El libre acceso a la información, libertad de expresión y de prensa en Nicaragua, que el régimen Ortega-Murillo ha limitado y criminalizado en los últimos años, con las reformas a la Constitución que la dictadura sandinista envió al Parlamento, quedarán totalmente barridas.
La reforma parcial a la Constitución de Daniel Ortega incluye modificaciones importantes en los artículo 66, 67 y 68, todos relacionados a derecho a la información y al libre ejercicio de la prensa.
El artículo 66, según la reforma planteada por la dictadura de los Ortega Murillo, se leerá: «Los y las nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir ideas e información por cualquier medio, sin atentar contra los principios fundamentales contemplados en esta constitución».
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En ese artículo modificado se limita el derecho a la información veraz al señalar que esto sólo se puede ejercerse si no «atenta» contra lo que a juicio del gobierno ahora son principios fundamentales del país, definidos en esa misma reforma a la Constitución, como «revolucionarios».
En el caso del artículo 67, tras la reforma, se leerá: «El derecho a informar es una responsabilidad social y se ejerce con estricto respeto a los principios fundamentales establecidos en la constitución». La modificación sustancial en este artículo, además de limitar el derecho a informar sobre la base de principios sandinistas, está referida a que se elimina lo relacionado a que dicho «derecho no puede ser sujeto de censura, sino a responsabilidades ulteriores establecidas en la Ley».
Los cambios en el artículo 68 de la Constitución Política que cocina actualmente el régimen en su Asamblea Nacional son todavía más radicales, ya que el nuevo artículo establece que «el Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos del pueblo. La ley regulará está materia».
«Formalizan control total de medios de comunicación»
El abogado Salvador Marenco, miembro del equipo jurídico del Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explicó que esta «reforma» enviada por Ortega, que a su juicio es un cambio total, «elimina a nivel constitucional el derecho a la libertad de expresión, de información por parte de los medios de comunicación».
Además, señaló que esta también plantea «un control total que va a tener el Estado, ya que, de hecho el artículo 68 reformado, menciona textualmente que el Estado de Nicaragua vigilará a los medios de comunicación y principalmente a que no divulguen noticias falsas».
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«La Ley 1042 o Ley Especial de Ciberdelitos -aprobada en 2020- se terminó convirtiendo, en los últimos años, en una de las principales armas que a través de las leyes permiten la represión a la población dentro y fuera. Entonces, al régimen no le bastó el cierre de 56 medios de comunicación en Nicaragua, sino que también quieren controlar cualquier espacio de comunicación, porque recordemos que esto no solo es a los medios de comunicación como tal, sino que es el derecho a buscar, difundir información, también afecta a los demás nicaragüense dentro y fuera del país, ya que estamos hablando de que los nicaragüenses ya no podrán comentar, interactuar, denunciar con libertad a través de redes sociales, porque están imponiendo autocensura generalizada», explicó el abogado nicaragüense.
Además, señaló que esta reforma que claramente podría ser aprobada en los próximos días, puesto que el sandinismo controla la Asamblea Nacional, «termina de formalizar lo que ya se ha venido dando, un control total a los medios de comunicación, un cierre absoluto a cualquier medio de comunicación independiente, y una imposición general de la autocensura por parte de la población (…). Están limitando de forma absoluta la circulación de la información, pero no solo de la denuncia de violaciones a derechos humanos, sino cualquier información que vaya contraria a lo que a juicio de ellos (el gobierno) sea bueno».
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La modificación al artículo 68, además de amenazar a los medios con criminalización bajo señalamientos de noticias falsas, concepto que quedará a discreción de lo que considere el régimen que es falso, también se le elimina a este artículo todo lo relacionado a garantías en las que se abordaba la importancia de los medios de comunicación, beneficios de exenciones de impuestos, la no monopolización de estos y sobre todo que no pueden ser objetos de censura.
El actual artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua, sin la reforma que plantea Ortega, establece:
- «Los medios de comunicación, dentro de su función social, deberán contribuir al desarrollo de la nación. Los nicaragüenses tienen derecho de acceso a los medios de comunicación social y al ejercicio de aclaración cuando sean afectados en sus derechos y garantías».
- «El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo. La Ley regulará está materia».
- «La importación de papel, maquinaria y equipo y refacciones para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos, así como la importación, circulación y venta de libros, folletos, revistas, materiales escolares y científicos de enseñanza, diarios y otras publicaciones periódicas estarán exentas de toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales. Las leyes tributarias regularán la materia».
- «Los medios de comunicación públicos, corporativos y privados no podrán ser objeto de censura previa. En ningún caso podrán decomisar, como instrumento o cuerpo de delito, imprentas o accesorios, ni cualquier otro medio o equipo destinado a difusión del pensamiento».
