Los diputados de la Asamblea Nacional al servicio de la dictadura Ortega-Murillo aprobaron este lunes, 25 de noviembre, la Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones, conocida solo como Ley de los Sancionados, con la que pone en peligro a la banca privada nacional.
Con votación unánime, es decir también con el voto favorable de los diputados zancudos, los sandinistas aprobaron la nueva norma legislativa con la que el régimen procura proteger a todos sus operadores políticos, entre los que se cuentan varios de sus testaferros, para que las sanciones que les ha aplicado la comunidad internacional, no sean asumidas por instituciones bancarias nacionales.
En su justificación para poner en vigencia esa nueva normativa, el operador político de los dictadores Gustavo Porras, quien funge como presidente de la la Asamblea Nacional sandinista y además es uno de los sancionados, insistió este mismo lunes que, la Ley aprobada por ellos, «protege a los nicaragüenses y sus instituciones ante sanciones y agresiones realizadas por Estados o grupos de Estados, Gobiernos u organismos extranjeros, que atenten y pongan en peligro la soberanía, la seguridad, los planes de Desarrollo de Nicaragua y perjudiquen las finanzas y el libre comercio exterior e interior».
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La normativa, que entrará en vigencia una vez que sea publicada en La Gaceta, Diario Oficial, algo que podría ocurrir esta misma semana, obliga a la banca nacional a no acatar las sanciones internacionales contra ciudadanos nicaragüense, es decir, más de 50 operadores políticos de la dictadura y por lo menos una docena de instituciones, entre gubernamentales y empresas privadas, ligadas al poderío financiero del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
En esencia, tras la entrada en vigencia de la Ley, todas las instituciones financieras en Nicaragua deberán reabrir cuentas bancarias y reactivar fondos congelados, en caso de haberlos, a todos los funcionarios del régimen que hayan sido sancionados por EE.UU., Canadá y la Unión Europea.
El banco que no proceda de conformidad con lo que establece la nueva Ley de la dictadura, se expone a cierres temporales, definitivos, o incluso, sus directivos o propietarios se exponen a ser encarcelados bajo acusaciones de traición a la patria, según lo manda la misma normativa.
El problema es que con esta nueva ley, Daniel Ortega pone a la banca nacional entre la espada y la pared, porque si no acta la nueva Ley de los Sancionados, se arriesga a cierres y cárcel, pero si cumple con esa medida extorsiva de la dictadura, también se pone al borde del abismo, porque su futuro ahora depende de si los bancos de Estados Unidos con los que las instituciones financieras locales tienen corresponsalías, que les sirven para poder mover dinero a cualquier parte del mundo.
Si al final la banca norteamericana decide bloquear a los bancos nicaragüenses para evitarse multas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos o de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las instituciones bancarias de Managua quedarían aislados y sin posibilidades de operar más allá de las fronteras, incluyendo, imposibilitados de recibir remesas y transferencias desde otros países, lo que de paso también aislará a las empresas comerciales.