Estas son las noticias más importantes del 18 de noviembre de 2024

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ha condenado al Estado de Nicaragua, representado por el dictador Daniel Ortega, a indemnizar a las comunidades indígenas del Caribe por daños ocasionados con el fallido proyecto del Canal Interoceánico, una inversión ambiciosa que la dictadura sandinista utiliza como parte de sus promesas faraónicas y que hasta ahora se han quedado en el papel y la propaganda, pero que mantiene bajo amenaza a miles de nicaragüenses que habitan en la llamada franja canalera.

La Corte-IDH dio lectura el 18 de noviembre a la sentencia en el caso de la demanda interpuesta por los pueblos Rama y Kriol, comunidad negra creole indígena de Bluefields y otros, contra el Estado de Nicaragua, por violación a sus derechos como comunidades originarias del Caribe con el proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua, que la dictadura había concedido a un turbio empresario chino, en detrimento de las propiedades de los pueblos autóctonos y del medio ambiente.

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Tras la lectura de sentencia de fondo de la Corte-IDH, que contó con el voto a favor de cuatro jueces y uno en contra, el tribunal continental decidió condenar a la dictadura de Ortega a resarcir los daños ocasionados con ese proyecto a las comunidades caribeñas.

Pese a que el Estado de Nicaragua fue citado a comparecer a la lectura de sentencia que se llevó a cabo en San José, Costa Rica, ningún representante oficial del régimen de Managua se hizo presente.

Básicamente, el tribunal internacional declara a Nicaragua «responsable internacionalmente por la falta de protección de propiedad comunitaria y de consulta adecuada respecto de los pueblos rama y kriol y la comunidad negra indígena creole de Bluefields» con la implementación de acciones encaminadas  a la ejecución del proyecto del Gran Canal que resultó fallido.

El dictador Daniel Ortega presentó ante los chinos comunistas una nueva ruta para la construcción de su delirante Canal interoceánico, que siempre iniciaría en el puerto caribeño de Bluefields, pasando por Zelaya Central, Chontales y atravesaría el Lago de Managua o Xolotlán y luego lo enrumbaría por la ruta hacia Occidente para terminar en el Puerto de Corinto, en el océano Pacífico.

El tirano nicaragüense, obsesionado con la obra que ya fracasó una vez tras la «embarcada» que le dio el chino Wang Jing, que resultó ser un embaucador en quiebra, esta vez presentó una ruta de 425 kilómetros que pasaría por el departamento de Managua y el lago Xolotlán.

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La nueva línea canalera presentada por Ortega siempre nace en el Puerto de Bluefields y termina en el Puerto de Corinto, pero dividida en tres segmentos. El primer segmento es llamado «Segmento Caribe», nace en el propio puerto blufileño; se extiende por 68 kilómetros y llega hasta un «lago artificial, El Escondido», donde, según el proyecto del tirano, se construiría «la esclusa El Escondido».

Luego dibujaron el «segmento central» de 252 kilómetros, que atraviesa los bosques húmedos tropicales de El Rama, Nueva Guinea y sale a las sierras de Chontales, pasa por el departamento de Boaco, en terrenos próximos al Lago de Nicaragua o Cocibolca y llega al departamento de Managua, justo al municipio de San Francisco Libre.

El tercer tramo es el llamado «segmento Xolotlán», de 55 km, que inicia en San Francisco Libre, entrando a las aguas del lago de Managua y sale por el municipio de La Paz Centro, que es donde nace el último tramo llamado «segmento Pacífico», de 70 kilómetros, que se extiende entonces hasta el Puerto de Corinto, donde se construiría una esclusa llamada «La Fuente», y ahí concluiría el canal de Ortega.

El régimen de Ortega y Murillo ha pretendido presentar ante la ONU el tema de las desnacionalizaciones de opositores como un asunto de «soberanía nacional», es decir, que nadie se debe meter en eso porque es asunto de «Nicaragua con sus ciudadanos».

Para Azahálea Solís, la posición del régimen de Managua es pura «mentira y cinismo» porque los tiranos pretenden imponer en la comunidad internacional que quita las nacionalidades porque son de Nicaragua, «algo así como: la maté porque era mía», ejemplifica la abogada.

Asimismo, la UDJ explica que el registro de la privación arbitraria de la nacionalidad en Nicaragua en el caso de la activista feminista y abogada de esa organización abre hitos para el abordaje de la apatridia en este país centroamericano que desde hace varios años está seriamente cuestionado en la comunidad internacional por una serie de violaciones a derechos humanos.

En primer lugar, dice la organización de abogados, «el comité tiene la oportunidad de sentar un criterio sobre los patrones de represión en Nicaragua, en especial contra las personas defensoras de derechos humanos».

Además, a partir del reconocimiento y registro oficial ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU del primer caso de apatridia en Nicaragua, se puede desarrollar «nueva jurisprudencia sobre varios derechos no contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».

Asimismo, «puede ser el primer caso en el que el Comité declare la violación autónoma al “derecho a defender derechos humanos”, marcando un avance importante para la protección de este a nivel mundial».