«Confesión» del jefe de la Policía, Francisco Díaz, fue introducida como prueba en acusación contra Ortega y Murillo en Argentina

El abogado argentino Darío Richarte, profesor de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional, quien dirige junto con un grupo de penalistas —desde octubre de 2022— una acusación contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y otros 30 funcionarios, ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del Poder Judicial con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, informó a través de sus redes sociales que integraron una «prueba muy importante» en el proceso.

«El día de hoy hemos introducido una prueba muy importante: la confesión de Francisco Díaz. (…) En esas declaraciones el jefe de la Policía Nacional de Nicaragua atribuyó responsabilidad directa a Daniel Ortega y a Rosario Murillo como los autores de las órdenes para ejecutar la represión de los reclamos sociales del año 2018», indicó Richarte en su cuenta de X.

Además, cuestionó si el primer comisionado Francisco Díaz «¿Habrá querido con estas declaraciones acumular prueba que en el futuro atenúen su responsabilidad penal?». Pero, seguidamente, aclaró que esto no cree que el cómplice de la dictadura orteguista pueda conseguirlo.

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Las declaraciones a las que se refirió el abogado argentino fueron a las que el jefe de la Policía y consuegro de Ortega y Murillo, Francisco Díaz, ofreció el pasado 10 de octubre a la cadena de noticias rusas RT.

Francisco Díaz: «Cumplimos la orden que nos dio nuestro presidente»

Díaz, en dicha entrevista, además de afirmar que la Policía es «sandinista» y que sus miembros son «militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional», aseguró que en el año 2018, en el contexto de las protestas sociales que la Policía orteguista reprimió con brutalidad, solo cumplieron la orden del «jefe supremo» de la Policía, es decir, del dictador Daniel Ortega.

«Nosotros cumplimos la orden que nos dio nuestro presidente de la República, nuestro jefe supremo, (Daniel Ortega). La orden fue de nuestro jefe supremo, de reconcentrarnos, hasta que -producto de ellos- el diálogo no funcionó, debido a la posición vandálica, golpista de esta gente, (entonces) se nos dio la orden para garantizar la paz, restituir la paz en el país, la seguridad, la tranquilidad y que las familias nicaragüenses pudieran seguir trabajando en paz y con alegría», aseguró Díaz al referirse a la forma en que despejaron, a punta de balas, los tranques que la población nicaragüense alzó en protesta contra el régimen orteguista.

Además, reiteró el discurso de la dictadura sandinista relacionado a que las protestas sociales eran un supuesto intento de golpe de Estado. «En el año 2018, como es sabido, el intento de golpe de Estado, que fue planificado, financiado y organizado por los Estados Unidos, con sus aliados internos, un sector de la iglesia católica, empresarios, oenegés, en contubernio de los Estados Unidos de América, fuimos atacados por estos grupos de golpistas, terroristas, vandálicos. Nos destruyeron decenas de unidades de policía, nos incendiaron unidades de transporte (…) y lo más preciado, la vida, nos asesinaron a 22 policías (…) eso en términos de la Policía, pero a nivel nacional nos asesinaron a decenas de compañeros sandinistas. Les quemaron casas solo por el hecho de ser sandinistas, hospitales, centros de salud, buses, alcaldías, instituciones de nuestro buen gobierno. Esa gente destruyó la economía del país», apuntó el primer comisionado de la Policía.

El abogado Salvador Marenco, máster en Derecho Público y especialista en Amparo y Procesal Constitucional, y defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en entrevista con Artículo 66, refirió que las declaraciones de Díaz muestran «un desdoblamiento de la realidad, una negación constante de la verdad y de los graves hechos que han sucedido en Nicaragua».

«Ellos (los policías) quedaron detenidos en tres meses de 2018, cuando se establecieron tranques en protesta y como forma de protección de la población civil ante los ataques de la Policía Nacional y de sus agentes paraestatales, y dentro de ese contexto brinda algunos datos. Sin embargo, obvia brindar datos sobre los más de 800 mil nicaragüenses que han salido del país producto de la represión, los más de 300 muertos que fueron privados de la vida producto de la represión estatal y paraestatal, y todos los informes aplastantes de Acnudh, Ghren, sobre las violaciones a derechos humanos que se han cometido, y se siguen cometiendo en Nicaragua», señaló el defensor del Colectivo.

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El abogado nicaragüense, previo al aviso de Richarte sobre el uso de las declaraciones de Díaz como una prueba en el juicio que se ejecuta contra los dictadores y 30 funcionarios más, indicó que las palabras del primer comisionado y director de la Policía Nacional, efectivamente, podían «ser utilizada en un proceso por crímenes de lesa humanidad», aunque, resaltó que «desde antes de esa declaración, era sumamente claro el tema de la cadena de mando, constitucionalmente desde 2014, para someter a la Policía Nacional y ponerse como jefe supremo de la Policía, Ortega reformó la Constitución».

También, señaló que, pese a que Díaz habló sobre que en Nicaragua se restituyó la paz, en el país «la paz no ha sido restituida, todo lo contrario, se ha establecido un sistema policial de facto en el que se han suspendido todos los derechos de los nicaragüenses. Un sistema en el cual las personas viven con terror por las detenciones ilegales, desapariciones forzadas, torturas, destierros, persecución política constante, entre otras situaciones».