El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sigue «en picada» según datos arrojados por la última encuesta de CID Gallup que afirman que el partido del dictador nicaragüense, Daniel Ortega, cuenta solo con un 12% de respaldo entre la población en 2024. En 2016 y según la misma firma, el partido tenía una simpatía del 54% la que descendió a 23% en 2019 y en septiembre del 2021 llegó a un 8%.
La encuesta telefónica, realizada en mayo pasado, preguntó a los nicaragüenses: «¿Cuál es su partido político preferido?» Un 80% respondió que ninguno y solamente el 12% contestó que el Frente Sandinista y el 8% dijo otros partidos. En 2023, el gobierno de Ortega fue desaprobado por el 56% de los nicaragüenses, y sólo el 16% expresó su simpatía por el partido FSLN.
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Los datos de la encuestadora confirman el descontento de los ciudadanos nicaragüenses con un rechazo al gobierno sandinista durante los últimos tres años, con los picos negativos más altos en 2022 y 2023 con sendos 58% y 57%. En la misma encuesta, Ortega pasó de un apoyo del 38% a un 34% en el país.
El relevo de la dictadura y su heredero es otro tema que aborda la encuesta arrojando el descontento en la población contra una dinastía dentro de Nicaragua y que al contrario rechaza la forma de gobierno represiva y violatoria contra los derechos humanos fundamentales para los nicaragüenses que no apoyan la gestión de Ortega-Murillo.
El Parlamento, controlado por el orteguismo, aprobó la reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977), la cual obliga a las agencias de remesas a entregar información sobre sus clientes y los beneficiarios en Nicaragua.
Con 91 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, la asamblea sandinista aprobó la reforma a la Ley Ley 977 que faculta a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a solicitar información personal sobre los nicaragüenses en el extranjero que envíen remesas y sus familias (beneficiarios).
La Iniciativa de reformas a la Ley Contra el Lavado de Activos fue presentada por la diputada María Auxiliadora Martínez.
El diputado sandinista Carlos Emilio López afirmó durante el plenario que los que se oponen a la reforma de la Ley 977 «es porque lavan dinero por medio de empresas, asociaciones, sociedades, fundaciones u otro tipo de actividades comerciales aparentemente lícitas pero que en realidad son fachadas».
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Esta modificación a la Ley 976 ordenada por el régimen orteguista permitirá también crear perfiles de los emisores de remesas y a los beneficiarios dentro de Nicaragua, congelar dinero de manera expedita y reportar a la Policía y a la Fiscalía a aquellos que el régimen considere «sospechosos».
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) recomienda a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo iniciar, desde ahora, un proceso de reformas legales tanto en materia electoral como penal, para garantizar en el 2026 unas elecciones libres, con observación internacional y bajo estándares democráticos internacionales como una oportunidad para poner fin a la crisis política y social que vive el país desde 2018.
El próximo nueve de septiembre, OACNUDH presentará ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, que abarca desde junio de 2023 hasta junio de 2024, y en él se denuncia que el régimen de Managua continúa perpetrando graves violaciones a los derechos fundamentales de los nicaragüenses.
Entre los aspectos que destaca el informe se lee el agravamiento de la represión que incluye persecución política y religiosa, secuestros, desapariciones forzadas, cárcel, destierros, torturas crueles y «sufrimiento extremo» infligido a opositores y familiares, incluyendo niños.