Estas son las noticias más importantes del 11 de diciembre de 2024

Panamá se quejó ante Nicaragua por las actividades políticas del expresidente panameño Ricardo Martinelli en la embajada nicaragüense, donde se asiló hace 10 meses para evitar ir a prisión, informó el canciller Javier Martínez-Acha.

«La semana pasada convocamos a la embajadora de Nicaragua [Consuelo Sandoval Meza], le expresamos nuestra preocupación por las expresiones que se dan dentro de la embajada», dijo el canciller panameño en una entrevista con el canal Telemetro.

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Además, «le pedimos a la república de Nicaragua que, por favor, hiciese de la embajada lo que siempre ha debido ser en materia de asilo: solamente asilo, y no un foco de reuniones políticas», añadió.

Martinelli, de 72 años y quien gobernó Panamá de 2009 a 2014, se asiló el 7 de febrero tras perder el último recurso judicial para evitar cumplir una condena a casi una vez años de cárcel por blanqueo de capitales.

En la embajada opina sobre temas panameños en las redes sociales y es visitado con frecuencia por aliados políticos.

Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo no ganarán nada en la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), instancia regional a la que recurrieron tratando de obligar a cuatro países de la región a que elijan como secretario general del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) a uno de sus candidatos propuestos.

Los postulantes han sido rechazados varias veces porque no reúnen los requisitos, según opinan expertos en derecho internacional y diplomacia, consultados por Artículo 66.

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El 10 de diciembre, el régimen Ortega-Murillo, a través de su Cancillería, recurrió ante la CCJ mediante un recurso conocido como «solicitud de consulta obligatoria», con la que pretende que la instancia jurídica de la región, interprete el Protocolo de Tegucigalpa y emita su opinión obligando a Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana a aprobar la elección de uno de los candidatos de Ortega a la Secretaria General del SICA.

Esos cuatro países han rechazado en cuatro ocasiones, a al menos 9 candidatos propuestos por la administración sandinista porque los postulados no reúnen las cualidades requeridas y establecidas en el mismo Protocolo de Tegucigalpa.

El dictador Daniel Ortega, nuevamente, a través de la creación de leyes que envía a sus diputados, demuestra la desconfianza que tiene en las instituciones públicas y el horror que le produce la idea de sufrir un atentado.

El caudillo sandinista envió a la Asamblea Nacional una la iniciativa de ley de «regulación y empleo de medios aéreos, navales y terrestres no tripulados», con la que deja prohibido el uso de drones en todo el país, a menos que sean autorizados por la Presidencia, es decir, por él mismo.

La iniciativa de ley enviada por Ortega contiene 11 artículos. Uno de los más controversiales, el artículo 9, establece que todos estos medios aéreos, navales y terrestres no tripulados que ya estén en uso y en poder de personas naturales o jurídicas, deben ser entregados.

«Las personas naturales o jurídicas que, a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, tengan en su poder medios aéreos, navales y terrestres no tripulados, deberán informar y entregar dichos medios en un término de 30 días a la autoridad de aplicación. En caso contrario, incurrirá en violación expresa a la presente ley, por lo que será objeto de las acciones administrativas o judiciales que correspondan», reza parte del artículo 9 de dicha iniciativa.

También, ordena a la Dirección General de Servicios Aduaneros que, en un plazo no mayor de 30 días, «entregue a la autoridad de aplicación el registro y bases de datos de medios aéreos no tripulados que han ingresado al país cumpliendo la tramitología de los servicios aduaneros».