Control sobre remesas es «terrorismo de Estado», nada tiene que ver con el GAFI, ni prevención de lavado

El control «hecho Ley» que ha iniciado la dictadura Ortega-Murillo sobre el envío de remesas a Nicaragua es realmente un mecanismo más de represión y una acción de «terrorismo de Estado», que no tiene nada que ver con los principios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para el control del lavado de activos, advirtieron analistas consultados por Artículo 66.

La dictadura de Nicaragua ha iniciado un proceso de reformas a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977) y a la Ley 976 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para extremar las medidas de control y vigilancia a las agencias que trabajan con remesas y sus clientes.

Como parte de esa red de control y espionaje sobre la población nicaragüense que recibe envíos de dinero desde el extranjero, ahora la UAF exigirá, de conformidad con la Ley reformada, información detallada sobre las remesas, el que envía y la persona que recibe el dinero, además podrán ordenar la inmovilización de los fondos y reportar a emisores o receptores a la Policía y a la Fiscalía.

Las agencias de remesas fueron amenazadas dentro de la iniciativa que, de negarse a brindar este tipo de información, la UAF podrá imponer sanciones administrativas y penales contra los gerentes y directores de las remesadoras. Las empresas operadoras de remesas quedan entre la dictadura y la pared.

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Para la presidenta de la organización Nicaragüenses en el Mundo y activista de derechos humanos, Haydee castillo, la dictadura Ortega-Murillo «con sus reformas al marco legal lo único que pretende es darle cierta aparente legalidad a toda su arbitrariedad», para controlar el dinero que entra a Nicaragua vía remesas y espiar a los que lo reciben.

«Este régimen vive con un pánico, con un terror de que el pueblo de Nicaragua se organice, tenga medios para un actuar autónomo, independiente, ejercer su ciudadanía sus derechos que por ley le corresponden», señala la activista quien sostiene que la dictadura reconoce que las remesas ayudan a la población a ser independiente.

Castillo analiza que el régimen de Nicaragua pretende que el pueblo no pueda tener acceso a nada que no esté bajo el control de los órganos represivos.

«En el caso de las remesas, ellos temen que los recursos que llegan de afuera pueda fortalecer a la población en su ejercicio de ciudadanía, entonces por un lado puede ser un mecanismo de persecución política, de control social y de terrorismo de Estado como hasta ahora lo ha hecho», advierte la activista exiliada y desnacionalizada por la dictadura.

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En tanto, otro analista, que por razones de seguridad pidió mantener su identidad en reserva, sostiene que las reformas a las leyes que tienen que ver con el lavado de activos no es más que la confirmación de que los tiranos utilizan la Ley como «instrumento, no para mejorar un sistema financiero y no para mejorar los mecanismos de prevención de lavado o de seguimiento, de penalización de lavado de activos, sino como para instrumentalizar leyes para mantener un control y un mecanismo de represión en contra de la ciudadanía, nicaragüense».

El analista reconoce que el lavado de dinero y el crimen organizado en ese sentido, hace mucho mal en el país, sin embargo, critica que la dictadura no está realmente preocupada por eso, sino por el control de la información, sobre los datos de las personas tanto que envían las remesas como aquellos que reciben.

«Ese es uno de los primeros objetivos», dice la fuente y basa su análisis en que, según considera, el Gobierno está pensando que las remesas son un mecanismo de «alimentación de lo que ellos han llamado todas las acciones de sociedad civil o de ciudadanos en particular que están generando oposición aquí a lo interno del país, entonces piensan que este ha sido un mecanismo para alimentar eso y quieren generar un control, conocer información de quién envía, quién recibe y cuánto recibe».

Otro objetivo que persigue la tiranía, según el analista, es generar pánico entre los beneficiarios de las remesas, «generar miedo, crear zozobra entre las familias».

No hay interés en luchar contra la corrupción

El experto anónimo sostiene que la sed de control de la dictadura sobre el dinero que entra al país tampoco tienen nada que ver con la lucha contra la corrupción, muy por el contrario, lejos de de generar una transparencia gubernamental, lo que quieren es obtener información privada de las personas naturales que son las que intervienen en las remesas.

Lo peor es que las remesadoras estarían obligadas por Ley a suministrar toda esa información al Estado. «Es una forma de represión», dijo.

Esas reformas no tienen nada que ver ni contra la corrupción ni en la lucha contra el lavado de activos, sino simplemente con la represión, insiste la fuente, pues «en las evaluaciones que ha hecho el GAFI u otros organismos internacionales en relación a los mecanismos de prevención (de lavado de activos), las remesas, nunca se ha hablado de que sea un talón de Aquiles».

«En el caso de Nicaragua nosotros tenemos los mecanismos básicos que están estandarizados en el mundo. El control de remesa ya se sale de la norma y los estándares internacionales. Bueno, porque el objetivo no es realmente mejorar los mecanismos de prevención, sino ya sabemos y ya lo mencioné (represión)», insistió el analista.

Mientras que Donald Muñoz, de la organización Asociación Cívica por la Democracia, coincide en que las reformas a las leyes relacionadas con el lavado de activos son un mecanismo de represión por parte de la dictadura contra la población.

«Simplemente es ampliar el control que tiene Ortega sobre las transacciones financieras y esto incluye las remesas, porque al final lo que ellos intentan es fortalecer sus mecanismos legales para poder monitorear y perseguir cualquier actividad financiera que consideren sospechosa o que esté relacionada con opositores políticos», advierte Muñoz.

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El activista opositor exiliado recordó que Ortega ha implementado una serie de leyes que ha venido coartando las libertades de la sociedad civil y de los ciudadanos que, de alguna manera, han participado en las protestas.

«Esto, (las leyes) lo han utilizado para acusar a las personas de terrorismo contra el Estado y especialmente lo hacen porque andan persiguiendo fuentes de financiamiento, porque ellos aducen de que hay fuentes de financiamiento para desestabilizar al gobierno, entonces simplemente buscan mejorar sus mecanismos de control para poder enjuiciar, apresar o reprimir a los manifestantes o a las organizaciones de sociedad civil y obviamente esto incluye la posibilidad de incautar (confiscar) bienes».

Finalmente, el opositor sostiene que Ortega quiere controlar las remesas porque representan una fuente significativa en el ingreso para muchas familias nicaragüenses y esto tiene un impacto real y significativo en la economía del país.

«El gobierno lo que está haciendo es monitorear y restringir el flujo de dinero que podría estar vinculado a movimientos de oposición, a personas activistas, periodistas o actividades que ellos perciban como una amenaza para su poder. Busca ejercer presión política sobre personas específicas y sus familias», concluyó el exiliado.