El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está solicitando a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que lo dejen formar parte de la búsqueda de solución al conflicto entre Israel y Palestina, y como primera medida, pide que suspendan de la Asamblea General de la ONU al Estado judío por, supuestamente, estar practicando el «apartheid» contra el pueblo palestino.
En una extensa carta, firmada por el canciller de la dictadura, Valdrack Jaentschke Whitaker, enviada al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el régimen de Managua le recuerda todo lo que, según dicen, han hecho para apoyar al pueblo palestino y sus acciones para condenar lo que llaman genocidio y ocupación de esos territorios.
La carta inicia señalándole al alto funcionario de la ONU que refieren a la «Nota Verbal DPPA/DPO/MED/2024/01945» sobre la implementación de la resolución ES-10/24 de la Asamblea General titulada «Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la ilegalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado».
En ese sentido, insisten que «Nicaragua comparte lazos históricos y expresiones mutuas de fraternidad y solidaridad con Palestina, siendo el primer país centroamericano en establecer relaciones diplomáticas con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), en 1979, y de los primeros países en reconocer oficialmente a Palestina como Estado independiente».
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Además, los dictadores aseguran que siguen siendo respetuosos del derecho internacional y «su firme compromiso con el Estado de Derecho a nivel internacional, la búsqueda del anhelado entendimiento, la convivencia pacífica entre Naciones y continúa promoviendo la Cultura de Paz», aunque en Nicaragua sigue escalando la represión y provocando el desplazamiento forzado de miles de nicaragüenses.
La dictadura de Managua pretende ignorar que ese mismo organismo ha emitido informes en los que se señala al Estado de Nicaragua como violador de los derechos humanos de su pueblo y a los dictadores Ortega y Murillo como los principales perpetradores de crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, en su carta, los tiranos de Nicaragua buscan erigirse como respetuosos de los derechos humanos y en ese sentido piden ser tomados en cuenta en la búsqueda de una solución al conflicto en Medio Oriente, recordando a la ONU que el Estado de Nicaragua es parte de las demandas por «genocidio» contra Israel, junto a Sudáfrica.
«En Enero de 2024, el Gobierno de Nicaragua, como estado parte de la Convención Contra el Genocidio, conforme a su obligación de prevenir el genocidio y cooperar con tal fin con las demás partes contratantes, presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una solicitud para participar en el caso incoado por Sudáfrica contra Israel, el 29 de diciembre, 2023, relacionado a la “Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza”», insiste el régimen de Managua.
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Ortega también le recuerda a la ONU que, en Febrero de 2024, responsabilizó directamente a los gobiernos del Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Canadá, por «violaciones flagrantes y sistemáticas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Consuetudinario, incluido el Derecho sobre la ocupación en los Territorios Palestinos Ocupados, en particular la Franja de Gaza».
También agrega, como parte de sus acciones, que rompió relaciones diplomáticas con Israel en solidaridad con Palestina.
Tras todas esas acciones, la dictadura de los Ortega-Murillo asegura que «puede aportar para realizar acciones concretas, ya sea en la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea General y todos su Órganos Multilaterales».
Asimismo, en la misiva al secretario general de la ONU la tiranía nicaragüense, pese a que ignora los informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACNUDH), ahora piden que «se requieren de todos los estudios e investigaciones realizadas por los diferentes mecanismos de Naciones Unidas, que comprueban que Israel practica un sistema de segregación y apartheid».
