La cacería que ha perpetrado la dictadura Ortega Murillo contra la Iglesia católica de Nicaragua nuevamente queda grabada en las cifras. La abogada Martha Patricia Molina, a través de la quinta entrega de su sistematización «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?», reveló que desde abril de 2018 hasta julio de 2024, el régimen de Nicaragua ha perpetrado 870 agresiones contra la institución religiosa.
La investigadora y defensora de derechos humanos apuntó que entre las agresiones se incluyó el exilio forzado de 245 sacerdotes, religiosas, seminaristas, diáconos y obispos.
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Además, detalló que entre esos 245 personas que salieron de Nicaragua se sumó 46 destierros, ordenados por la dictadura Ortega Murillo contra sacerdotes, obispos y seminaristas; 90 expulsiones, 81 correspondientes a religiosas; 44 prohibiciones de ingresos, 10 de estos de religiosas; y 65 exilios forzados.
Entre enero y julio de este año, explicó la abogada nicaragüense, se registraron 50 de estas salidas que corresponden a exilios, destierros, expulsiones y prohibiciones de ingresos contra sacerdotes, obispos, seminaristas y religiosas.
La líder opositora María Corina Machado y el candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, rechazaron la propuesta de nuevas elecciones en Venezuela hecha por Brasil y Colombia ante la crisis generada por la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.
«Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio para mí es una falta de respeto a los venezolanos que lo han dado todo (…) la soberanía popular se respeta», dijo Machado en una conferencia virtual con medios chilenos y argentinos, tras ser consultada sobre la sugerencia de Luiz Inácio Lula da Silva.
«Las elecciones presidenciales en Venezuela se realizaron el pasado 28 de julio y las ganaron abrumadoramente Edmundo González Urrutia», reaccionó en X el candidato opositor, que defiende haber ganado la elección con un 63% de los votos y denunció fraude.
El mandatario brasileño sugirió más temprano que Maduro podría convocar nuevas elecciones para despejar las dudas sobre los resultados que le dieron la reelección para un tercer período de seis años en los comicios del pasado 28 de julio.
Su par colombiano, Gustavo Petro, coincidió momentos después.
Se cumple un año desde que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó el cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua.
La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, orden jesuita que administraba dicha universidad, denuncia la incautación injustificada de propiedades, centros de investigación, bibliotecas y recursos económicos del alma máter.
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«La confiscación de esta universidad ha causado un “invaluable” daño al patrimonio científico y cultural de Nicaragua, afectando gravemente el derecho a la educación de miles de jóvenes.
La libertad de cátedra ejercida por cientos de docentes, a los derechos laborales de todo el personal y el derecho a la propiedad que tiene dicha organización religiosa», así lo remarca la Compañía jesuita a través de un comunicado emitido el 15 de agosto.
Para los jesuitas, esta agresión forma parte de un contexto de «represión sistemática» que continúa en Nicaragua, en el que «cualquier persona o institución que resulte sospechosa de no estar de acuerdo con el régimen» es atacada.
En el documento publicado, los religiosos resaltan que dichas violaciones han sido calificadas como «crímenes de lesa humanidad» por el organismo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
