta el 13 de febrero de este año, da un total de 37,376 efectivos encapuchados al servicio del régimen.

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El sancionado consuegro de Ortega y primer comisionado de la Policía Nacional, Francisco Díaz, repite en cada juramentación el mismo discurso que busca sembrar en la mente de los trabajadores y servidores públicos, que están al servicio del país «para mantener la paz» y además les agradece el servicio «voluntario» que brindan al régimen.

Ortega constitucionalizó a los paramilitares como «policias voluntarios» en una reforma casi total que realizó a la Carta Magna sin una constituyente, por lo que dicha figura se mantiene como una falta grave al estado de Derecho del país, además se adjudicó el control total de los poderes del Estado, y recientemente entregó poderes a la Policía y el Ejército para gastos millonarios sin fiscalización de la Contraloría General de la República.

Díaz recordó también el papel que jugaron los paramilitares luego de la rebelión cívica del 2018, tras las protestas antigubernamentales, que el régimen ordenó reprimir usando a trabajadores y simpatizantes sandinistas a quienes les entregaron armas de alto calibre para atacar al pueblo nicaragüense. Esa embestida violeta dejó la muerte de más de 350 personas.

La comunidad internacional ha condenado el uso de estas fuerzas parapoliciales y paramilitares que operan desde el anonimato contra la oposición en Nicaragua.