Daniel Ortega sigue dando muestras de su afán de manosear al Ejército de Nicaragua y a la Policía, a quienes ha arrastrado hasta convertirlos en brazos armados de su dictadura dinástica.
El dictador de Nicaragua envió dos iniciativas de ley para reformar el Código Militar y la Ley de la Policía para ampliar a seis años el periodo del jefe de ambas instituciones.
La primera iniciativa es la Ley de Reforma a la Ley No. 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar. Actualmente, el artículo 8 del Código Militar establece que «el Comandante en Jefe del Ejército será nombrado por el Presidente de la República a propuesta del Consejo Militar por un período de cinco años.
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El nombramiento se efectuará el veintiuno de diciembre y tomará posesión el veintiuno de febrero del siguiente año a su nombramiento. La propuesta del Consejo Militar deberá enviarse al Presidente de la República por lo menos un mes antes de la fecha de su nombramiento. El Comandante en Jefe del Ejército saliente, continuará en el ejercicio del mismo hasta que su sucesor tomare posesión del cargo».
Además, establece que «el Comandante en Jefe del Ejército será nombrado por el Presidente de la República a propuesta del Consejo Militar por un período de seis años…».
En cuanto a la iniciativa de Ley de Reforma a la Ley No. 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, Ortega ordena hacer lo mismo con su consuegro y actual director de la entidad represiva.
La ley policial actual establece en su artículo 47, sobre el nombramiento del Director General que «El Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo de la Policía Nacional nombrará Director o Directora General de la Policía Nacional por un periodo de cinco años, entre los miembros de la Jefatura Nacional, que tengan el grado de Comisionado o Comisionada General.
El nombramiento se efectuará los días cinco de julio del año en que corresponda y tomará posesión el cinco de septiembre del mismo año».
En su iniciativa de reforma, el dictador manda a que la disposición ahora diga que «El Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo de la Policía Nacional nombrará Director Directora General de la Policía Nacional por un periodo de seis años...».
Enrique Martínez, activista opositor y vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), señaló que estas reformas enviadas por los dictadores tienen «implicaciones profundas para la política interna del país y refuerzan el control autoritario del régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, conectado también con el afianzamiento del modelo autoritario que crearon con las recientes reformas constitucionales».
Valoró que al extender estos períodos de los mandatos policiales y militares el sandinismo «asegura la continuidad de un liderazgo alineado a los intereses, lo que produce un riesgo de fracturas internas o movimientos opositores dentro de las instituciones».
La exguerrillera Dora María Téllez, analista política, historiadora e investigadora, apuntó que todos estos cambios enviados por el régimen, y los que ya ha concretado como los de la Constitución Política, «son una manifestación de debilidad. Es decir, no hay ninguna necesidad, no tendrían ninguna necesidad de hacer eso si el régimen no tuviera una debilidad que todavía no ha salido completamente a la luz».
«Los últimos movimientos defensivos en relación a los sancionados, de agarrar la Constitución y desbaratarla, establecer el sistema dictatorial en el cuerpo de la Constitución y dejar ahí eliminados los derechos humanos, políticos y sociales de los nicaragüenses, todo eso es una muestra de la debilidad del régimen, que pretende encarar su debilidad con un papel», señaló la opositora nicaragüense, excarcelada y desterrada política del orteguismo.
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Téllez asegura que la fragilidad y debilidad del régimen Ortega-Murillo radica en que «no tiene respaldo político en Nicaragua, porque está completamente aislado a nivel internacional y porque financieramente tampoco las cosas andan bien, ya que la economía nicaragüense resiente el hecho de que millones de nicaragüenses hayan salido, que haya problemas de mano de obra, que la inversión no se active porque, ¿quién va a confiar en un régimen que no da independencia judicial? Lo que están mostrando Ortega y Murillo es una profunda debilidad».
Los diputados de la Asamblea Nacional al servicio de la dictadura Ortega-Murillo aprobaron el 25 de noviembre la Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones, conocida solo como Ley de los Sancionados, con la que pone en peligro a la banca privada nacional.
Con votación unánime, es decir también con el voto favorable de los diputados zancudos, los sandinistas aprobaron la nueva norma legislativa con la que el régimen procura proteger a todos sus operadores políticos, entre los que se cuentan varios de sus testaferros, para que las sanciones que les ha aplicado la comunidad internacional, no sean asumidas por instituciones bancarias nacionales.
En su justificación para poner en vigencia esa nueva normativa, el operador político de los dictadores Gustavo Porras, quien funge como presidente de la la Asamblea Nacional sandinista y además es uno de los sancionados, insistió que la Ley aprobada por ellos «protege a los nicaragüenses y sus instituciones ante sanciones y agresiones realizadas por Estados o grupos de Estados, Gobiernos u organismos extranjeros, que atenten y pongan en peligro la soberanía, la seguridad, los planes de Desarrollo de Nicaragua y perjudiquen las finanzas y el libre comercio exterior e interior».
