El lunes, ocho de noviembre de 2021, el Centro Penitenciario La Modelo, de Managua, informó que, durante el recorrido matutino por las celdas encontraron sin vida al privado de libertad Santos Sebastián Flores Castillo. Según los carceleros de la dictadura, el hombre habría muerto producto de un infarto.
Su familia, un buen porcentaje de la opinión pública y organizaciones defensoras de derechos humanos no creyeron la versión de los guardias penitenciarios por una gigantesca razón que se opone a toda «casualidad»: el hombre encontrado sin vida era nada más y nada menos que el abogado que unos años antes había denunciado públicamente al dictador sandinista Daniel Ortega de haber abusado sexualmente y embarazar a su hermana cuando ella tenía 15 años.
Otra razón convencía a la familia del hombre fallecido en la cárcel de que no se trataba de una «muerte natural» ni de suicidio, como lo quisieron hacer ver al inicio, sino de un asesinato lento, paulatino, progresivo, mediante torturas, vejámenes y tratos crueles e inhumanos hasta quitarle la vida para «silenciarlo». La familia asegura que el cadáver de su pariente presentaba marcas de tortura, extrema delgadez y golpes.
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Tanto los familiares como organizaciones de derechos humanos exigieron a las autoridades penitenciarias que se realizara una nueva autopsia y que se hicieran públicos los resultados, pero eso nunca se logró. El hombre pagó con su vida haber defendido a su hermana del abuso sexual al que habría sido sometida por Ortega, quien ya antes había sido denunciado por otro abuso sexual contra su propia hijastra o hija legal, porque la había adoptado, Zoilamérica, hija de su mujer, hoy vicedictadora, Rosario Murillo.
Origen de la tragedia
Santos Sebastián era un abogado y notario público que litigaba en los juzgados de Managua y llevaba una vida como el promedio común de nicaragüenses: trabajando para vivir. Era parte de una prole de 8 hermanos entre los que se contaba Elvia Junieth, una jovencita que para el 2005 tenía 15 años.
Ese año, cuando Ortega iniciaba su «precampaña» con miras a las elecciones presidenciales de 2006, la familia Flores Castillo, como buenos sandinistas que eran, se sumaron a todas las actividades proselitistas y ahí empezó la tragedia.
La jovencita Elvia Junieth tuvo la mala suerte de que Ortega se fijara en ella y, tras fotos y cercanía con el caudillo sandinista, según relató el hermano en su denuncia ante organismos de derechos humanos, empezaron una «relación» que, aunque haya sido con el consentimiento de la joven, era ilegal por ser menor de edad.
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En el 2010, Elvia Junieth habría quedado embarazada, supuestamente producto de la relación con el dictador, y es a raíz de ese embarazo que el abogado y hermano de la muchacha decide iniciar las denuncias del caso, primero ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y ante la propia Presidencia de la República. Además el caso se hace público, y es cuando Santos Sebastián empieza a sufrir represalias mientras su hermana, ya en el 2011, da a luz a una niña, que supuestamente sería hija biológica del tirano.
Aunque Santos Sebastián continuó su trabajo como abogado litigante y notario, siguió denunciando amenazas de todo tipo, y hasta llegó a advertir que podría ser víctima de un montaje judicial para llevarlo a la cárcel y acabar con su vida en prisión.
Efectivamente, en 2013, el jurista fue acusado por la funcionaria estatal, que trabajaba como defensora pública, Lucila Narcisa Cortez García, de «violación agravada». Flores Castillo fue apresado, sometido a un proceso judicial acelerado y ese mismo año fue condenado a 15 años de cárcel, que, según la sentencia, debía cumplir en el Centro Penitenciario La Modelo.
Torturas, vejaciones y tratos inhumanos
Los familiares de Santos Sebastián aseguraron en todo momento que su pariente fue encarcelado «injustamente» por haber defendido a su hermana.
En reiteradas ocasiones, tanto la madre del abogado como él mismo, señalaron ante el CENIDH los malos tratos y torturas a los que estaba siendo sometido.
En una carta al CENIDH, Flores Castillo relató detalles de las torturas que sufría en la prisión y calificó de «venganza» su sufrimiento por haber denunciado el abuso sexual de Ortega contra su hermana.
«Ya no aguanto estas torturas y este encarcelamiento injusto (…) Responsabilizo a Daniel Ortega de cualquier cosa que me suceda en esta prisión o en cualquier lugar de Nicaragua», dijo el prisionero en la carta enviada al organismo de derechos humanos.
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Entre las torturas denunciadas se cuenta incluso el abuso sexual contra el abogado, a manos de reos comunes y con conocimiento de los guardias penitenciarios que no hicieron nada por protegerlo.
Asimismo, le limitaron al mínimo posible los alimentos, el agua para tomar, el acceso a atención médica y medicamentos.
A pesar de todo el sufrimiento al que fue sometido el abogado, nunca se retractó de la acusación contra Ortega. Mantuvo su señalamiento hasta el final. Perdió la vida mientras seis de sus hermanos tuvieron que abandonar el país para ponerse a salvo de las represalias del dictador.