La Unión Democrática Renovadora (Unamos) advirtió que los cambios «parciales» a la Constitución Política de Nicaragua aprobadas por el régimen sandinista traerían consecuencias graves para la región.
La alerta la hicieron ante la Alianza Progresista de las Américas. Héctor Mairena, miembro de la junta directiva de Unamos, resaltó que la reforma constitucional «impone un nuevo marco jurídico que trae consigo muchas consecuencias», incluyendo consecuencias negativas para la región, por lo que llamó la atención que «esta situación no puede pasar desapercibida».
El opositor llamó a «los partidos amigos de la Alianza Progresista, de Europa, de América Latina, para que los parlamentos, por ejemplo, se pronuncien en contra de esta barbaridad. Cualquier medida de tipo económico y político golpea a la dictadura».
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La excarcelada política Suyen Barahona, expresidenta de Unamos, también participó del conversatorio y recordó que parte de sus demandas es que «se siga visibilizando la situación que estamos enfrentando en Nicaragua».
La opositora denunció que en las cárceles de Nicaragua todavía hay más de 30 personas encerradas por motivos políticos y que recientemente, en esta semana, el régimen excarceló a un grupo de al menos 40 que tenía en situación de desaparición forzada, que fueron detenidos a partir del 22 de noviembre, justamente, tras las reformas constitucionales.
La Cancillería de la dictadura de Nicaragua, representada por Valdrack Jaentschke e Iván Lara Palacios, defendieron esta semana el derecho del régimen de recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) para obligar a los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a elegir a un operador político de Ortega en la Secretaría General de ese organismo.
Sin embargo, el politólogo opositor Félix Maradiaga advierte que el régimen de Managua, tras su separación de la Organización de Estados Americanos (OEA), no debería tener ni voz ni voto en el organismo unionista.
Durante una entrevista ofrecida en el oficialista Canal 8, uno de los medios de la propaganda oficial, propiedad de la familia dictatorial, los operadores políticos de Ortega, Valdrack Jaentschke e Iván Lara, utilizados como canciller y como vicecanciller respectivamente, intentaron justificar la acción de sus jefes políticos de recurrir a la CCJ mediante una solicitud de «consulta obligatoria» para que emitan una opinión jurídica sobre la elección de uno de los funcionarios fanáticos sandinistas como secretario general; sobre el derecho del Estado de Nicaragua a proponer terna y terminar su periodo en el cargo.
Tanto el canciller Jaentschke como su vice, en su intento por hacer ver a la dictadura Ortega-Murillo como víctima, miente, al asegurar que los países que se oponen a la elección del secretario general del SICA entre los propuestos por Ortega, están violando la soberanía de Nicaragua, que están siguiendo intereses extrarregionales (de Estados Unidos) y que sus candidatos sí cumplen con los requisitos.
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Maradiaga, consultado por Artículo 66, devela las falsedades de la dictadura y lo que llama «inmoralidad» del régimen al recurrir a instancias internacionales cuando es el gobierno que más ignora las resoluciones de organismos regionales como la OEA, la CIDH y la Corte-IDH.
«Es una ironía que la dictadura de Ortega-Murillo, que ha hecho de la violación sistemática del derecho una marca distintiva de su régimen, ahora pretenda recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) para exigir que se respete un supuesto “derecho” que ellos mismos han pisoteado», sostiene el exprisionero político desterrado por el régimen de Managua.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo «renunció» a Heyddy Loredana Calderón Palma como ministra del Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena) y en su lugar nombró a Javier Antonio Gutiérrez Ramírez, según el acuerdo presidencial 203-2024 publicado en la Gaceta-Diario Oficial.
En el historial del nuevo titular se recuenta que Gutiérrez Ramírez fue nombrado viceministro del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena) el 13 de agosto de 2018 y fue destituido del cargo el 26 de marzo del 2024; sin embargo, el acuerdo presidencial donde se oficializa la destitución se dio a conocer hasta el 3 de abril.
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En ese mismo acuerdo también fue destituido como secretario de Cambio Climático de la Presidencia de Nicaragua, el cual ejercía desde el 6 de mayo de 2021.
La destitución de Gutiérrez, en ese entonces, coincidió con la cancelación del desembolso de 64.1 millones de dólares que haría el Fondo Verde para el Clima de la ONU para financiar el Proyecto Bio-CLIMA en Nicaragua, del cual Gutiérrez era encargado, por lo que al parecer «fue castigado» por no lograr el desembolso.
