La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo está intentando nuevamente chantajear a los gobiernos integrantes de Sistema de Integración Centroamericano (SICA), con la denuncia de una supuesta «usurpación» de las funciones de la Secretaría General del organismo, pero en realidad, lo que busca es presionar para que finalmente le acepten a una de sus candidatas para ese cargo, algo que probablemente no va a ocurrir por la falta de idoneidad de las propuestas, opinan analistas consultados por Artículo 66.
El régimen de Managua, a través de la vocera gubernamental y vicedictadora, Rosario Murillo, denunció esta semana que la Dirección Ejecutiva del SICA está usurpando funciones que le competen a la Secretaría General por haber mandado a los Estados miembros unas propuestas de agenda de trabajo y de presupuesto para el 2025.
La acción ejecutada por la Dirección Ejecutiva del organismo regional encoleriza a la dictadura nicaragüense que se sintió ignorada en su demanda de nombramiento del secretario general, que viene tratando de conseguir desde noviembre del año pasado.
Dictadura de Managua quiere mantener paralizado el SICA
Para el dirigente opositor en el exilio Héctor Mairena, la denuncia de supuesta usurpación de funciones de la Secretaría General denunciada por la dictadura no es más que una «pataleta» y «un chantaje más» de los dictadores Ortega y Murillo, que se sienten apartados e ignorados en sus pretensiones de lograr que se nombre en el cargo de secretario general a una de sus operadoras políticas propuestas.
Mairena sostiene que la reacción de Ortega-Murillo es porque en realidad son ellos los que quieren que el organismo regional se mantenga paralizado para poder presionar por el nombramiento que buscan.
La Secretaría General está acéfala desde noviembre de 2023, cuando el funcionario que ocupaba ese cargo a propuesta de Nicaragua, Warner Vargas, renunció sorpresivamente tras un año en el puesto. Para algunos analistas, el directivo del organismo fue obligado a renunciar por el régimen de Managua para poder poner en su lugar a uno de sus operadores políticos que no le discuta sus intentos de manejar desde El Carmen, la sede del Ejecutivo, la agenda del secretariado del SICA.
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No obstante, la maniobra diplomática no le salió bien a los dictadores, pues sus propuestas para ocupar el cargo no han sido aceptadas por los Estados miembros. Nicaragua tiene el derecho a proponer el secretario general para un periodo de cuatro años, que se vence en 2026.
«La reacción de Rosario Murillo sobre la comunicación de la Dirección Ejecutiva del SICA enviada a los estados miembros es una pataleta frente a la no aprobación de las candidatas que han propuesto para la Secretaría General», señala Mairena.
No existe tal usurpación
Mairena explica que la supuesta usurpación de funciones que denuncia la dictadura de Nicaragua y que le achaca a la Dirección Ejecutiva del organismos no existe.
«Hay que decir que la Dirección Ejecutiva tiene una responsabilidad de echar adelante las decisiones del Consejo Consultivo del SICA y yo asumo que la comunicación que ha dirigido esa instancia está en el marco de sus atribuciones», señala el analista.
Afectivamente, Artículo 66 consultó los estatutos constitutivos del SICA y sus reformas y en el apartado dedicado a la Dirección Ejecutiva establece que esa instancia «es el órgano responsable de llevar a cabo las tareas ejecutivas y administrativas del Comité Consultivo. También es la instancia encargada de gestionar las estrategias, los planes, programas y proyectos de la entidad, así como el área de comunicación».
Asimismo, las normas del Organismo establecen que la Dirección Ejecutiva «trabaja en coordinación con el resto de órganos de la institución, manteniendo una especial cercanía con el Directorio.
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Entre sus responsabilidades se encuentran: Fungir como Secretaría del Directorio del CC-SICA. Ejecutar las iniciativas que surjan de la Asamblea Plenaria y del Directorio del CC-SICA y Ejecutar la gestión de los programas y proyectos del CC-SICA».
Además, se encargan de «Promover y gestionar proyectos para el CC-SICA. Mantener y promover la comunicación con las instancias orgánicas del CCSICA y sus redes, con la institucionalidad y autoridades del SICA, con gobiernos e instituciones u organizaciones nacionales, multilaterales o de terceros países».
En ese sentido, el opositor en el exilio sostiene que el reclamo del régimen Ortega-Murillo es infundado, pues la Dirección Ejecutiva sí está facultada para enviar las comunicaciones que Murillo denuncia como usurpación de funciones.
Agrega que, en toda esa reacción de la dictadura, lo importante es denunciar «la especie de chantaje que está haciendo el régimen a los Estados miembros del SICA, por cuanto quiere que haya una parálisis en tanto no se designa a una de sus postuladas».
Dictadura se equivoca al creer que Secretaría general le pertenece
Un exdiplomático nicaragüense que conoce de cerca el funcionamiento del SICA, confirma que la Secretaría General de ese organismo sí está facultada para poner a funcionar el organismo en caso de no haber un secretario general como sucede actualmente y como ya ha sucedido en dos ocasiones anteriores.
Para el exdiplomático, que prefiere no ser citado con su nombre, el régimen Ortega-Murillo se equivoca cuando intenta presionar por imponer a una operadora política en el cargo, pretendiendo que la instancia del SICA funcione bajo su mandato y subordinada a los dictadores.
«Debe tenerse en cuenta que el cargo de secretario general, aunque le corresponde a Nicaragua proponer al funcionario que lo ocupará, una vez nombrado no responde a Nicaragua sino al Sistema de Integración, es decir al Consejo Consultivo y todos los estados miembros. No se subordina al Estado que pertenece», explica el exfuncionario de exteriores.
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Asimismo, coincide en que es la dictadura Ortega-Murillo la interesada en mantener paralizado el SICA como una manera de chantaje para obligar a los estados miembros a aceptar sus propuestas.
«Si el régimen quiere que funcione el SICA como debe ser, tiene que empezar por proponer para la Secretaría General a candidatos idóneos, que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo», sentenció el analista.
Ortega ha propuesto dos ternas para ocupar el cargo vacante, sin embargo ninguno de sus candidatos ha sido aceptado porque todos están relacionados directamente con la represión y algunos con crímenes de lesa humanidad.
La última terna de la dictadura está integrada por la diputada y fanática del FSLN, Arling Patricia Alonso; la ministra de Interior e instrumento de las confiscaciones de ONG, María Coronel Kinloch; y la extitular de Salud y actual asesora presidencial con rango de ministra para asuntos de Salud, Sonia Castro; la misma que ordenó cerrar las puertas de los hospitales públicos y subvencionados para negar atención médica a los heridos en las protestas sociales de 2018.
