Dictadura sandinista aprueba ley para vigilar a quienes envían y reciben remesas en Nicaragua

El parlamento controlado por el orteguismo aprobó la reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977), la cual obliga a las agencias de remesas a entregar información sobre sus clientes y los beneficiarios en Nicaragua.

Con 91 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, la asamblea sandinista aprobó la reforma a la Ley Ley 977 que faculta a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a solicitar información personal sobre los nicaragüenses en el extranjero que envíen remesas y sus familias (beneficiarios). La Iniciativa de reformas a la Ley Contra el Lavado de Activos fue presentada por la diputada María Auxiliadora Martínez.

El diputado sandinista Carlos Emilio López afirmó durante el plenario que los que se oponen a la reforma de la Ley 977 «es porque lavan dinero por medio de empresas, asociaciones, sociedades, fundaciones u otro tipo de actividades comerciales aparentemente lícitas pero que en realidad son fachadas».

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López asegura que la reforma posicionará a Nicaragua en la punta de lanza del combate a la delincuencia internacional «al aprobar esta reforma jurídica como un país líder, un país modelo, un país ejemplo en el combate al terrorismo internacional». Ya la aplanadora sandinista había aprobado una reforma a dicha ley en 2023, en la que se obligaba a las agencias a presentar detalles de aquellas remesas superiores a 500 dólares.

Polícia sandinista y Fiscalía manejarán datos de clientes y sus beneficiarios

Esta modificación a la Ley 976 ordenada por el régimen orteguista permitirá también crear perfiles de los emisores de remesas y a los beneficiarios dentro de Nicaragua, congelar dinero de manera expedita y reportar a la Policía y a la Fiscalía a aquellos que el régimen considere «sospechosos».

En el artículo 9 referido a los «sujetos obligados», la Ley mandatará a las agencias brindar información sobre sus clientes a la UAF «sin poder aducir reserva o sigilo de tipo alguno», por lo que a partir de ahora el Estado puede ordenar la inmovilización de los fondos o activos de personas naturales, personas jurídicas u organizaciones.

Dentro de las modificaciones que impondrá el gobierno de Ortega a las agencias están implementar sus programas de prevención de riesgos para todo el Grupo, incluyendo a todas sus sucursales, subsidiarias, filiales de propiedad mayoritaria y oficinas de representación en el extranjero.

En caso de negarse, la iniciativa advierte que las agencias, gerentes y directores de las agencias de remesas, serán sancionadas administrativa y penalmente por la UAF, «en especial, los que se niegen al proceso de identificar al cliente y al beneficiario final».