El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende esquivar las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá, Suiza o la Unión Europea a sus operadores e instituciones que han sido señalados por estos países o grupos de países como criminales y violadores de derechos humanos.
La dictadura envió a la Asamblea Nacional, que controla en su totalidad, una nueva ley que titula: «Iniciativa de Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas», con la que pretende, directamente, obligar a los bancos e instituciones financieras a eludir las restricciones financieras internacionales y abrir las cuentas y servicios para las personas sancionadas dentro del territorio nacional, sin importar los riesgos que representan para la banca en el sistema de control financiero internacional.
El artículo 2 de la iniciativa que ya está en la tubería legislativa establece que, una vez que sea aprobada, la ley «será aplicada por todas las instituciones a nivel nacional, regional y municipal, así como por las personas naturales y jurídicas, sean estas públicas o privadas en todo el territorio nacional».
Como parte de la justificación del régimen, dice que las sanciones internacionales «tienen como objetivo debilitar la soberanía y el derecho a la autodeterminación de otro Estado, ejerciendo presión sobre individuos, grupos entidades dentro de su territorio, con el fin de influir en sus decisiones políticas o económicas».
Agrega la dictadura que «estas medidas tienen como propósito ampliar los efectos de las Medidas Coercitivas Unilaterales o beneficiarse de las mismas, mediante la inobservancia de obligaciones o la omisión de actos que estarían obligados a cumplir conforme a la legislación nacional o los contratos vigentes. Entre dichas medidas pueden incluirse, entre otras, la negativa a realizar transacciones o servicios que en condiciones normales serían proporcionados».
Declaran nulas las sanciones
La obligatoriedad que pondrá en peligro a la banca nacional, por sus nexos y controles que le impone el sistema financiero internacional viene en el artículo 4 de la iniciativa sandinista: «En Nicaragua, se declaran nulas y sin efecto jurídico alguno las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, Gobiernos u Organismos Extranjeros que violen el derecho internacional. Estas sanciones carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional, independientemente de su naturaleza o alcance».
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Más adelante, en el segundo párrafo del mismo artículo Ortega insiste que «Ninguna entidad o persona, bajo argumento de sanciones, podrá negar o suspender la provisión de bienes y servicios privados y públicos, sean estos comerciales y financieros, a las personas naturales y jurídicas, entidades privadas e instituciones del Estado».
El tercer párrafo del artículo 4 dice que «tampoco le serán aplicables las sanciones, a las adquisiciones necesarias para salvaguardar la integridad, seguridad y defensa nacional», con lo que pretende blindar las operaciones financieras y empresariales dentro de Nicaragua para efectos de la adquisición de bienes, armas, equipos o materiales para la Policía o el Ejército.
Banqueros entre la espada y la pared: cárcel y cierre o expulsados del sistema internacional
Las instituciones financieras y sus directivos o gerentes están ahora bajo amenaza de cárcel por «traición a la patria» o cierre temporal o definitivo de operaciones si no acatan lo que establecerá está ley, una vez que sea aprobada.
Pese a que el régimen de Ortega sabe que los bancos están también en la mira de las instituciones de control financiero internacional que les prohíbe tener nexos con personas e instituciones sancionadas, el tirano sandinista ha decido empujar su maquinaria y obligarlos a que se arriesguen junto a él.
«Las entidades reguladoras del Estado, deberán garantizar que las instituciones reguladas cumplan con el ordenamiento jurídico del Estado, pudiendo imponer sanciones y multas, de conformidad a su marco regulatorio, a las entidades bajo su regulación que violen los derechos de los usuarios y consumidores al aplicar sanciones emitidas por un Estado o grupos de Estados, Gobiernos u Organismos Extranjeros», advierte Ortega.
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«Las instituciones públicas reguladoras podrán aplicar medidas adicionales a los infractores que lleguen a la suspensión temporal o definitiva de sus operaciones», dice la iniciativa.
Agrega además que esa posibilidad de cierre de operaciones de un banco es «sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan por el delito de Traición a la Patria».
Además, las personas sancionadas a quienes los bancos les hayan cerrado cuentas, podrán, según establece esta ley en el artículo 6, «solicitar la restitución del servicio prestado y el resarcimiento de los daños si procede», dice la parte final del texto de la nueva ley de 7 artículos que podría ser aprobada sin mayor trámite en las próximas horas.
¿Por qué los bancos estarán en doble peligro?
Los bancos nicaragüenses forman parte de una red financiera mundial que se conoce como el sistema Swift. Esta red la conforman más de 11.000 entidades financieras y más de 200 países y territorios. Es una red a gran escala que permite que los pagos transfronterizos sean rápidos, fáciles y seguros.
Pero así como estar en el sistema Swift les permite mover pagos y transacciones internacionales con rapidez, también las somete a reglas de control de activos, prevención de lavado de dinero y, por supuesto, bloqueo de operaciones bancarias nacionales o internacionales a personas que han sido sancionadas por algunos países.
Si Ortega los obliga, mediante esta ley a eludir esa restricción a los sancionados, entonces los bancos locales se pondrán en la mira de los sistemas de control internacional y podrían sacarlos del sistema Swift y con eso impedirles cualquier tipo de transacción internacional.
«Es que si el gobierno los obliga a eso y los bancos son expulsados del sistema Swift, los bancos en Nicaragua quiebran por sí solos. Ortega no tendría necesidad de cerrarlos, porque si a los bancos se les cierran las operaciones internacionales, se acabó. No podrán mover un solo dólar. No podrán realizar transacciones de ningún tipo, ni podrán tener vínculos con bancos corresponsales, que generalmente están en Estados Unidos», explicó una fuente que ha estado ligado por varios años al sector empresarial del país, pero que aceptó opinar bajo condición de anonimato.
Explicó además que los banco corresponsales «actúan como intermediarios para realizar operaciones que requieren acceso a mercados a los que el banco nicaragüense no tiene acceso directo y «ahí estará el problema», insiste el informante.
Los sancionados
Desde el 2018 a la fecha, Estados Unidos ha sancionado a alrededor de 50 operadores y funcionarios sandinistas y por lo menos una docena de empresas e instituciones, entre entidades del Estado y entidades comerciales privadas, a quienes Washington ha identificado como parte de la estructura represiva de la dictadura de Daniel Ortega.
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Los sancionados nicaragüenses han sido señalados de violar derechos humanos, de reprimir a los nicaragüenses opositores, de fabricar juicios ilegales y facilitar el desmantelamiento de la democracia y las libertades públicas mediante fraudes electorales y socavamiento de las instituciones. También han sido acusados de enriquecimiento ilícito y corrupción.
Después de Estados Unidos, varios de estos sancionados también han sido designados por otros países y grupos de países como Canadá, Suiza y la Unión Europea.
Entre los impedimentos y bloqueos, estos personajes han sido purgados del sistema financiero, por lo que no pueden abrir cuentas bancarias ni tener tarjetas de débito o crédito. Tampoco pueden acceder a créditos de ningún tipo.
Además, los países que los han designado en estas listas de criminales internacionales han prohibido a sus ciudadanos la posibilidad de entablar vínculos comerciales o empresariales y si tenían bienes a su nombre en esos territorios, fueron congelados.
