Ortega no ganará nada en la CCJ porque magistrados no pueden obligar al SICA a elegir a quien no reúna requisitos 

Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo no ganarán nada en la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), instancia regional a la que recurrieron tratando de obligar a cuatro países de la región a que elijan como secretario general del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) a uno de sus candidatos propuestos, quienes ya han sido rechazados varias veces porque no reúnen los requisitos, según opinan expertos en derecho internacional y diplomacia, consultados por Artículo 66.

Este martes, 10 de diciembre, el régimen Ortega-Murillo, a través de su cancillería, recurrió ante la CCJ mediante un recurso conocido como «solicitud de consulta obligatoria», con la que pretende que la instancia jurídica de la región, interprete el Protocolo de Tegucigalpa y emita su opinión obligando a Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana a aprobar la elección de uno de los candidatos de Ortega a la Secretaria General del SICA.

Esos cuatro países han rechazado en cuatro ocasiones, a al menos 9 candidatos propuestos por la administración sandinista porque los postulados no reúnen las calidades requeridas y establecidas en el mismo Protocolo de Tegucigalpa.

La Secretaría General del SICA está acéfala desde noviembre de 2023, cuando el entonces secretario general, propuesto por Nicaragua, Warner Vargas, renunció sorpresivamente, según informó el régimen de Managua. Desde entonces los Ortega-Murillo han propuesto tres ternas y todas han sido rechazadas por los gobiernos de Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

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Estos gobiernos argumentan que los candidatos no reúnen las cualidades requeridas por el SICA para el cargo que por reglamentación del Sistema le toca ejercer a Nicaragua por un periodo de cuatro años, que se vence en noviembre de 2026.

Los requisitos

El artículo 26 del Protocolo de Tegucigalpa establece que «el Secretario General es el más alto funcionario administrativo del SICA y tiene la representación legal de la misma».

Los requisitos establecidos por el documento constitutivo del organismo para ocupar ese puesto son, entre otros: «ser nacional de cualquiera de los Estados Miembros, persona de reconocida vocación integracionista, “con alto grado de imparcialidad, independencia de criterio e integridad”.

Los propuestos del régimen son fichas leales a Ortega y Murillo, considerados operadores políticos al pleno servicio del matrimonio dictatorial y además, todos han estado comprometidos con la represión, violaciones a los derechos humanos y hasta crímenes de lesa humanidad.

Recurrir a la Corte Centroamericana es un alarde propagandísticos para hacerse las víctimas

Ante los constantes rechazos a sus candidatos y luego de varias reacciones ofensivas contra los estados miembros que no aprueban sus propuestas, el ejecutivo de Ortega decidió intentar presionar mediante la CCJ, un órgano en el que, para los analistas, puede controlar y conseguir una «opinión» que le endulce el oído, pero que no va a cumplir con sus pretensiones de obligar a que se elija a sus candidatos sin que cumplan los requisitos establecidos.

Para un exdiplomático nicaragüense que conoce muy bien el funcionamiento del SICA y que pidió mantener en reserva su identidad, la CCJ tiene competencia para una «consulta» que no es más que una «interpretación jurídica de los estatutos del SICA» en lo referido a la elección del secretario general.

En el artículo 22 del acta constitutiva de la CCJ se establece que, dentro de sus competencias está «actuar como órgano de Consulta de los órganos u organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, en la interpretación y aplicación del «Protocolo de Tegucigalpa de reformas a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)», y de los instrumentos complementarios y actos derivados de los mismos».

Asimismo, en el artículo 23 se ordena que «los Estados podrán formular consultas con carácter ilustrativo a la Corte sobre la interpretación de cualquier Tratado o Convención Internacional vigente; también, respecto a conflictos de los Tratados entre sí o con el Derecho Interno de cada Estado».

El exdiplomático analiza que Ortega, con el apoyo de los magistrados de Honduras y el Salvador podría conseguir una «opinión favorable», sin embargo, eso sería solo en sentido de que al Estado de Nicaragua le corresponde proponer ternas, y que la Secretaría General del SICA no debe estar acéfala. «Ortega no ganará nada en la CCJ», advierte.

Por su parte, el secretario ejecutivo del El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH), Danny Ramirez-Ayérdiz, señala que la consulta que ha sometido el régimen de Ortega ante la CCJ no tendrá mucho eco dado que los candidatos a la SG-SICA rechazados en realidad no reúnen las cualidades y calidades para optar al cargo pues al igual que el gobierno Ortega-Murillo, han mantenido un discurso «altamente parcializado, incluso anti-centroamericano».

El abogado y defensor de los derechos humanos recordó que los funcionarios postulados por la dictadura nicaragüense «no están en arreglo al primer principio del protocolo de que es la protección y la tutela de los derechos humanos en Centroamérica, entonces busca someter (a elección) a estas personas que no tienen esas calidades y sobre todo con relación a las violaciones de derechos humanos que ha cometido».

El abogado sostiene que el tirano busca es presionar a la Corte para que emita una opinión que le favorezca más como propaganda porque una «opinión» no es vinculante, dice el abogado, sin embargo, puede ser esgrimida por el régimen de managua para hacerse la víctima y si no le favorece esa opinión, puede tomar represalias que podrían incluir hasta la expulsión de los magistrados extranjeros pues la sede de la CCJ está en Managua. 

Otro aspecto que señala Ramírez-Ayérdiz es que Ortega está reclamando por un derecho que tienen los estado miembros del SICA pues en el mismo Protocolo de Tegucigalpa está establecido que los estados pueden rechazar las ternas propuestas por el estado al que le corresponde proponer.

En tanto, Álex Aguirre, exfuncionario del SICA, señala que se debe tener en cuenta en primer lugar que la evaluación de los candidatos a la SG-SICA no recae en la Corte Centroamericana sino en el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, conforme el artículo 35 del protocolo de Tegucigalpa.

En ese sentido, le recuerda a la dictadura que «la legitimidad de cualquier candidato está condicionada por el contexto político del gobierno que lo nomina».

En esa línea sostiene que, la Carta Democrática Interamericana y el Estatuto de la CCJ establecen que «los principios de democracia respeto a los derechos humanos y transparencia son esenciales para los Estados miembros del SICA» y por ello es que los estados que rechazan las propuestas del régimen de Managua están enterados del «historial de violaciones sistémicas por parte del régimen nicaragüense, lo que deslegitima cualquier argumento de mérito técnico, por lo que sería impropio que la Corte valide una nominación que no refleja los valores fundamentales del sistema regional»,

García advierte que, con esa acción «el régimen sandinista de Ortega y Murillo busca instrumentalizar la Corte Centroamericana de Justicia para presionar políticamente a los Estados miembros del SICA».

Asimismo, el joven analista le enrostra a la dictadura que, según el protocolo de Tegucigalpa el secretario general debe ser designado «por consenso de los Estados miembros», lo que refleja la naturaleza democrática y colegiada del sistema, sin embargo, la dictadora Ortega-Murillo, al recurrir a la CCJ «intenta forzar una legitimación que no puede obtener por medios diplomáticos, buscando desviar la atención de su aislamiento internacional y violaciones constantes a la Carta Democrática Interamericana y al respeto por los derechos humanos», es decir, Ortega trata de actuar «por sus  pistolas», rompiendo el consenso en el SICA.