Eurodiputados quieren que la Corte Penal Internacional investigue a Ortega y Murillo por sus crímenes de lesa humanidad

Los eurodiputados votarán este jueves una resolución de condena a la represión continuada del régimen nicaragüense. Esta vez la presión aumentará, ya que el bloque de 27 países solicita a la Corte Penal Internacional que investigue por criminales de lesa humanidad a Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Para ello, los parlamentarios han tomado como antecedentes primordiales la violencia del Estado contra manifestantes a partir de las protestas de 2018. Esa opresión es sistemática, repetida y arbitraria. Está enfocada en defensores de los derechos humanos, opositores y representantes religiosos, dice el borrador del documento.

La propuesta destaca la disolución de más de 5600 ONG, confiscaciones ordenadas por Ortega y Murillo. Igualmente, recalca la ilegal revocación de la nacionalidad y privación de derechos políticos tanto a los «opositores políticos encarcelados como a los defensores de los derechos humanos; que, desde 2018, han sido detenidos o expulsados arbitrariamente 245 miembros del clero, incluido el obispo Rolando Álvarez, finalista del Premio Sájarov». 

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Otra de las consideraciones es la aprobación de la reforma constitucional que «elimina la separación de poderes y el pluralismo político al establecer una copresidencia de Ortega y Murillo que controla todos los poderes del Estado, las instituciones independientes y los medios de comunicación, y hace caso omiso a la adhesión a los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos». 

Igualmente, la resolución apela a que Nicaragua quede fuera del Acuerdo de Asociación (Ada) con la Unión Europea, petición que se vendría a sumar a la posibilidad planteada por Estados Unidos de «remover» al país del tratado comercial firmado con Centroamérica y República Dominicana.

Estos son los puntos que incluye la propuesta de resolución común:  

1. Condena en los términos más enérgicos las violaciones sistémicas y generalizadas de los derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega y Murillo contra la población, la oposición democrática, los estudiantes y las organizaciones de la sociedad civil (OSC), así como la persecución de líderes religiosos, principalmente católicos; exige la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y el restablecimiento del Estado de Derecho y del estatuto jurídico de todas las organizaciones, las libertades y los derechos de las personas exiliadas, incluido su retorno seguro; insiste en que estas son condiciones previas esenciales para cualquier perspectiva de diálogo significativo;

2. Denuncia el uso de la apatridia y el exilio como arma contra las voces disidentes; reitera la necesidad de poner fin a las restricciones al espacio cívico y de respetar el derecho a la disidencia;

3. Pide al régimen de Ortega y Murillo que revoque su reforma constitucional y todas las leyes represivas que institucionalizan el totalitarismo, que respete plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que aplique las recomendaciones formuladas por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua; pide que se amplíe su mandato;

4. Pide a la Unión que incluya garantías específicas de respeto de los derechos humanos a la hora de asignar fondos de la Unión, incluso a través de instituciones multilaterales y financieras, y que vele por que los fondos no contribuyan a reforzar el régimen de Ortega y Murillo;

5. Destaca el papel clave que desempeñan las OSC, los defensores de los derechos humanos, la Iglesia católica y los periodistas en Nicaragua; pide a la Unión que refuerce su diálogo periódico con ellos, incluidos los exiliados, para apoyar su vital labor, y que haga lo mismo con los países que acogen a migrantes que huyen de Nicaragua, como Costa Rica;

6. Pide a los Estados miembros que, de conformidad con el Estatuto de Roma, inicien investigaciones a través de la Corte Penal Internacional sobre el régimen de Ortega y Murillo por crímenes contra la humanidad;

7. Reitera su petición de que se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación de la Unión; rechaza cualquier perspectiva de diálogo parlamentario con miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua controlada por el régimen;

8. Pide de nuevo que se amplíe la lista de personas sancionadas para incluir a Ortega, a Rosario Murillo y a su círculo de allegados;

9. Pide la extradición inmediata de Alessio Casimirri a Italia.