El Parlamento Europeo (PE) tiene programado pronunciarse este próximo 13 de febrero sobre la continuidad de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Desde el inicio de las protestas sociales en abril de 2018, los eurodiputados han condenado la represión ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la ciudadanía y en consonancia han aplicado sanciones contra operadores políticos del gobierno sandinista, incluida Rosario Murillo.
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Las violaciones sistemáticas de derechos humanos que han afectado a activistas, opositores políticos, defensores de derechos humanos y hasta líderes religiosos serán enmarcados en una nueva resolución que llegan a menos de un mes de la aprobación de una reforma total a la Constitución Política de Nicaragua que garantiza la sucesión dinástica y monta un sistema conformado por dos copresidentes: Ortega y Murillo.
«El jueves, los eurodiputados adoptarán una resolución detallando su posición sobre la represión del régimen nicaragüense, en particular contra los activistas de derechos humanos, la oposición y las comunidades religiosas. Este será el primer pronunciamiento del PE sobre la situación en Nicaragua desde el inicio de la legislatura, en julio de 2024», explica el comunicado.
Además, recuerda que «en la anterior legislatura (2019-2024), el PE adoptó siete resoluciones denunciando la deriva autoritaria y la persecución de la disidencia por parte del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo».
Esta resolución evidencia que la atención internacional hacia la crisis nicaragüense continúa presente. El Parlamento Europeo ha instado al régimen sandinista a respetar los derechos humanos y restaurar la democracia en el país.
La represión en Nicaragua ha sido objeto de preocupación internacional, con informes sobre detenciones arbitrarias, hostigamiento a periodistas y activistas, así como restricciones a la libertad de expresión y reunión. La comunidad europea ha manifestado su solidaridad con el pueblo nicaragüense y ha presionado al régimen a poner fin a las violaciones de derechos humanos, incluida los destierros y apatridia.
El bloque de 27 países tiene en su lista de funcionarios sancionados a 21 nicaragüenses y tres entidades estatales, señaladas de corrupción, fraudes electorales y violaciones a los derechos humanos.